Mujer

30/8/2017

Caso Nadia Rojas: el Estado y sus vínculos mafiosos

Cómo la justicia y los organismos de la niñez se desentendieron de la situación de la niña secuestrada.

Compañeras del Plenario de Trabajadoras y del Partido Obrero de Lugano


El jueves 24 de agosto un operativo a cargo de la policía de la Ciudad “encontró” a Nadia Rojas en Lomas de Zamora. La niña de 14 años estaba absolutamente sola en una habitación. Horas antes, su madre Elena -que la buscaba como ocurrió todos los días- había sido nuevamente amenazada por dos hombres mientras pegaba carteles por un barrio del partido bonaerense donde fue hallada.


 


Nadia Rojas se encontró con su madre en dependencias del Consejo del Niño de la Ciudad. A partir de allí, fue dejada bajo su responsabilidad, cuando Elena es una mujer costurera que debería enfrentarse a una banda de mafiosos que regentean boliches donde se explota la venta de drogas para menores de edad y también la explotación sexual, para poder cuidarla, un auténtico despropósito.


 


Ni funcionarios del Juzgado Federal, ni la Fiscalía 49, ni el gobierno se hicieron presentes para velar por la salud de la nena ni para ofrecer ningún tipo de asistencia o condiciones de seguridad. Luego de que Nadia desapareciera de un hogar bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires, estaba claro para su madre que no podía volver a ir a ese dispositivo.


 


Durante el día viernes, las organizaciones que buscamos a Nadia durante todo este tiempo, junto a su madre, nos ocupamos de llevar adelante la atención médica que ni los juzgados intervinientes ni el Consejo de la Niñez dispusieron, aunque si se apresuraron a informar mediáticamente que estaba “bien de salud”. La última vez que las filtraciones del juzgado y del Consejo del Niño anunciaron su estado de salud, no habían realizado estudio alguno y a pesar de la situación de los abusos que había sufrido.


 


El otro paso que dieron las organizaciones fue ponerse en contacto con un programa de protección dependiente del gobierno nacional, y con la aprobación de la responsable de dicho programa, trabajadoras del Consejo del Niño y con el visto bueno del ministro de Justicia de la Nación, se puso en pie un operativo que ya tenía horario fijado para trasladar a Nadia y a su madre a un dispositivo bajo su responsabilidad. A las 3 de la madrugada la propia responsable del dispositivo (Zaida Gatti), se comunicó con la madre de Nadia para informar que desde el juzgado de Canicoba Corral se había impedido la intervención de su organismo. Ante la denuncia pública sobre dicho accionar del juzgado, recién por la tarde del día siguiente se pudo reanudar este dispositivo.


 


Canicoba Corral, a diferencia de la opinión de numerosos y especializados organismos, sostuvo desde el primer día que Nadia es sólo una niña que, peleada con su madre, eligió irse a vivir a otro lugar. Con la ayuda de algunos cronistas tribunalicios, intentó infructuosamente instalar esta versión socialmente. Se declaró incompetente con un escrito insultante, para sacarse la causa de encima, y fue desautorizado por la Cámara de Apelaciones, que le impidió proceder.


 


A partir de allí el juez Canicoba no hizo otra cosa que obstaculizar la investigación.  Aunque el fiscal Delgado solicitó capturas, Canicoba Corral no las habilitó. Desde hace una semana la instrucción de la causa ha pasado de manos del fiscal federal Federico Delgado a Canicoba Corral, un tipo que ha llegado a defender a otros jueces denunciados por participación en redes de trata.


 


Los boliches donde se venden alcohol y drogas a los chicos, donde hay habitaciones propias de los lugares donde se explota la prostitución, el merodeo en los colegios, la presencia de situaciones de riesgo dentro de las escuelas, la proliferación de lugares de producción de drogas: nada de esto está en la mira del Estado.


 


La situación no sólo de desprotección sino de complicidad con el entramado delictivo por parte de la justicia es total.


 


Desde las organizaciones que llevamos adelante esta lucha seguimos luchando por desmantelar todo este entramado, por el derecho de nuestros niños y adolescentes a contar con lugares de diversión y esparcimientos libres de mafias y negociados y por denunciar a los eslabones estatales que negocian con la vulnerabilidad en la que ese mismo estado coloca al conjunto de la población.


 


Asistimos a una  crisis económica y social que recrudece la vulnerabilidad de las mujeres frente a estas mafias, así como la complicidad del Estado con las mismas. Es necesario mas que nunca la lucha organizada del movimiento de mujeres con total independencia del Estado.