En el día de ayer, Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, anunció a través de Twitter la adhesión de la provincia al Protocolo Nacional de Interrupción Legal del Embarazo y de esta manera derogó el Decreto 1170, uno de los más restrictivos en el país.

 

Esta conquista es, sin dudas, un fruto de la lucha inclaudicable del movimiento de mujeres salteño que batalló en las calles y en el parlamento por el acceso pleno al Aborto No Punible en la provincia, donde cientos de niñas son arrojadas a una maternidad forzosa y que son una y otra vez re-victimizadas por el Estado, mostrando la verdadera cara del gobierno de Urtubey.

 

En su anuncio, el gobernador plantea que “la decisión establece la conveniencia de evitar cualquier contradicción de normas o reglamentos que impidan que la toma de decisión de las víctimas pueda ser tomada sin plena libertad”, pero no es lo que ha sostenido durante 6 años con su Decreto 1170/12. El decreto ha sido una verdadera carrera de obstáculos para acceder al aborto no punible.

 

En el año 2012, frente al Fallo de la Corte Suprema de Justicia que precisó los alcances del aborno no punible, el gobernador declaró que en Salta no se lo iba a garantizar. Pero días más tarde, por el fuerte rechazo que esto causó, armó el decreto 1170, aunque a medida del Opus Dei, es decir para que la práctica no se garantice, excepto “si la mujer que lo solicita tiene una autorización firmada por un juez”.

 

El decreto 1170 fue elaborado para darle la intervención a una Justicia completamente tutelada por la Iglesia Católica, que en varias ocasiones tuvo una intervención nefasta de jueces y fiscales avanzando con medidas cautelares contra los médicos que se aplicaron a derecho. La intervención del Ministerio Público, obligatoria para acceder a la práctica, ha servido como lugar de desaliento,  culpabilización de las víctimas e impulsado la maternidad en niñas de manera exponencial. Solo en la Maternidad Central de la provincia, en 2017, se registran 40 partos de niñas de entre 10 a 14 años.

 

En ese sentido, las bancadas del Partido Obrero han sido un instrumento al servicio de esta lucha. Desde el momento del anuncio del decreto, hemos planteado la necesidad de derogarlo en el Senado con Gabriela Cerrano, luego en la Cámara de Diputados. Dos días antes del anuncio del gobierno, ante una concentración frente a la legislatura provincial, la totalidad de los bloques en Diputados, incluido el PJ y el kirchnerismo, no quisieron dar dictamen al Proyecto del Partido Obrero.

 

Entonces, lo que obligó a Urtubey a recular es el caso aberrante de la niña de 10 años, obligada a gestar un embarazo producto de una violación, que conmocionó la opinión pública en Salta y a nivel nacional, por un lado. Y, por el otro, el enorme ascenso de lucha de las mujeres salteñas, que en el último tramo sumó a artistas y secundarios en la lucha.

 

Esta victoria del movimiento de mujeres es un verdadero golpe al clericalismo, como el de Urtubey. Revela las enormes potencialidades del movimiento de mujeres, que golpea con su potencia la estructura y las bases de un régimen misógino, de explotación y barbarie oscurantista. Frente al cual, el gobierno debe maniobrar para evitar que la lucha vaya más lejos. Por eso, el ahora “presidenciable” busca mostrarse con capacidad de maniobrar frente a un movimiento de mujeres en ascenso, que va ganando la simpatía popular. En esta misma línea es que hace semanas planteó estar de acuerdo con “despenalizar” el aborto en Argentina.

Esta crisis que se abre en el gobierno de Urtubey, permite una nueva oportunidad para la lucha por nuestras reivindicaciones. Redoblemos la campaña entre los trabajadores, entre la juventud, entre los artistas y en los barrios en este último tramo de las audiencias en el Congreso.

 

Este lunes, el bloque del Partido Obrero presenta su Ley de Educación Sexual, Científica y Laica en todas las escuelas públicas de la provincia. La victoria contra Urtubey y la Iglesia en Salta es un fuerte impulso para la conquista del aborto legal en todo el país, por la educación sexual, científica y laica en las escuelas, el acceso a los anticonceptivos y la separación de la Iglesia del Estado.