Un informe del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales dependiente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, publicado en el medio Comercio y Justicia, difunde que en promedio ingresan cinco causas relacionadas a aborto por año. Según el mencionado texto, en la última década solo fueron investigados 53 casos sobre hechos de aborto, que sólo representaría el 0,01% del total de causas anualmente investigadas en la provincia. De acuerdo al informe se desarrollan en la justicia menos causas que las denunciadas en los centros de salud, lo que es presentado como muestra de una Justicia condescendiente.

Para Comercio y Justicia, “el informe advierte, asimismo, que pese a realizarse todas las prácticas en un contexto de clandestinidad, aquellos casos en los que se realizó una intervención quirúrgica con aparentes mejores condiciones sanitarias el acceso al aborto implicó el pago de una contraprestación monetaria de montos variables pero significativos”. Además, en el caso de abortos contra la voluntad de la mujer “fueron principalmente realizados en su propia vivienda (70%) y mediante empleo de la fuerza física (75%) perpetrada por su pareja o ex pareja”. No hay estadísticas sobre la condena recibida por parte de los agresores.

Sin embargo, esta Justicia es la misma que bloqueó la Interrupción Legal del Embarazo y el acceso a la pastilla del día después y la anticoncepción gratuita. Es decir que es responsable por favorecer los embarazos no deseados y obligar a la clandestinidad del aborto. El Poder Judicial defiende un interés de clase que es el que liga a las Iglesias y el Estado, intereses a los cuales sirve la opresión que sufrimos las mujeres. Ha sido la ola verde la que arrancó que en la provincia se cumpla con la ILE, hace tan solo un año, cuando fue denegado el recurso extraordinario presentado por la ONG católica Portal de Belén que bloqueaba la adhesión al protocolo de aborto no punible.

Para terminar con la criminalización del aborto y garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva es necesario luchar por la inmediata la creación de un Consejo Autónomo de Mujeres, independiente de los gobiernos y con presupuesto, para que sean las propias mujeres las que organicen la defensa y vigencia de todos nuestros derechos.