Se dio a conocer que en las próximas horas la fiscal de la causa Paula Kelm elevará la causa a juicio en contra del militar de la Fuerza Aérea, Javier Carlos Galván, acusado del femicidio de Ivana Módica.

El caso es un reflejo de la lucha de una madre y una hija como principales impulsoras en la búsqueda de Ivana. Si no fuera porque éstas, acompañadas de amigas de Ivana y organizaciones de mujeres y diversidades, realizaron reclamos e hicieron visible en la prensa la situación, nada se habría resuelto.

Recordemos que la fiscalía de Cosquín, que actúa en la causa, está muy cuestionada por su trabajo en la zona. Puntualmente, en el caso de Cecilia Basaldúa, que pronto se cumplirá un año de su muerte, se elevó la causa a juicio sin terminar la investigación, con un acusado contra el que no existen pruebas y sin haber cuestionado siquiera a la última persona en ver con vida a Cecilia, Mario Mainardi. En el caso de Ivana, el acusado no fue detenido sino hasta una semana después de la  denuncia de la familia de la desaparición. Tuvo tiempo de sobra para eliminar elementos de prueba.

Es cuestionable cómo el sistema judicial usa el principio de inocencia de forma arbitraria, aplicando las garantías a favor de los agresores. Detrás de cada caso de femicidio, tenemos irregularidades en cuanto a detención de sospechosos, toma de pruebas, incluso en la búsqueda de una persona.

Es clara la necesidad de insistir en la creación del Consejo Autónomo de Mujeres y diversidades ante quien podamos recurrir y verdaderamente obtener ayuda y apoyo frente a la violencia. Pero, además, todo el poder judicial debe replantearse, siendo necesario en ambos casos que la población elija a los miembros y que el Estado garantice un presupuesto real para combatir la violencia.

Justicia por Ivana y por todxs lxs que nos faltan. El estado es responsable.