El jueves 12 las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Comunicación de Diputados dictaminaron un proyecto de ley para la “equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación de la República Argentina”, que venía con media sanción del Senado. Con este paso, el proyecto queda listo para convertirse en ley en una próxima sesión de la Cámara baja.

El tema ha sido tratado con premura en ambas cámaras, prácticamente de manera express. Seguramente ello obedece a la pretensión de poder jactarse de alguna medida progresista en un Congreso que no ha parado de votar gravosas leyes contra el pueblo –la última de ellas el Presupuesto 2021 de guerra contra la clase obrera redactado a la medida de las exigencias del FMI.

Se trata de una ley “low cost”, toda vez que el objetivo planteado no viene acompañado de medidas concretas que afecten a las patronales de los medios (sean públicos o privados), ni contempla erogación presupuestaria de ningún tipo. Por este motivo, nuestra diputada Romina Del Plá firmó el dictamen en disidencia –un recurso parlamentario para acompañar la aprobación de una ley, al mismo tiempo que se señalan los límites y críticas respecto de la misma.

La disidencia del Partido Obrero arranca señalando que “esta media sanción se fundamenta, no en los principios enunciados, sino en las medidas que no se toman para abrir una real posibilidad de cumplimiento efectivo de los mismos. La ‘promoción de la equidad en la representación de los géneros con una perspectiva de diversidad sexual’ en los medios de comunicación no se va a lograr por la mera enunciación de este principio en el texto de una ley, sino que deben atenderse las trabas que operan como un factor de discriminación de las mujeres y disidencias en el ámbito laboral de los medios”.

 

Lo que la ley no plantea

La única disposición concreta de la ley es la inclusión de un cupo del 1% de la planta laboral para la comunidad trans, atendiendo la necesidad de un colectivo que sufre una terrible marginalidad y condiciones de vida en extremo precarias. No obstante, para que ello pueda ser efectivamente una alternativa a la situación de prostitución y exclusión de todo tipo de oportunidad que sufren en su enorme mayoría las personas trans, deberían incluirse garantías salariales y de condiciones laborales, que brillan por su ausencia en el texto de la ley.

Es que la gran ausencia son los derechos laborales de las mujeres trabajadoras y las disidencias. La brecha salarial escandalosa que persiste, y que no es en absoluta ajena al mundo de los medios de comunicación, la falta de jardines infantiles en los lugares de trabajo, de licencias adecuadas por maternidad y paternidad, licencias por situaciones de violencia, son algunas de las medidas elementales y urgentes que el dictamen propuesto ignora olímpicamente.

Es decir que lo que verdaderamente importa no aparece ni tímidamente en esta ley. Y eso tiene una razón de ser, porque sus impulsores –el gobierno nacional y los bloques políticos patronales- son partidarios de una ofensiva en materia laboral contra la clase obrera, quieren avanzar con la reforma laboral que promueve el FMI para seguir liquidando conquistas y derechos laborales, como vienen haciendo hace décadas en materia de derechos laborales para el colectivo femenino.

Se establece que el  incumplimiento de la ley será sancionado con un “llamado de atención” o “apercibimiento”. La palabra sanción le queda grande, e incluso esta tímida formulación queda recluida únicamente al ámbito de las prestadoras estatales. Estamos ante una invitación a violar la ley en el propio ámbito público de gestión estatal. La exclusión del sector privado es una cortesía a las patronales de los medios de prensa privados, que son campeonas en materia de precarización laboral y vulneración de los derechos de los trabajadores. A eso hay que agregar que en nuestro país las inspecciones y controles por parte del Ministerio de Trabajo prácticamente no existen.

Para el ámbito privado la principal disposición se limita a la creación de un “registro”, con una serie de requisitos tan ambiguos que cualquier empresa puede manipular para obtener el “premio” de la asignación de publicidad oficial. Como suele hacer este Congreso, nos dicen que quieren proteger a un sector oprimido (en este caso, por su condición de género), y terminan traficando una nueva vía de subsidios a las patronales.

La equidad de género requiere enfrentar a las patronales

Como también señala nuestro dictamen en disidencia, “en los medios de comunicación se está produciendo una brutal ofensiva contra las y los trabajadores: tenemos despidos masivos y cierres fraudulentos sobre todo en el gremio de prensa, congelamiento salarial y el incumplimiento de los acuerdos paritarios, cuando no paritarias nulas o irrisorias, atropellos de todo orden a las condiciones de trabajo y a los derechos de organización gremial. No se le puede poner a esta brutal realidad un ‘barniz de género’ -con una ley que en gran medida se limita a formular una declaración de buenas intenciones- sino se toman medidas concretas para atacar estos problemas de fondo”.

La gestión capitalista de los medios de comunicación se orienta en un sentido contrario a la promoción de derechos, incluido el más elemental de la libertad de prensa y opinión. La real democratización de los medios y una organización de los mismos que se base en criterios de no discriminación y equidad para sus trabajadores y trabajadoras requiere terminar con la propiedad capitalista de los mismos.

La denigración de las mujeres y las disidencias, la concepción de inferioridad y su rol subalterno en esta sociedad, están en la base de un régimen social de explotación de la clase trabajadora. Lo que hace falta es tomar medidas que afecten los intereses de los capitalistas que quieren descargar la crisis con más miseria, hambre y opresión de las y los trabajadores.