El mismo día en que la ley de aborto, seguro y gratuito obtenía la sanción de la Cámara de Diputados, un grupo de clínicas privadas anunciaron públicamente su rechazo a la ley y reclamaron que la misma incorpore la “objeción de conciencia institucional” para permitirles no cumplir con ella. El comunicado fue firmado por la Casa Hospital San Juan de Dios, las clínicas Bazterrica, del Sol, San Camilo, Santa Isabel, la Fundación Fleni, el Hospital Universitario Austral,la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y el Sanatorio Mater Dei. “La Ley que se ha propuesto”, dicen estas instituciones, “obliga a todo establecimiento sanitario, también privado, incluso confesional, a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo. Al mismo tiempo, prohíbe toda objeción basada en el ideario fundacional de algunas de nuestras instituciones”.

La ley en tratamiento contempla la objeción de conciencia individual que permite a un médico negarse a la realización de los abortos invocando creencias personales. Al mismo tiempo, establece la obligación de todas las instituciones de salud a realizar esta práctica sanitaria y prevé sanciones para las autoridades que no garanticen su cumplimiento en el hospital que dirigen y para la propia institución. Las instituciones clericales que suscriben el comunicado se quejan de que la norma, que ya cuenta con media sanción, “pone enormes trabas al ejercicio del derecho humano a la objeción de conciencia, y además niega la actuación en conciencia del profesional objetor al aborto cuando se ´requiera atención médica inmediata e impostergable´. Es una redacción confusa, que abre las puertas a sanciones y presiones sobre el juicio médico, y anula la real objeción de conciencia. Si un profesional piensa que una decisión determinada implica la supresión de una vida por acción u omisión, como medio o como fin, tiene derecho a abstenerse por completo de participar”.

La introducción misma de la objeción de conciencia individual en el texto del proyecto implica una concesión a la Iglesia y a estas patronales clericales, que harán valer su condición sobre los médicos que ingresan a trabajar en la institución. Será una objeción de conciencia impuesta. Desde hace años que el sanatorio Mater Dei obliga a sus médicos a suscribir una “declaración de aceptación” de sus principios confesionales y a excluir de su labor las “prácticas que no se realizan” en el sanatorio por decisión de su conducción. Entre estas figuran, no sólo cualquier forma de interrupción del embarazo, sino también aquellas “prácticas quirúrgicas que alteren la fertilidad natural de la pareja”, como ligadura de trompas y vasectomía, y todo proceso de fertilización asistida. La “objeción de conciencia institucional” se practica de facto en las clínicas y sanatorios que dirige la Iglesia, incluyendo los casos de abortos no punibles contemplados en la legislación vigente hasta ahora.

La extorsión de las clínicas privadas va aún más allá, porque sostiene que quiere “cuidar la salud de los argentinos como viene haciendo hasta ahora […] de acuerdo a sus idearios particulares”. Ponen de relieve que hasta ahora han decidido independientemente de la ley vigente de qué manera tratar a quienes se atienden allí, actuando como un Estado (clerical) dentro del Estado argentino. Más que como hospitales, trabajan como monasterios. Las negativas a respetar el aborto no punible bajo la objeción de conciencia se traduce en violencia física y psicológica de las mujeres que solicitaban o les correspondía este derecho: revictimizaciones a mujeres violadas o con problemas de salud a quienes los embarazos pusieron más en riesgo y en algunos casos hasta las llevó a la muerte. Los “principios doctrinarios” de estos chupacirios encubre en muchos casos, además, un alto nivel de hipocresía: como denunció una concejal santafecina en las audiencias realizadas en el Congreso antes del tratamiento del proyecto, los mismos jefes médicos que se declaran objetores de conciencia en los hospitales luego cobran por realizar los abortos de manera clandestina en sus consultorios.

Derecho a la salud

De acuerdo a lo que prevé el proyecto que tratarán los senadores, una mujer que desea realizarse un aborto tiene el derecho a hacerlo en cualquier hospital público o que atienda en su obra social o prepaga. No debe existir ningún tipo de reparo para esta práctica como no existe con ninguna otra.

Sin embargo, se presenta una situación sumamente grave, porque gran parte de estos hospitales y otros tantos confesionales son ofrecidos por las obras sociales en sus cartillas de prestadores. Las mujeres trabajadoras, que no acceden a tratamientos pagos, quedan a merced de clínicas que les niega el cumplimiento de sus derechos, desde el aborto (no punible) hasta la propia entrega de anticonceptivos. Se ha descripto hasta el cansancio el maltrato y la violencia al que son sometidas las mujeres en las instituciones de salud cuyos libros de bioética se basan en la Biblia.

Por otra parte, en los hechos, el trabajo de los profesionales de la salud en los hospitales, centros de salud, salitas, etc., es manejado de acuerdo a la opinión de los jefes médicos, que controlan y dirigen todo lo que sucede en su sector, situación que se fomenta por la ausencia de derechos laborales y la precariedad en la que trabajan residentes, médicos y enfermeros. Por eso, es aún más necesario desnudar esta “objeción de conciencia” que viene siempre desde arriba y enfrentar las presiones políticas que la Iglesia ejerce amenazando con la insubordinación al cumplimiento de esta ley, que, de aprobarse, será un indiscutible triunfo popular y una conquista en favor de la salud, la vida y la autonomía de las mujeres.

Con estas declaraciones, que fueron simultáneas a las declaraciones del Papa, que el fin de semana asimiló el aborto legal al exterminio nazi, la Iglesia coloca una enorme presión sobre el debate que aún debe completar el Congreso, y adelanta las luchas que el movimiento de mujeres deberá atravesar para garantizarse, contra el lobby clerical, el cumplimiento de este derecho. Debemos ser las mujeres movilizadas quienes volvamos a derrotar las operaciones del Vaticano.

Ha sido el Estado “de derecho” el que les ha permitido incumplir sistemáticamente con el aborto no punible y manejar la atención de salud (así como la educación) con preceptos clericales. La conquista del aborto legal se muestra como nunca como una enorme pelea, en pleno siglo XXI, por la separación real de la Iglesia y del Estado y que depende absolutamente de la fuerza de nuestra movilización.

Redoblemos la movilización por la sanción definitiva de la ley y su implementación efectiva en todos los hospitales y clínicas del país.