Luego de 80 días de cuarentena, los reclamos del amplio sector de empleadas domésticas continúan sin satisfacción en Córdoba y en todo el país. Durante este período han denunciado de manera permanente todo tipo de atropellos patronales, que van desde la modificación unilateral de la categoría laboral para obligarlas a retomar tareas laborales durante la cuarentena, hasta humillaciones, recortes salariales y despidos. La gran mayoría no tuvo acceso al Ingreso Familiar de Emergencia, y las que lo percibieron lo hicieron como parte del salario que debían abonar los empleadores. El sindicato mantuvo las puertas cerradas y toda respuesta fue la derivación al abogado de la entidad gremial para llevar las denuncias de forma aislada al Ministerio de Trabajo; el mismo que junto al gobierno provincial avaló el congelamiento indefinido de la paritaria salarial 2020.

 

Pero no conforme, el gobierno de Juan Schiaretti, con el silencio cómplice de la burocracia sindical, pretende ir más lejos en la vulneración de derechos, legitimando un régimen de servidumbre por fuera de la reglamentación laboral y gremial. Recientemente el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) definió un “protocolo” que deberán respetar las trabajadoras domésticas de casas particulares a partir de la vuelta al trabajo, establecida a partir de este jueves 11 de junio en las “zonas blancas” de toda la provincia de Córdoba.

 

 

Tras la pantalla de una serie de “sugerencias” y “recomendaciones” para evitar posibles contagios, el protocolo constituye un compilado de obligaciones y deberes que solo alcanzan a las trabajadoras, sin imponer ninguna carga al empleador. Se reglamenta exhaustivamente los deberes de seguridad que deberán respetar ante cada actividad por realizar, como ir de compras, las tareas de cocina, el lavado, el planchado, entre otras. Por ejemplo, establece que antes de salir de su domicilio, el personal debe tomarse la temperatura y, si tiene más de 37,5°C, no debe concurrir a trabajar, pero no establece la obligatoriedad del pago de salario correspondiente. Es un aspecto central, porque durante la cuarentena los descuentos salariales han sido el denominador común.

 

Por otro lado, se establecen directivas para el traslado del personal desde su vivienda hasta el domicilio de trabajo, entre los que sugiere el no uso del transporte público de pasajeros y “coordinar” con el empleador medios alternativos. En la provincia hace dos meses que el transporte interurbano está de paro, y un mes en el caso del urbano de la ciudad de Córdoba, porque los trabajadores no cobran salarios. Durante todo este tiempo los usuarios-trabajadores han costeado de su bolsillo el gasto de los traslados; nunca existió obligación patronal al respecto. No es descabellado presumir que no hay posibilidad alguna de “coordinación” en disparidad de condiciones, y que se está legitimando esa situación usando la pandemia como excusa.

 

Entre las nuevas cargas que deberán asumir las trabajadoras se establece la de contar con un kit de higiene personal y el uso permanente de barbijo, y se imponen varios cambios de ropa e indumentaria para el traslado y durante las tareas laborales del día, que incluyen salidas a hacer las compras. No solo la responsabilidad de todo esto recae sobre la parte trabajadora, sino también los gastos que implica.

 

Cabe destacar que recién en mayo las trabajadoras domesticas debían percibir el segundo tramo del aumento salarial dispuesto por el gobierno nacional durante la emergencia sanitaria, completando el 10% de aumento contra una inflación que ya supera 11% en lo que va del año. De esta manera, las trabajadoras que integran a la quinta categoría (la más numerosa del ramo, que realizan tareas generales, limpieza, mantenimiento, lavado, planchado, cocina, etc) cobran por hora $ 144,50 y un salario mensual de $ 17.758,50, muy por debajo de la canasta familiar.

 

 

Ante esta situación, un agrupamiento de empleadas domésticas autoconvocadas salió al cruce de este documento oficial antiobrero  que pretenden instituir como protocolo de bioseguridad. Han organizado una juntada de firmas para rechazarlo y reclamar la creación de un verdadero protocolo de bioseguridad a cargo de las trabajadoras, para que se les provea de la ropa, el calzado e indumentaria de trabajo, kits de protección  personal y que se abonen los gastos de traslados. Ante la grave situación económica y de vulnerabilidad que atraviesan, en su mayoría jefas de hogar, reclaman la apertura de las paritarias 2020 y una adecuada recomposición salarial de acuerdo a la inflación y al elevado costo de la canasta familiar. Con todos estos reclamos preparan presentaciones ante la entidad gremial Sinpecaf, el COE, el Ministerio de Trabajo y el Gobierno provincial.

 

Desde la banca del Partido Obrero-Frente de Izquierda hemos presentado un proyecto de ley en la legislatura para la protección integral de las trabajadoras domésticas durante la pandemia. Exigimos su tratamiento y aprobación inmediata, y apoyamos el proceso de lucha hasta conquistar cada uno de sus reclamos. El 16 de mayo, sus reclamos serán parte del pliego de reivindicaciones que levantará el Plenario del Sindicalismo Combativo en la provincia.