El Poder Judicial de la provincia de Córdoba informó que desde que se decretó la cuarentena obligatoria ya se registraron más de 5.000 llamadas a las líneas vinculadas al área de violencia familiar y de género. Un promedio de 300 llamadas diarias donde el 66% corresponden a violencia de género, abuso sexual y violencia familiar; el 23% a violaciones a las medidas de restricción; y el 11% a situaciones de violencia cometidas sobre terceras personas -vecinas, amigas o conocidas. 

Asimismo, a esta violencia doméstica, agravada por el aislamiento, se le suman otras que flagelan aún más la situación de las mujeres; las encuadradas en la Ley 26.485 de Protección Integral de la Mujer que considera, dentro de los diferentes ámbitos donde se desarrolla la violencia de género, la violencia institucional y la volencia laboral. La institucional es la realizada por “las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley”. Y la violencia laboral es "aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo”.

Letra muerta

El organismo central de atención a la víctima de violencia, el Polo Integral de la Mujer, hoy flamante ministerio, fue levantado sobre cimientos de precarización y vaciamiento de áreas claves. Entre las “innovaciones”, de un día para otro vaciaron el área de Asistencia y removieron a les trabajadores a Constatación. Para sostenerlo, en vez de atender a la víctima de manera puntual implementaron la asistencia grupal.   

Las trabajadoras precarizadas del programa CbaConEllas, despedidas en medio de la pandemia, todavía esperan cobrar las “changas” con las que componían su salario, migajas extras ($2.000) que les ofrecía el Estado para promocionar el cotillón de un organismo explotador (stand “Punto Mujer”). 

En el ministerio, el núcleo de planta permanente convive con la diversidad de contratados, “conveniados” y becarios. Un grueso de los profesionales que hoy por la cuarentena están detrás del teléfono asistiendo a las víctimas cobra $28.000, los mismos y magros ingresos que tienen desde diciembre, cuando por medio de la lucha consiguieron elevar los $20.000 que les pagaban.  

Siguen siendo $11 por mujer, el resto es para el FMI

La crisis sanitaria ha acelerado el ajuste que ya se venía implementando. Al no haberse votado presupuesto para este año, por la subordinación de éste a los acuerdos con el FMI, los pesos para combatir la violencia de género son los mismos que designó el macrismo en diciembre de 2018, pero completamente devaluados y en medio del horror de la pandemia. Hoy las víctimas de violencia se encuentran atrapadas con su agresor en una atmósfera de mayor tensión y vulnerabilidad por el hacinamiento que recorre los barrios populares.

La dependencia económica es uno de los problemas que más atraviesa el vínculo enfermizo de la víctima y el victimario, sobre todo si existen niños de por medio. Y es que el espejo que tienen estas mujeres en medio de la crisis son las madres solteras que hoy no saben qué hacer con sus criaturas mientras son obligadas por la patronal a asistir al trabajo, violando las licencias especiales que el mismo Estado desconoce cuándo pone a las docentes madres a trabajar desde sus casas, sobrecargadas y sin ninguna contemplación. 

Las miles de llamadas que se registraron hasta ahora caen en saco roto si las mujeres no salen del terreno más peligroso que es el propio hogar. La mayor parte de los femicidios son el resultado de un largo historial de malos tratos y denuncias desoídas. 

Por una salida con las que nos cuidan

Desde el Plenario de Trabajadoras exigimos la reincorporación de las trabajadoras despedidas. Pase a planta permanente del conjunto de lxs trabajadorxs precarizadxs y reforzamiento de todas las áreas de atención. Que se expropien los predios de la iglesia para refugios y asistencia a las víctimas. 

Mientras los organismos dependientes de los gobiernos tienen como prioridad pagarle al FMI, la deuda con las mujeres crece proporcional a sus víctimas. Vamos por un Consejo Autónomo electo por las propias mujeres desde los 13 años.