Anahí Benítez fue encontrada sin vida en la reserva de Santa Catalina en la localidad de Llavallol (Lomas de Zamora) el 4 de agosto del 2017, tras habérsela visto por última vez unos seis días antes el 29 de julio. El caso conmocionó a la población y particularmente a la comunidad educativa lomense: Anahí, con sus 16 años, era una estudiante de la Escuela Normal Antonio Meytrut (Enam), de la localidad de Banfield. Este martes 18 el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 bonaerense dará comienzo al juicio oral que cuenta con dos imputados y muchos interrogantes que aún no han sido saldados.

Un crimen que se pudo evitar

Anahí había salido de su casa ubicada en Parque Barón para dirigirse al Parque Municipal Eva Perón, a solo unas pocas cuadras. Los datos de la autopsia arrojan que Anahí fue secuestrada, privada de su libertad, violada y luego asesinada. Las pericias indican que los primeros cuatros días de su desaparición aún se encontraba con vida.

A las pocas horas de la desaparición de Anahí su familia y compañeros de escuela comenzaron una intensa campaña para dar con su paradero, que rápidamente se extendió por toda la comunidad educativa y los vecinos de Lomas de Zamora, como una acción espontanea en respuesta a las amenazas de las que son víctimas privilegiadas las mujeres. Sin embargo, los efectivos policiales y el curso de la investigación oficial, se centraron en hostilizar al entorno de Anahí, forzando hipótesis sin fundamento y desperdiciando un tiempo invaluable para el desarrollo de los acontecimientos.

Los alcances de la investigación fueron acotados cuando más se precisaba una acción decidida que multiplicara los recursos del Estado para dar con el paradero de Anahí. Durante ese valioso tiempo las pistas ofrecidas por la policía, y difundidas por los medios, sirvieron para entorpecer la investigación. La primera detención de un docente de la escuela bajo el argumento de una supuesta “obsesión” de Anahí fue una de las tantas versiones que buscaron dirigir la responsabilidad del caso justamente a la víctima. Esto fue denunciado por la comunidad educativa del Enam en diversas oportunidades, quienes no solo colaboraron con todo el curso de la investigación sino que impulsaron distintas convocatorias y acciones para movilizar los recursos que el Estado se negó a ofrecer.

El 6 de agosto fue detenido uno de los acusados, Marcos Bazán, sobre la base de una cantidad de indicios que son cuestionados por parte algunas organizaciones sindicales y políticas, quienes, por su parte, señalan que se trata de una causa armada que busca encubrir las verdaderas responsabilidades de los hechos. Diez días después la investigación dará, casi por accidente, con el principal sospechoso del crimen, Marcelo Sergio Villalba, a quien se encontró con el celular perteneciente a Anahí y cuyo ADN coincidiera con el encontrado en el cuerpo de la víctima.

Una investigación a oscuras

Tras más de dos años del asesinato de Anahí Benítez la fiscalía no ha logrado consolidar una hipótesis de los hechos que tenga algún nivel de credibilidad, lo cual arroja más dudas sobre las responsabilidades y lo realmente ocurrido.

En ningunos de los escenarios planteados se ha logrado establecer el vínculo que une a los dos imputados. Desde la defensa de Bazán argumentan que los indicios en su contra han sido manipulados por el personal policial de la bonaerense. La cúpula local responsable de los operativos de rastrillaje caería 4 meses después de encontrado el cuerpo de Anahí implicada en escuchas a una red de trata que operaba en prostíbulos de Lomas de Zamora, y en extorsiones ilegales por protección policial a comerciantes y prostíbulos de la zona. Del comisario inspector Damián Lozano, jefe distrital de Lomas de Zamora Norte, dependían las comisarías de Villa Fiorito, Ingeniero Budge, Villa Centenario Y la 9ª de  Parque Barón, lugar este último donde vivía Anahí y también Villalba (Pagina|12 1/8). Un testigo aporta que Villalba estaba implicado en la venta de droga y en el entramado delictivo de la policía bonaerense en la zona.

Los vínculos entre el crimen organizado, la policía y funcionarios públicos, no son novedad en el distrito que conduce Martin Insaurralde. Un año antes del crimen de Anahí se había desbaratado en prostíbulo en pleno centro lomense, donde testigos afirmaban ver con regularidad a personal de las fuerzas de seguridad. Días antes del asesinato de Anahí denunciábamos desde las páginas de Prensa Obrera los vínculos delictivos que habían convertido toda la zona en territorio liberado.

Un mes antes del crimen protagonizábamos una fuerte movilización del Polo Obrero por la libertad de un compañero que había sido víctima de las extorsiones criminales del descompuesto aparato represivo que opera en Lomas de Zamora.

 

El crimen de Anahí Benítez esconde una extensa red de vínculos delictivos que salpica a gran parte de las fuerzas de seguridad, funcionarios y otros elementos de la peor especie. La oscuridad de la investigación y la causa se debe en gran medida a los alcances de este entramado putrefacto. 

La investigación de los hechos debe ir hasta las últimas de las responsabilidades para arrojar claridad sobre lo sucedido y desmantelar de una vez por todas las redes delictivas organizadas desde las propias entrañas del Estado.

La lucha por justicia por Anahí es una lucha contra el Estado y sus secuaces y contra todo tipo de opresión contra las mujeres y la juventud.

Este martes 18, desde las 8 horas, acompañamos la movilización de familiares, estudiantes y organizaciones, para reclamar Justicia por Anahí Benítez.