Días atrás se dio a conocer que el fiscal de instrucción del Distrito 3 Turno Uno de Córdoba, Andrés Godoy, solicitó el sobreseimiento de una mujer que se encuentra imputada por el delito de usurpación, por ser aplicable la causa de justificación establecida en el artículo 34 inciso 2 del Código Penal; que plantea que se debe absolver a quien obrare violentado por fuerza física irresistible o amenazas de sufrir un mal grave e inminente.

Este pedido se basa en la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra la mujer. Tal como dicta la instrucción, “la imputada se encuentra al cuidado exclusivo de cinco niños, inclusive su hija menor de edad (17 años, madre también), que se encontraba bajo el mismo techo, y presumiblemente puede suponerse que económicamente a su cargo”. La fiscalía sostiene que “la imputada fue víctima de violencia por razones de género, al punto que su expareja fue aprehendido por tal motivo” y que “es un deber del Estado procurar satisfacer y cubrir la necesidad de una vivienda digna”.

Esta petición de sobreseimiento desarrollada por el representante del Ministerio Público Fiscal es un importante precedente contra los desalojos, si tenemos en cuenta que el déficit habitacional afecta principalmente a mujeres, jefas de hogares, que sufren o han sufrido violencia.

No obstante, vale aclarar que la perspectiva de género que se aplica en este caso contra un propietario particular es diametralmente opuesta a la política del gobierno, que avanza en reprimir las ocupaciones de tierras, tal como ocurrió en Estación Ferreyra, cuando la guardia de infantería avanzó contra mujeres y niños que luchaban por el acceso a la tierra y la vivienda, arrasando con topadoras las precarias casillas de madera y ocasionándole heridas a decenas de personas e incluso quebrando a una joven embarazada.

Desde el Plenario de Trabajadoras junto al Polo Obrero denunciamos hasta el hartazgo la grave situación habitacional que tiene como principales damnificadas a las mujeres, y por eso hemos impulsado múltiples instancias de organización y lucha que fueron acompañadas con distintas presentaciones en el Polo Integral de la Mujer para que se ponga en pie un plan de protección para las mujeres sin vivienda, que parta de la base de prohibir el desalojo forzoso y la judicialización de mujeres cabeza de familia que se encuentren ocupando precariamente terrenos, así como la garantía del acceso a la tierra y a planes de vivienda digna.

Este caso marca un antecedente en ese sentido, pero es necesario que se generalice al conjunto de mujeres que atraviesan una situación similar. Para ello es necesario seguir profundizando la acción directa contra este régimen social de miseria y hambre, es por eso que las mujeres piqueteras que luchamos por el acceso a la tierra y la vivienda digna participaremos de la marcha federal piquetera, por este y todos los derechos que nos faltan.