Mujer

26/4/2017

Caso Soledad Olivera: el segundo juicio desde su desaparición

diputada nacional por Mendoza (Frente de Izquierda-Partido Obrero)


La lucha de las mujeres de Mendoza no permite olvidar y exige justicia por las desapariciones de las jóvenes lavallinas Soledad Olivera (28 años) y Johana Chacón (13 años), ocurridas hace seis y cinco años respectivamente, en la finca Curallanca.


 


El caso se reavivó por el nuevo juicio por la desaparición de Soledad Olivera, ausente desde el 18 de noviembre de 2011. La Suprema Corte anuló la absolución con la que Segunda Cámara del Crimen benefició, en 2016, a Mariano Luque, imputado en ambos casos. Tras las masivas movilizaciones que se produjeron para repudiar este fallo misógino, la máxima instancia de la justicia provincial hizo lugar al reclamo de las organizaciones de mujeres de un nuevo juicio bajo el paradigma de la violencia de género.


 


El mismo tramita ante la Tercer Cámara del Crimen, compuesta por los jueces Martearena, Funes y Guajardo; y en su primera audiencia con prueba testimonial, cambió de carátula de privación ilegítima de la libertad a homicidio simple, a pedido del fiscal, Diego Tagua.   


 


La primera declaración fue de Luis Curallanca, padrastro de Mariano Luque y responsable de la finca de olivos donde trabajaba la madre de Soledad Olivera, y donde también vivían Johana Chacón y sus hermanos. En su relato, reveló la extrema vulnerabilidad social de las jóvenes y de sus núcleos familiares. Además de reivindicar a Luque, afirmó que la madre de Soledad se quejaba porque su hija era "muy salidora” y que no cuidaba bien a sus hijos. También declaró conocer las peleas entre las hermanas Olivera que se suscitaron luego de la muerte de su madre en un accidente laboral en otra finca, por el cobro de $75.000 “acordado con los patrones, con la empresa”, ya que no tenía ART. Cabe aclarar que los empresarios de la finca Curallanca, no han sido citados en ninguno de los juicios, siendo que Johana Chacón desapareció cuando el colectivo escolar la dejó en la puerta de la finca, y el imputado trabajaba y vivía en la misma.


 


Curallanca declaró, además, que antes de la desaparición de Johana (ocurrida el 4 de septiembre de 2012) denunció ante la Seccional 17 de la policía de Lavalle el intento de secuestro de Beatriz Chacón, hermana mayor de Johana, a la salida de la escuela y que no quisieron tomarle la denuncia porque no reconocían la patente de la camioneta.


 


El segundo testigo fue Jesús Dario Cepeda Galdame, actualmente Sub Comisario de la Dirección de Investigaciones de escuchas telefónicas y anti secuestros extorsivos, quien al momento de la desaparición de Soledad era oficial principal y participó en la investigación de las dos desapariciones. Relató el fracaso de los allanamientos en cabarets del sur del país en busca de Soledad Olivera, siguiendo la pista de que fuera víctima de una red de trata. También relató sus entrevistas con Beatriz Chacón, como parte de la investigación, luego de que huyera en septiembre de 2015 de la finca donde vivía en pareja con Mariano Luque. En un primer encuentro, Chacón le confesó haber sido víctima de abusos sexuales por parte de Luque y, en una segunda entrevista, le declaró haber escuchado una conversación telefónica donde éste explicaba que “habían desecho el cuerpo” en referencia a Soledad Olivera.


 


En marzo de 2014, las organizaciones de mujeres lograron que los dos casos sean investigados en la justicia federal bajo la hipótesis de trata de personas con fines de explotación sexual y se abrió una causa unificada. La Nación se presentó como querellante, a través del abogado Fernando Peñaloza, quien también se mantiene en la querella a nivel provincial. La justicia federal busca archivar la investigación por red de trata, ante los fracasos de los allanamientos. La defensa de Luque ha rechazado el cambio de carátula, alegando que se viola el derecho constitucional de defensa.


 


Es vital para el movimiento de mujeres mendocino no abandonar esta causa, hasta que aparezcan vivas Johana y Soledad.