Según los datos relevados este 29 de mayo por el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, sólo cuatro de las 247 causas judiciales por femicidios ocurridos durante el 2020 alcanzaron sentencias condenatorias, mientras que 32 causas fueron archivadas y 209 continúan en proceso judicial.

Lo notorio de la lenta actuación de la justicia, en lo que constituye uno de los motivos más movilizantes desde hace seis años en nuestro país bajo la consigna #NiUnaMenos; se agrava si se tiene en cuenta que el informe también indica que no todas las causas fueron correctamente caratuladas como femicidio, y que el 23% de ellas están siendo investigadas como homicidio simple. De esto se deduce el largo derrotero que todavía deben atravesar los familiares para obtener justicia, y que en el mejor de los casos solo alcanzará únicamente al femicida y nunca a los responsables políticos del abandono estatal que atraviesan quienes denuncian violencia de género en nuestro país.

Es claro que cualquier medida asumida desde el poder judicial para disminuir la violencia no ha surtido efecto alguno. De acuerdo al último informe del Observatorio Lucía Pérez, desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2021, se produjeron 127 femicidios y travesticidios, y 103 hijes quedaron huérfanos entre ellos, el 63% menores de edad. En luna minoría de casos existían denuncias previas, inclusive casos con restricciones de acercamiento o perimetrales que no impidieron el desenlace fatal.

A días de una nueva movilización nacional por Ni Una Menos, los datos son significativos del fracaso no solo de la justicia, sino de toda política de género llevada adelante por los gobiernos tanto en el orden nacional como provincial. La estrategia de una reforma judicial feminista vaciada de todo contenido concreto para revertir el pico de femicidios, quedó en una mera arenga incapaz de ocultar que existe un cúmulo de violencias y postergaciones por los que atraviesa una mujer antes de ser víctima de femicidio en nuestro país, y cuya responsabilidad recae en todas las puertas institucionales que golpeó para reclamar auxilio y no se abrieron.

El intento se circunscribir el asunto de la violencia a una solución judicial y punitivista, es también la reafirmación del abandono de toda medida estatal real para la prevención, protección y asistencia a las mujeres, absolutamente necesaria para evitar que los femicidios se reproduzcan. Las áreas destinadas a la recepción de denuncias y a la contención de víctimas se encuentran desfinanciadas, vaciadas de recursos y pobladas de trabajadoras precarizadas en todo el país.

Los análisis de porqué crecen los femicidios no puede excluir el cuadro social en el que se presentan. Durante la pandemia la pobreza alcanzó al 48% de la población, de esa enorme franja de pobres el 70% lo integran mujeres y diversidades sexuales, que son los sectores más golpeados durante la pandemia por desempleo, la informalidad y la precarización laboral. Respecto a esto no hay respuestas, por el contrario, la eliminación del IFE aunque una ayuda totalmente insuficiente afectó particularmente a las mujeres. Para encubrir esto es que toda medida asumida desde el gobierno consistió en la redistribución de los mismos escasos recursos asistenciales bajo el rótulo “de género”.

El Ministerio de las Mujeres y Diversidades lanzó el Programa Acompañar con pompas y platillos como propaganda oficial en la materia, pero clandestinamente a la hora de inscribir a quienes lo requieran, prueba de ello es que hasta el momento solo accedió una ínfima cantidad de mujeres.

La impunidad y el reclamo de justicia son ejes centrales de nuestra lucha, que solo encontraran respuesta en la alteración de las bases de un poder judicial adicto al gobierno y a la orientación política ajustadora que este persigue. Sin alterar estas bases no habrá reforma judicial capaz de albergar los reclamos de nuestro movimiento. Es necesario crear un fuero único para el seguimiento de las causas por violencia y femicidio, pero fundamentalmente colocar en nuestras manos la elección de jueces y fiscales con cargos revocables, para que los tribunales rindan cuentas ante nosotras en lugar que ante los gobiernos a los que les son funcionales.

La justicia es solo un aspecto del problema en la medida en que el Estado es responsable por la violencia y los femicidios, porque impone las condiciones en las que prolifera la violencia, abandona a las víctimas, y otorga impunidad a femicidas y abusadores.

El centro del problema radica en arrancar de raíz la dirección de las políticas de género y el destino de los recursos. Este aspecto no puede seguir en manos de las funcionarias de los Ministerios de mujeres, tributarias de la orientación ajustadora del gobierno y primeras en violentar con recorte y precarización laboral a sus propias trabajadoras; es una tarea que debemos asumir peleando por un Consejo autónomo electo y revocable por nosotras mismas.

Esas, entre muchas otras, son las resoluciones del II Congreso Nacional del Plenario de Trabajadoras que reunió a miles de luchadoras de todo el país este 26, 27 y 29 de mayo, con una perspectiva de lucha independiente de los gobiernos y las iglesias. En el marco del plan de lucha resuelto, este #3J ganemos las calles por #NiUnaMenos y por todos nuestros reclamos.