En la agenda de la Iglesia no figura siquiera la preocupación por la trata de personas. En Tucumán, sus autoridades expresaron que no siguieron el juicio por el caso "Marita" Verón. No resulta algo casual ni estamos frente a un acto de impericia. Se produce cuando se encuentra en curso una investigación que dejaría al cura Grassi como un "carmelito descalzo". Se trata del cura José Ilarraz, investigado por la Justicia entrerriana por la comisión de entre 50 y 80 abusos sexuales, contra preadolescentes en el seminario de Paraná, entre 1985 y 1994. Este cura fue un estrecho colaborador del ex arzobispo de Paraná Estanislao Karlic, que hoy integra el Colegio Cardenalicio del Vaticano.

En 1995, Karlic dispuso una investigación del hecho, puertas adentro de la Iglesia. Aunque algunas víctimas dieron su testimonio, el caso nunca fue denunciado ante la Justicia ordinaria por las autoridades eclesiásticas: el extinto papa Juan Pablo II "condenó" a Ilarraz con su traslado a Tucumán; más precisamente, a la ciudad de Monteros. En Tucumán, Ilarraz fue un protegido del actual obispo de la ciudad de Concepción, José María Rossi. El fiscal que investiga a Ilarraz en Entre Ríos se dirigió hasta Monteros y hasta Concepción, a fines de noviembre. Según relató a la prensa, halló indicios que podrían comprometer al cura.

En Concepción, el fiscal recogió testimonios graves. La iglesia también se encuentra movilizada para hacerle hinchada al "Padre Pepe" -como se conoce a José Eloy Mijalchyk-, que está siendo juzgado por la comisión de delitos de lesa humanidad, en la Megacausa Arsenales II-Jefatura II. Dicho sea de paso, este cura -acusado de entregar víctimas y de, luego, instarlas a "quebrarse" para que delaten a sus compañeros- esperó el proceso oral en libertad, gracias a que el Arzobispado tucumano pagó unos 115.000 pesos de fianza. Con estos hechos, la Iglesia ha decidido no hacer olas y acercarse al poder, destacando los puntos de contacto con el gobierno y llamando a una navidad de reconciliación. Esto revela, una vez más, su carácter reaccionario en defensa del poder político mafioso, así como los privilegios que usan contra los derechos democráticos del pueblo.