La Legislatura porteña aprobó, con modificaciones, el proyecto de ley presentado por Marcelo Ramal en vísperas de la movilización “Ni una Menos”, de creación de centros de asistencia a la mujer víctima de violencia en la Ciudad de Buenos Aires.

Actualmente, existen siete centros integrales de la Mujer (CIM), uno en las comunas 5, 8 y 11, respectivamente, y dos en la 1 y la 3, de los cuales solamente uno funciona las 24 horas. A partir de la sanción de este proyecto, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá construir un centro cada 50.000 mujeres, empezando por las ocho comunas que no cuentan con ninguno, lo que extenderá la red en una primera etapa de 7 a 15 de centros.

El proyecto original presentado por Ramal establecía la atención las 24 horas del día, la incorporación de personal interdisciplinario en planta permanente y el monitoreo independiente de las organizaciones de mujeres. Estos elementos son vitales para que no sean convertidos en una cáscara burocrática, como sucede con las múltiples líneas telefónicas que funcionan en nación y Ciudad, que son atendidas por personal precarizado que cuenta con la única herramienta de las derivaciones administrativas.

La idoneidad del personal responsable de la asistencia es inseparable de sus condiciones laborales, sin embargo, este aspecto elemental fue sacrificado por los bloques mayoritarios en nombre de la división de poderes del Estado, argumento pérfido dados los altos niveles de precarización laboral entre los estatales. Por su parte, el PRO se opuso a que funcionaran todo el día, esgrimiendo que casi no hay consultas en el centro que actualmente atiende en esa banda horaria, falacia que oculta la ignorancia general sobre la existencia de los CIM en la Capital Federal.

La correcta aplicación de la ley está condicionada por la organización independiente que sepan darse las mujeres en las barriadas y los lugares de trabajo para garantizar que el gobierno efectivice la construcción de los centros, empezando por los ocho primeros hasta cubrir las 15 comunas.

Esta ley significa un paso real para el movimiento de mujeres, aun con su carácter paliativo, y se opone por el vértice a la manipulación política de los bloques patronales en torno a la declaración de la emergencia por violencia de género, que ha sido utilizada sistemáticamente en todos los niveles del Estado, en todo el país, para encubrir a los responsables políticos del aborto clandestino, el sostenimiento de la objeción de conciencia, el trabajo precario, la falta de salud y educación y los dichos misóginos que atizan la violencia contra la mujer. Contraponemos a esta fórmula abstracta medidas concretas, que bloqueen las maniobras autoexculpatorias y el reforzamiento de la arbitrariedad estatal.

Preparemos asambleas en todos los barrios que organicen un plan de lucha para garantizar que se cumpla este avance parlamentario. Difundamos fuertemente y abramos un debate para que todo el movimiento de mujeres haga suya esta pelea.