La Cámara del Crimen de Villa Angela condenó a 21 años de prisión a Rodrigo Silva, al considerarlo culpable del asesinato de Maira Benítez, la joven de 18 años que había sido vista por última vez al salir de un boliche en la localidad chaqueña. Sin embargo, el tribunal absolvió a un imputado, acusado de ayudar a esconder el cadáver (que hasta el día de hoy no ha aparecido), y a otros tres imputados, acusados de encubrimiento. La querella había solicitado condenar a Silva por femicidio.

La causa estuvo desde el inicio direccionada hacia el encubrimiento por parte del fiscal Sergio Ríos quien, deliberadamente, ocultó información a la familia sobre los peritajes y, por sobre todo, tardó cuarenta días en citar a declarar al ex juez Eduardo Costa y, aún más, en allanar su propiedad. Estos son motivos suficientes para poner en el banquillo al fiscal y ahondar en las responsabilidades políticas y del poder en el caso.

En su momento, todas estas maniobras eran tan evidentes, que el gobierno provincial separó al fiscal, previamente defendido y, posteriormente, decretó su injerencia en la causa, como querellante.

Desde un primer momento la justicia y el gobierno se negaron en buscar, eficazmente, a Maira, a tal punto, que el gobernador Domingo Peppo no cumplió con la promesa, a la madre de Maira, de provincializar la búsqueda y apuntó a cerrar el cerco en Villa Ángela.

Acompañamos a la madre de Maira en su reclamo de justicia. No a la impunidad, por el completo esclarecimiento del caso.