En la tarde del mismo 8 de Marzo fue encontrado el cuerpo sin vida, en el fondo de un pozo en la ciudad de Paraná, de Fátima Florencia Acevedo de 25 años. Fátima había denunciado a su pareja por violencia de género. Fuentes cercanas informan que fueron 25 las denuncias que realizó Fátima, pero el Estado no hizo nada por cuidar su vida, y hoy es una nueva víctima de la violencia femicida  que los gobiernos, la justicia y todo el aparato estatal toleran y ampara.

Según la fiscalía que atendió su denuncia, la pareja de Fátima tenía una relación "marcada por la violencia física, psicológica y sexual". Incluso a fines de enero intentó quemarla con ácido muriático” (Clarin 8/3). A esto debemos sumarle otras denuncias por amenazas, lesiones graves, agravadas en grado de tentativa y privación de la libertad coaccionada, en contexto de violencia de género contra la mujer.

Mientras miles de mujeres salimos a las calles a luchar por nuestros derechos, los femicidios no se detienen. El Estado y sus instituciones judiciales no garantizan en lo más mínimo la vida de las mujeres.

Fátima se encontraba albergada en una “Casa de la Mujer”, en Paraná, bajo el cuidado y “protección” del Estado. Su muerte, luego de un sinfín de denuncias y el padecimiento constante de una situación traumática es completa responsabilidad del Estado, al cual ella recurrió solicitando ayuda.

Fátima era una mujer pobre, sin recursos y sometida a la violencia. En esa condición se había acercado al Polo Obrero de Entre Ríos, en el barrio Tiro Federal, para luchar por sus derechos. Como ocurre con miles de mujeres en todo el país, Fátima había encontrado un lugar de apoyo ante la vulneración de todos sus derechos.

Los gobiernos que subordinan sus recursos a un ajuste al servicio  del pago de la deuda, no puede ni quiere garantizar ningún derecho, porque no garantiza ni la vida de las mujeres.

Exigimos justicia por Fátima y denunciar la responsabilidad del Estado. ¡Todas somos Fátima!