En las últimas jornadas la cuestión de la legalización del aborto ha ganado espacio mediático, colocándose como tendencia a nivel país. Las manifestaciones públicas de personas mediáticas como Jorge Rial y Eduardo Feinmann dispararon la polémica entre defensores y detractores.

En la encuesta lanzada por el periodista Eduardo Feinmann desde su cuenta en Twitter, sobre 150.000 votos se impuso con el 79% una mayoría a favor del aborto legal, seguro y gratuito, sobre el 16% que no lo aprueba. En Córdoba la encuesta realizada recientemente por la consultora Gustavo Córdoba y Asociados arrojó que el 65,7% de la población provincial cree necesaria una ley de aborto (La Voz del Interior, 3/2). Ese porcentaje prácticamente no varía entre quienes se definen católicos, e incluso con un 49,4% de los encuestados que entienden a la práctica como un “atentado a la vida”, prima el entendimiento de que su legalización, junto a la educación sexual y la anticoncepción gratuita, es necesaria para terminar con el flagelo del aborto clandestino que produce la muerte de cientos de mujeres.

Reclamo

En efecto, en Argentina se practican medio millón de abortos al año. Entre 50 mil y 100 mil mujeres son internadas por causas relacionadas con abortos clandestinos y esta es la primera causa de muerte materna en el país, fundamentalmente entre las de extractos humildes. Por esta razón el destape de adhesiones a favor de su legalización tuvo manifestación, mucho antes que en encuestas y medios, en las calles, en las multitudinarias marchas de mujeres que junto al reclamo de #NiUnaMenos levantan la triple consigna de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir, como una de la principales demandas del movimiento.

Es evidente la fuerte contradicción entre lo que demanda el movimiento y lo que el gobierno está dispuesto a conceder. A 11 años de la primera presentación del proyecto de ley de la Campaña Nacional del Aborto Legal, los sucesivos gobiernos han desoído este reclamo vital para las mujeres negando su tratamiento en el Congreso, y demostrando que no hay “grieta” a la hora de sostener la injerencia de la iglesia en las políticas educativas y de salud pública. En Córdoba el derecho al aborto no punible no se aplica desde el año 2012, por un Recurso de Amparo presentado por el Portal de Belén -organización civil ligada a la Iglesia- sobre el que el Tribunal Superior de Justicia todavía no se expide –pese a tratarse de un proceso violatorio del fallo FAL 2012 emitido por el máximo órgano jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Dominación social

La negativa común de gobiernos y bloques mayoritarios no solo responde a que privilegian los compromisos con la Iglesia católica por sobre la vida de las mujeres, sino también a que la clandestinidad del aborto constituye una herramienta fundamental de dominación social que faculta el tutelaje del Estado en la decisión de la mujer sobre su propio cuerpo y la imposición del rol excluyente de la maternidad como mandato social. El avance de la criminalización de mujeres pobres por abortos clandestinos se conjuga con todas las otras formas de violencia, entre ellas el trabajo no registrado, la precarización laboral, salarios por debajo de la canasta familiar, la ausencia de las más elementales garantías laborales de género, el déficit habitacional, etc; todas condiciones materiales que afectan principalmente a las mujeres y que son impuestas por el mismo régimen político que luego persigue y criminaliza. Es un mecanismo pérfido que además busca amedrentar a un movimiento de mujeres en ascenso que pugna por la legalización.

En un cuadro de fuerte ajuste el reclamo de legalización se agudiza, imponiéndose en la agenda política y mediática. La ausencia de mención sobre el punto en las plataformas electorales de partidos políticos que gobiernan está en línea con el accionar de los diputados cuyos bloques en el Congreso niegan el tratamiento. El movimiento de mujeres, con sus propios métodos y medios, está librando el debate que los gobiernos por diferentes razones se niegan a dar, y no resulta casual que esté ganando la pulseada en cuanto a las adhesiones. El próximo 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, por segunda vez las mujeres coparemos las calles en un gran Paro Internacional de Mujeres, por el aborto legal seguro y gratuito, y por todos nuestros reclamos.