De aprobarse la reforma, será legalizada la interrupción del embarazo en casos de riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazo por violencia sexual, en uno de los pocos países del mundo donde está totalmente prohibida.

Por un ajustado margen a favor en la cámara baja, pasó al Senado el proyecto enviado por el ejecutivo que plantea modificaciones de los Códigos Sanitario, Código Penal y Código Procesal Penal, para permitir el aborto en tres causales. Junto con el Vaticano, Nicaragua, El Salvador y Malta, Chile forma parte del puñado de Estados que penaliza el aborto sin excepciones, como resultado de la continuidad jurídica reconocida por los sucesivos gobiernos de la prohibición absoluta dictaminada por Pinochet en 1989.

Según las estadísticas que fundamentan la presentación oficial, entre 2001 y 2012 se realizaron alrededor de 395.905 abortos y 54 mujeres murieron por el proceso de gestación sólo en 2012 -cifras subestimadas por la clandestinidad de la práctica. El 70% de los chilenos dijo estar a favor de la reforma (CEP, julio de 2014; Adimark, julio de 2014; Cadem, enero de 2015).

La reacción clerical contra la medida tiene ribetes escandalosos. A las amenazas de excomunión de los diputados católicos que voten a favor, la iglesia ha sumado una serie de manifestaciones que chocaron físicamente con estudiantes universitarios y organizaciones de mujeres. El Arzobispo de Santiago de Chile llegó a respaldar las declaraciones del cura Joannon, quien aprovechó el debate nacional para justificar su actuación como colaborador en el robo y adopción ilegal de bebés en las décadas del `70 y `80 como “pro vida”. El rector de la Universidad Católica anunció la objeción de conciencia institucional para la red de atención sanitaria de la UC, que sólo contratará médicos objetores. Es evidente que la incorporación de esta figura no ha morigerado la guerra santa contra la medida y que de aprobarse constituirá un bloqueo principal para la aplicación del aborto terapéutico. El movimiento de mujeres debe tomar nota e incorporar entre sus demandas la eliminación la objeción de conciencia en el ámbito de la salud.

El tema ha abierto una grieta en el interior de la Democracia Cristiana, que luego de forzar la votación separada causal por causal, aportó el voto favorable de 14 de sus 22 diputados al conjunto de la norma, incluida la más controvertida de aborto por violación. Una diputada de la DC conmovió al país en una entrevista que se dio a conocer en el curso del debate legislativo, en la que justificó su voto favorable en la experiencia personal de haber abortado dos veces, la primera siendo una niña luego de quedar embarazada producto de un abuso intrafamiliar. Esta división también impactó en el gobierno de la Nueva Mayoría, cuyo jefe de Gabinete es democristiano y declaró luego de la media sanción que “si fuera parlamentario, respecto a la tercera causal estaría en un momento de duda”.

Basta de dilaciones, por la aprobación inmediata

Si bien la medida plantea trabas burocráticas (doble consulta médica, la obligación de denuncia policial en caso de violación, el requerimiento de la autorización de representante legal de las menores de 14 años o autorización de un Tribunal de Familia y la ya mencionada objeción de conciencia) ofrece un marco de legalidad y trae un reconocimiento en el caso de las niñas menores. Constituye un logro de la lucha de las organizaciones de mujeres y de aprobarse representaría un avance en el plano reivindicativo. Organizaciones como la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, el Colegio de Médicos y el de Matronas la apoyan, lo mismo la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, que, a su vez, se manifestó en contra de que se aplique la objeción de conciencia en la salud pública.

Desde el ejecutivo habían prometido darle despacho urgente al proyecto, sin embargo ya anunciaron la segunda postergación, de abril a mayo, para “dar tiempo a un debate en profundidad”. Esto responde a las contradicciones al interior del gabinete y al fuerte lobby del Vaticano. De aprobarse en Senadores, aún queda el recurso de la apelación ante el Tribunal Supremo Constitucional que la Iglesia católica anunció realizará en caso de sancionarse la ley.

Las organizaciones de mujeres no deben depositar su confianza en un gobierno que va por su segundo mandato y sigue dando largas al tema. Las contradicciones al interior del bloque de gobierno plantean la necesidad de desarrollar una lucha política independiente hasta que se apruebe el proyecto.