En menos de diez días, Bariloche sufrió la desaparición y muerte de Micaela Bravo, los femicidios de Ruth Sagaut y Natalia Báez, y la violación de una mujer.

El lunes 28, una enorme y espontánea movilización de más de tres mil personas repudió la escalada de violencia hacia las mujeres. El martes 29, una nueva movilización se dirigió al Poder Judicial. Cien personas increparon a jueces y fiscales, repudiando el accionar de la Justicia, que garantiza la impunidad de innumerables casos que tienen como víctimas a las mujeres. Desde violaciones, trata de personas y femicidios, hasta apremios ilegales por parte de la policía a mujeres embarazadas que luchan por el derecho a la vivienda. En la mayoría de los casos, se trata de mujeres trabajadoras de los barrios altos de la ciudad. Mujeres de escasos recursos, quienes además de sufrir violencia de género comparten con sus compañeros la opresión de clase. Desempleo, precarización laboral y trabajo en negro. El Estado es el garante de cada uno de estos flagelos.

Según los testimonios de los vecinos y del fiscal Lozada, la desaparición de Micaela podría haber estado vinculada con la trata de personas. Las redes de trata operan con el apoyo del municipio y las fuerzas de seguridad. Los prostíbulos vip ubicados a escasos metros de la municipalidad fueron denunciados por La Alameda en 2013. En aquel momento, bajo la intendencia de la kirchnerista María Eugenia Martini, se les proveía a los proxenetas de libretas sanitarias para las chicas prostituidas. Hoy, los prostíbulos siguen explotando sexualmente a jóvenes inmigrantes de República Dominicana.

Las denuncias por violencia de género no son tomadas por la policía, las mujeres son hostigadas y obligadas a continuar conviviendo con sus agresores. Para las fuerzas de seguridad y la Justicia, las víctimas son responsables de sus muertes. En el caso de Ruth, estrangulada por su ex pareja, fiscales y policías buscaron caratular la causa como suicidio. En la misma sintonía buscaron responsabilizar a Natalia de su propia muerte por haber salido a bailar. La respuesta del intendente Genusso frente a la violencia de género fue cerrar la dirección de equidad de género y la casa de refugio a la mujer.

Las denuncias de violencia de género recorren la provincia, involucrando al poder político y judicial. Los casos de prostitución infantil en Viedma, con la complicidad del Ministerio de Desarrollo Social, y los abusos sexuales de funcionarios, sufridos por trabajadoras municipales de Allen, confirman las responsabilidades que le caben al Estado.

Se hace imprescindible reforzar la movilización y la organización independiente, para exigir: ni una menos, juicio y castigo a los asesinos de Ruth Sagaut, Natalia Báez y Micaela Bravo, desmantelamiento de las redes de trata, consejo de mujeres autónomocon independencia económica y política.