Como resultado de la falta de atención médica, Cintia Santamaria, detenida en el penal de mujeres de Bouwer, parió el miércoles 29 de julio a su bebé muerto, quedando ella en grave estado de salud. Al día 3 de agosto, continúa en terapia intensiva, tras habérsele realizado cuatro transfusiones de sangre; y permanece aislada, sin que pueda visitarla su familia.

Cintia se encuentra detenida desde el 29 de septiembre de 2018 en el penal de esa localidad cordobesa, a cargo del fiscal Sicardi, sin condena firme y con prisión preventiva por el delito de fraccionamiento de estupefacientes.

Estaba embarazada con fecha de parto para los primeros días de agosto de este año. Su estado de salud y su embarazo eran de riesgo; además padecía de anemia crónica, encontrándose medicada por esa razón. Ese miércoles 29 por la mañana comenzó a tener fuertes dolores abdominales y junto a sus compañeras pidieron varias veces atención médica urgente al Servicio Penitenciario. Luego de más de dos horas de reclamo, el médico del establecimiento la revisó y sin explicación la devolvió al pabellón. Esa misma tarde Cintia se descompensó en su celda y recién a las 20 horas fue trasladada a la Maternidad Provincial, donde detectaron una fuerte hemorragia interna. Por la noche tuvo lugar el parto.

Desde el viernes 31 de julio, la causa pasó a estar a cargo de la Cámara Cuarta.

El caso de Cintia es el de numerosas detenidas que pueblan los sistemas carcelarios, donde abundan las mujeres que ingresan al negocio mafioso del narcotráfico como “mulitas” movidas por la miseria social y la marginación que alcanza particularmente a las mujeres. Cintia es madre de ocho hijes que la esperan fuera de la cárcel y, a pesar de que la justicia federal -interviniente por tratarse de un delito federal- le dio lugar al pedido de prisión domiciliaria, fue la justicia provincial la que le denegó el beneficio. El caso contrasta con el trámite exprés mediante los cuales ex represores de la dictadura militar y reconocidos estafadores de la provincia obtuvieron arrestos domiciliarios durante la pandemia.

Durante el aislamiento social obligatorio la OMS, la ONU y la Cámara de Casación Penal, entre otras, recomendaron otorgar prisión domiciliaria y morigeraciones de penas a personas que estén privadas de su libertad por delitos leves, que estén prontas a salir en libertad o con prisiones preventivas; con el criterio de dar prioridad a las que conforman los grupos de riesgo ante la pandemia. La justicia provincial creó la Cámara de Receso Judicial Extraordinario de Córdoba, a cargo de los vocales Marcelo Jaime, Inés Lucero y Martín Bertone, que evaluó 380 pedidos de prisión domiciliaria durante los primeros meses de pandemia, solo algunos consiguieron el beneficio.

A Cintia le tocó padecer las torturas del Servicio Penitenciario de Córdoba. Le tocó tener que gritar, llorar, sufrir una hemorragia interna y parir a su bebé muerto sin atención médica. Esto no ocurre por primera vez en la cárcel: el año pasado, Grecia Catalina Gómez perdió un embarazo de cuatro meses por no ser llevada a tiempo al hospital.

El Estado argentino ha sido condenado y/o advertido internacionalmente por organismos de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, por el uso ilegal o abusivo del encarcelamiento preventivo y repetidas violaciones a los derechos humanos de las detenidas por parte del Servicio Penitenciario. La violencia obstétrica, el abandono y la ausencia total de asistencia médica adecuada a mujeres privadas de la libertad son calificadas internacionalmente como “tortura”.

 

Desde la organización anticarcelaria y de Derechos Humanos Córdoba se ha emitido un comunicado de denuncia responsabilizando al Sistema Penitenciario, la justicia y el gobierno provincial. Desde la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda presentamos un pedido de informes en la Legislatura y de interpelación al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que rindan cuenta de la situación de las mujeres en las cárceles de Córdoba. Ni Una Menos en las cárceles. El Estado es Responsable.