Miles de mujeres salieron a las calles de Brasil en el día de ayer, en repudio a la resolución de una comisión del Parlamento para modificar el articulado de la Constitución y penalizar el aborto en todos los casos.

 

 Brasil tiene despenalizada la práctica del aborto en caso de violaciones,  riesgo de vida de las gestantes o anencefalia. Esta modificación constitucional que intentan aprobar plantea en su artículo 1º –que trata de los fundamentos del Estado– establecer que “la dignidad de la persona humana debe ser respetada desde la concepción”, mientras que el artículo 5 determinaría la potestad del Estado de asegurar “la inviolabilidad del derecho a la vida desde la concepción” y no desde el nacimiento –como es en la actualidad.

 

Por ser una modificación constitucional, la resolución para ser aprobada tiene que contar con mayoría especial de ambas cámaras del Congreso. De suceder esto, retrotraería la definición de vida en los términos del Código Civil argentino, que incluso tras la reforma de 2014 para “modernizarlo” perpetuó la figura “del origen desde la concepción” por un acuerdo del kirchnerismo con el Vaticano –entre otros beneficios que dicho código otorgó a ese culto. En el caso de Brasil, la reforma está impulsada por el evangelismo.

 

Los bloques mayoritarios del parlamento (PMDB, PR, PSD, DEM, PRB) votaron a través de sus representantes en la comisión especial a favor de que esta modificación constitucional sea elevada a la Cámara de Diputados para su consideración. Junto con esto el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (Demócratas) ya manifestó su acuerdo a tratar “en un debate profundo con juristas” estos cambios, y expresó públicamente que “prohibir el aborto en caso de violación no va a pasar en la Cámara” –o sea que sí se eliminarían las otras dos causales de despenalización actuales: riesgo de vida de la gestante e inviabilidad del feto.

 

 

La comisión especial de la Cámara de Diputados que ahora eleva este proyecto se conformó en diciembre del año pasado para tratar la ampliación de la licencia por maternidad para las mujeres con hijos prematuros (de 120 a 240 días). Es por esto que los sectores críticos a la medida catalogan esta resolución como “un caballo de Troya”, porque tras una mentada ampliación de los derechos laborales se filtra una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que retrotrae derechos adquiridos.

 

Junto con los dos proyectos originales de ampliación de la licencia por maternidad –que expresaban por lo demás una concepción tradicionalista de la familia, en lo relativo a quién tiene la responsabilidad central en el cuidado de la niñez–, el relator de la propuesta, Jorge Tadeu Mudalem (Demócratas), decidió introducir en la comisión la PEC a pedido de la bancada evangélica, un frente de diputados de distintos partidos adscriptos a esta tendencia clerical.

 

Contra las objeciones de diputados opositores ante una maniobra que vendría a desnaturalizar el objetivo por el cual se había creado la Comisión, el presidente de la misma, Evandro Gussi, del Partido Verde e integrante del Frente Parlamentario Evangélico, habilitó su tratamiento, al poner a votación de la misma mayoría clerical que impulsaba la medida su elevación al Congreso: la comisión estaba formada por 28 diputados, 24 de ellos públicamente contrarios a la legalización del aborto y casi un tercio con iniciativas previas para restringir el derecho al aborto legal.

 

La misma creación de esta comisión especial es caracterizada por numerosos analistas como una respuesta de los diputados evangélicos y católicos a un fallo del Tribunal Supremo de Justicia de finales del 2017, que establecía un precedente favorable a la despenalización total del aborto, al revocar una condena contra médicos y funcionarios que habilitaron la interrupción de un embarazo en el Estado de Río de Janeiro, fundamentando que durante los tres primeros meses de gestación la mujer puede abortar “sin importar las razones”. Si bien el fallo refería a un caso particular, encendió la alarma de los sectores clericales, que ya se habían opuesto en el pasado a un fallo del TSJ que legalizó el aborto en los casos de anencefalia (defecto incurable en el desarrollo cerebral), incluyéndola entre las causales no punibles por interposición de organizaciones civiles –entre otras cosas, por la epidemia de zika en ese país.

 

 

El único voto contrario a que la comisión elevara esta PEC provino de la diputada Érika Kokay, del PT, quien argumentó que se trataba de un tema extraño a la propuesta original y que se utilizaba como “envoltura” a la mujer para “herir sus propios derechos”. Por su parte, la depuesta Dilma Roussef dijo vía twitter que “la votación en comisión en la Cámara quiere regresarnos a la ley de 1940 y prohibir el aborto en caso de violación” y que “la atención al aborto en caso de violencia, en mi gobierno, era obligatoria en todos los hospitales públicos. Luchamos por el fin de la violencia contra las mujeres”.

 

Toda una impostura. El PT y Roussef gobernaron en coalición con el golpista PMDB y los políticos evangelistas hasta el golpe institucional que la derribó de la presidencia, lo que explica su integración a una comisión dominada por el evangelismo. Dilma accedió al gobierno luego de realizar una campaña en 2010 en la que prometió a las iglesias evangélicas no despenalizar el aborto, para lo cual les dirigió una carta pública. El PT abrió así el camino para la profundización reaccionaria actual.

 

En Brasil existen estadísticas reconocidas oficialmente sobre la situación del aborto. Las mismas señalan que solamente en 2014 al menos 33 mujeres fueron detenidas por haberse sometido a abortos. Siete de ellas habían sido denunciadas por médicos después de que acudieran a hospitales para solicitar atención posterior a la interrupción del embarazo. Debe señalarse a su vez que las cifras oficiales de Brasil  transitan el mismo sub-registro que en Argentina, debido al poderoso lobby de organizaciones evangelistas y católicas.

 

Por su parte, la diputada Luiza Erundina (PSOL-SP), también contraria al proyecto, afirmó que si el número de parlamentarios femeninos era mayor, el resultado de la votación sería otro. Se trata de una vulgaridad, que intenta escamotear la crítica de fondo al evangelismo y encubrir la postración de los partidos patronales frente a esta corriente religiosa y política que cumple un enorme rol de contención social. Y que no pasa la prueba de los hechos: una de las tres mujeres integrante de la comisión especial que aprobó la PEC es la diputada Geovania de Sá (PSDB-SC), vicepresidenta del frente evangélico. La misma declaró que “los principios y valores de la familia serán nuestra pauta en la FPE y seremos contrarios a todos los proyectos que quieran herir esos principios”. “Vamos a priorizar la valorización de la vida”,  dijo cuando asumió su banca en 2015.

 

 

Esta reforma se da en un cuadro de retroceso en América Latina y Estados Unidos respecto del acceso a los abortos no punibles. A la situación conocida sobre los bloqueos en la Argentina, se suma el reciente caso de una joven violada que no pudo acceder a un aborto no punible en la ciudad chilena de Chiloé, por declararse todos los médicos objetores de conciencia –una figura reaccionaria que el gobierno de Michelle Bachelet introdujo en la ley que despenaliza el aborto en tres causales.

 

Mientras tanto, en Perú el Primer Juzgado Constitucional de Lima admitió la demanda presentada por la ONG Ala Sin Componenda contra el Ministerio de Salud (Minsa), a fin de que el sector deje sin efecto el protocolo establecido para interrumpir el embarazo cuando la vida de la madre está en riesgo.

 

Las mujeres necesitamos establecer un plan de lucha continental por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que para avanzar necesita como condición la independencia del Estado, sus partidos y las Iglesias, que utilizan el aborto clandestino como una herramienta de control y disciplinamiento social contra nuestros cuerpos y conciencias.

 

¡Abajo la PEC reaccionaria y clerical de Brasil!