La concordia entre Bergoglio y Cristina Kirchner se firma sobre el cuerpo de las mujeres. Por ejemplo, sobre el de las jujeñas, en cuya provincia “se duplicó la muerte materna durante 2006. Sólo en el Hospital Soria hubo 1.500 operaciones para salvar a víctimas del aborto ilegal” (Clarín, 24/6). Un dato irrelevante para la presidenta electa, que “ordenó a la Cámara de Diputados dejar vencer el 10 de diciembre todos los proyectos sobre regulación del aborto o salud reproductiva”. La lista incluye “media docena de reglamentaciones al aborto terapéutico o por violación de menor discapacitada y hasta versiones de autorización para distribución de la píldora del día de después” (Ambito Financiero , 26/11).

Las reglamentaciones pretendían bloquear la intromisión judicial en los casos de abortos no punibles (art. 86 del Código Penal). Los médicos “se niegan a practicarlos por el temor de que alguna asociación cercana a la Iglesia les inicie alguna acción penal que los tenga en vilo por años”. Como el gobierno “quiere desandar el camino de desencuentros con ese jefe de la oposición que fue el cardenal Bergoglio” ofrece “la primera prenda de paz: todos esos proyectos molestos desaparecerán de la agenda legislativa” (ídem).

El socialista Hermes Binner está en línea. Salió a desmentir enfáticamente a su designado ministro de Salud, Miguel Cappiello, que se había pronunciado en favor de la legalización y comprometido a que “en ningún hospital de Santa Fe va a ser denunciada una mujer que llegue con un aborto en curso” (La Nación, 21/11): “Él habla de despenalizar el aborto que está despenalizado por Ley”, dijo el ridículo Binner antes de presentar sus respetos al obispo Stanovnick (Sin Mordaza, 20/11). En Santa Fe, el 25 por ciento de los partos corresponde a adolescentes de entre 11 y 19 años.

El gobierno no puede ocultar el aumento de las muertes por aborto clandestino. Ginés González García reconoció ante la OMS que durante su gestión “tanto la mortalidad materna en general como la que se debe al aborto crecieron levemente” (La Nación, 12/10). Sin embargo, el jefe de Terapia Intensiva de la Maternidad Sardá, José Luis Golubicki, calcula que “mueren más de 2.000 mujeres al año por abortos clandestinos mal realizados” y “en todos los casos son las mujeres pobres, analfabetas, que no acceden a información sanitaria y viven en zonas rurales o alejadas de la atención médica calificada” (Clarín, 22/8). Nadie lo desmintió. Ni siquiera la coordinadora de la Campaña por el Aborto Legal, Dora Codelesky, que opina que “ahora, más que las católicas, el problema en los Encuentros de Mujeres son los partidos de izquierda” (Le Monde Diplomatique, noviembre).

Con tantos amigos, la Curia está envalentonada: “dicen percibir una ‘creciente ofensiva contra la vida humana’”. Ponen como ejemplo la reglamentación de los abortos no punibles en La Pampa y la ley de “muerte digna” (que reconoce a los enfermos terminales el derecho a rechazar que se les prolongue artificialmente la vida) de Río Negro. “En ambientes eclesiales no descartan hacer una campaña, similar a la de agosto de 2006, para concientizar a los argentinos de que el aborto es ‘un crimen abominable contra una persona inocente’” (DYN, 2/12).

Hay que organizar cientos de comisiones por el aborto legal en todo el país, capaces de doblarle el brazo al cardenal, a su encumbrada feligresa, a los gobernadores socialistas y a todos los vendedores/as de piedritas de colores.