Tres años pasaron desde el femicidio de Micaela García, joven militante de la JP Evita y del movimiento por Ni una Menos que conmocionó al país. Esta semana, el Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió dar lugar al pedido de excarcelación en beneficio de Néstor Roberto Pavón. De esta forma, quedó en libertad luego de haber cumplido dos tercios de la condena –no firme- de 5 años, por “encubridor” del femicidio de Micaela que cometió Sebastián Wagner.

Justicia garante del encubrimiento y la impunidad

Luego de estar una semana desaparecida, el cuerpo de Micaela fue hallado sin vida en las afueras de Gualeguay, luego de que el propio Sebastián Wagner –detenido en Moreno, Buenos Aires- confesara el crimen. Wagner, que contaba en su prontuario con al menos tres violaciones previas a estudiantes, fue dejado en libertad por el juez Carlos Rossi al cumplir 5 de sus 9 años de condena. Las instituciones judiciales y de seguridad ni siquiera garantizaron el monitoreo de este violador reincidente una vez que fue liberado, cuando todos los informes técnicos recomendaban no liberarlo.

A partir de allí, se inició la causa contra Wagner y su cómplice, Néstor Pavón, quien de acuerdo a presentaciones de la querella no solo lo cubrió, sino que además lo ayudó a escapar a Buenos Aires y le dio dinero. El Tribunal de Justicia de Gualeguay condenó a Wagner por ser el autor del femicidio y a Pavón le dieron 5 años de prisión por “encubrimiento”. Decisión que fue recurrida por la familia y la fiscalía.

La Cámara de Apelación y Garantías se expidió por la realización de un nuevo juicio contra Pavón. Sin embargo, hace unas semanas el Superior Tribunal de Justicia de la provincia respaldó el fallo del Tribunal de Gualeguay.

Está claro que desde el comienzo la justicia fue diluyendo la responsabilidad de Pavón desconociendo pruebas que acreditaban la participación directa en la violación y femicidio de Micaela.

Luchemos contra los femicidios de forma independiente. El Estado es responsable

El Estado es incapaz de eliminar la violencia hacia las mujeres porque se vale de sus múltiples formas (doméstica, laboral, institucional) para disciplinar a las masas laboriosas en beneficio de la clase social a la que responde como aparato de dominación y utiliza a la justicia como instrumento para el disciplinamiento de la clase trabajadora.

La responsabilidad del Estado en el crimen de Micaela trasciende con creces la decisión de un juez y nos plantea una lucha de conjunto contra todos los poderes involucrados en este crimen contra las mujeres y la clase obrera.

Mientras tanto, el oficialismo y la oposición están discutiendo una reforma judicial en la que reparten 900 cargos de jueces, fiscales y nuevos juzgados en las provincias. El objetivo es obtener beneficios e impunidad para el personal político de la clase capitalista y reforzar, al mismo tiempo, fallos judiciales que limiten las presentaciones de los trabajadores que reclaman por derechos vulnerados. Está claro que ningún partido que gobierna están pensando en transformar el poder judicial para que haya justicia. Planteamos la elección por voto popular de jueces y fiscales, así como el poder popular de revocatoria.

Es imperiosa la organización y lucha independiente del movimiento obrero, las mujeres, la juventud y las disidencias en defensa de los derechos de las mujeres, así como en la lucha contra la impunidad. Desde el Plenario de Trabajadoras de Entre Ríos denunciamos la orientación encubridora de la casta judicial, garante de todos los fallos de impunidad contra el pueblo trabajador.