Convocada por familiares y amigos de la joven Gabriela Nieva, quien denunció a su ex pareja por golpearla en varias oportunidades, el 21 de diciembre tuvo lugar en Andalgalá una marcha contra la violencia de género.

El caso de Gabriela tomó estado público cuando ella denunció en redes sociales que Ramón Carrizo la había atropellado con una motocicleta y producido quemaduras en sus pies y varios hematomas. 

La inacción del Estado

Este no fue el único episodio de violencia; en su publicación, la joven señaló que ha denunciado las golpizas y amenazas de muerte por parte de Carrizo, a pesar de lo cual el agresor cuenta con total impunidad.

Se trata de una muestra más del accionar de la justicia y el Estado, que hace oídos sordos a esta causa hace más de cuatro años y cuya única respuesta a las denuncias ha sido que solo “eran causas menores” –pretendiendo ignorar la movilización de las mujeres por los constantes casos de femicidios en todo el país.

El agresor no sólo transita por las calles libremente; además, está próximo a entrar a la policía. Recordemos que, según las estadísticas de la Casa del Encuentro, una quinta parte de los femicidios que se cometieron en 2016 fue a manos de miembros de las fuerzas represivas –en muchos casos, con el arma reglamentaria entregada por el Estado.

La movilización

La marcha tuvo una importante adhesión de los vecinos. A su turno, se acercaron a la misma otras víctimas de violencia, manifestando también que sus demandas de respuestas al Estado y de Justicia han caído en saco roto. Por este motivo, convocaron a una nueva marcha para el próximo miércoles.

Desde el Plenario de Trabajadoras exigimos justicia por todas las víctimas de violencia y repudiamos el accionar de los organismos del Estado que protegen a los violentos. Llamamos a profundizar la movilización y a organizarnos en un movimiento de mujeres independiente para arrancar todas nuestras reivindicaciones.

Vivas nos queremos. Ni una menos. El Estado es responsable.