El femicidio de Cristina Jaqueline Romero, de 17 años, conocido esta semana, dejó indignada y conmocionada a la ciudad de Sáenz Peña. Jaqueline estaba desaparecida desde el 2 de noviembre y su cuerpo fue hallado recién el día 10.

La búsqueda fue anunciada recién el 5, pero de manera confusa e ininteligible en el parte policial, y la mayoría de los medios no la publicó. Lo que más indigna a la población es que el ex novio de Jaqueline, Rodrigo Chávez, quien había sido denunciado por violencia de género y es el presunto femicida, estuvo preso cuatro días, mientras la joven estaba desaparecida, pero luego fue liberado por la fiscal de la causa, Liliana Lupi, por falta de pruebas. El cuerpo de Jaqueline fue encontrado frente a la casa de Chávez, en la represa del barrio Sarmiento, después de un llamado anónimo al 911 el día 9 de noviembre a la noche. Aun así, la policía y los bomberos no fueron a corroborar inmediatamente si era Jaqueline, recién lo hicieron el día el 10 por la mañana.

A Jaqueline Romero no la buscaron, la justicia liberó al presunto femicida (quien debió ser aprehendido tras el hallazgo del cuerpo) y Sáenz Peña es un antro de corrupción y narcotráfico. Así lo muestran las noticias que acusan a jueces, fiscales, policías y gendarmes de alto rango implicados en esos hechos y en el lavado de dinero. Así sucedió con el juez Miguel Aranda, acusado de proteger al “clan Sosa” junto al gendarme Cristian Marangón que murió justo cuando iba a ser detenido. Actualmente, por el mismo hecho, fue allanado el estudio jurídico de Esteban Pockorny, quien fue abogado de Marangón, pero también es asesor legal del municipio de Sáenz peña y del Belgrano Cargas y Logística SA. El entramado de delitos se encuentra relacionado profundamente a la policía y la justicia.

La Secretaría de Derechos Humanos y géneros, a cargo de Silvana Pérez, sacó un comunicado anunciando que intervendrán en la causa para garantizar acompañamiento a la familia de la víctima y que la justicia actúe con perspectiva de género. Para el acompañamiento instruyó a la policía, implicada en casos de gatillo fácil y narcotráfico, y la perspectiva de género es solo un slogan que repite pero no aplica, porque defiende las políticas clericales del gobernador Jorge Capitanich.

La indignación popular que despertó el caso de Jaqueline es producto del accionar de la justicia, el municipio y el gobierno, que lejos de ayudar a las víctimas se encuentran en convivencia profunda con delitos que atentan a la juventud y al conjunto de la población. Chaco, además de ser una de las provincias más pobres, también es donde más femicidios se cometen. El pedido de justicia por Jaqueline Romero debe estar acompañado del desmantelamiento de las fuerzas represivas. Para erradicar los femicidios, necesitamos un movimiento de mujeres independiente del gobierno que tenga como prioridad terminar con la violencia hacia las mujeres y diversidades. La Secretaría de Derechos Humanos y Géneros demostró ser una estafa.