La semana pasada, una resolución del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informaba de la adhesión al Protocolo de Aborto No Punible de 2015, elaborado sobre la base del fallo FAL de 2012 de la Corte Suprema, que clarificó la interpretación del artículo 86 del Código Penal y prohibió interponer obstáculos burocráticos y/o judiciales para el acceso al ANP. El fallo obliga a las provincias a establecer protocolos que vehiculicen la atención en los centros de salud públicos a toda mujer que solicite un aborto dentro de los causales legales, sin más requerimiento que la solicitud de la mujer. En caso de violación, establece que no es necesaria la denuncia policial o judicial para dar por válido el pedido y se impugnaba la objeción de conciencia institucional. A pesar de que esta disposición de la Corte lleva 4 años, durante el gobierno de CFK sólo ocho provincias adhirieron formalmente al protocolo. Durante las últimas horas se creyó que se sumaba la provincia de Buenos Aires. Sin embargo la decisión desató una crisis dentro del propio gabinete de la gobernadora Vidal y la hizo retroceder en su decisión.

Pacto con el Vaticano

La avanzada clerical tuvo protagonistas concretos que integran el gobierno de Vidal. El primero en mostrar fuertemente su desacuerdo fue el ministro de Producción, Joaquín de la Torre, conocido militante “pro-vida”, al igual que su padre, ex rector de la Universidad Católica Argentina. Luego, Julio Comte Grand, Secretario de Legal y Técnica y militante del Opus Dei, también hizo público su desacuerdo. La Asociación Familias por la Paz sacó un comunicado llamando a Cambiemos abiertamente a retroceder en la medida: “El cambio debe iniciarse en el respeto a la propia vida del hombre, si no ¿de qué cambio hablamos?” reza una parte de la carta, en la también citan a Francisco para recordarle a Macri y Vidal que no pueden sacar los pies del plato.

La excusa oficial fue que Zulma Ortiz, la ministra de Salud provincial, “se había cortado sola”, en referencia a que ni Vidal ni el gabinete estarían de acuerdo con su decisión (Infocielo, 19/10).

Crisis política

Las movilizaciones populares masivas del #NiUnaMenos del 3 de junio, las marchas por la Libertad para Belén y el último paro de mujeres del 19 de octubre colocaron en la agenda política el fin de la violencia y los femicidios y todas las reivindicaciones históricas del movimiento de la mujer, como la del derecho al aborto.

Luego del repudio que recibió por desmantelar la Dirección de Políticas de Género, la línea de ayuda telefónica que allí funcionaba y por cerrar los pocos albergues para mujeres violentadas que funcionaban en la provincia, al inicio de su gestión, el gobierno de Cambiemos anunció un plan nacional contra la violencia de género, con el que busca mostrar una iniciativa sobre la cuestión. También recurre –como lo hizo el kirchnerismo– a la cooptación, como en el caso de Fabiana Túñez, referente feminista de la Casa del Encuentro, que ahora preside el Consejo Nacional de la Mujer.

Esta línea busca darle una pincelada de género a un gobierno que con sus políticas no se hace más que agravar las condiciones de vida de la población trabajadora, particularmente de la mujer. Según los últimos datos del INDEC, el 25% de las jóvenes bonaerenses están desocupadas. Ha ocurrido lo mismo con la falsa adhesión al Protocolo de la ILE (Interrupción Legal del Embarazo) que, además, ha dejado a la ministra Ortiz al borde de la renuncia.

Impulsemos una gran campaña por la inmediata aplicación del Protocolo de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Provincia de Buenos Aires, que sólo será conquistada con una consecuente lucha del movimiento de mujeres contra los pactos del gobierno y la Iglesia, enemigos de nuestros derechos.

 

Foto: Javier Entrerriano