Mujer

6/4/2022

Córdoba: violaciones grupales y la responsabilidad del Estado

Sólo el 3% de las denuncias de abusos sexuales en las infancias (ASI) llegan a juicio.

Foto: Raúl Ferrari

El pasado 5 de abril se dio a conocer que quedó firme la elevación a juicio de la causa contra cuatro jóvenes acusados de abusar sexualmente de una adolescente de 16 años. El ataque sexual habría ocurrido durante una fiesta que tuvo lugar en agosto de 2021, en un domicilio particular en la ciudad de Deán Funes. Por el hecho la Fiscalía de Instrucción a cargo de la causa le atribuyó a los imputados el delito de abuso sexual con acceso carnal calificado por pluralidad de autores.

Según la acusación, la víctima aceptó tener relación con uno de los imputados en una habitación pero luego los otros ingresaron al cuarto, sin su consentimiento, y abusaron de ella.  Mientras este aberrante hecho ocurría, algunos de los involucrados impedían que el resto de las personas pudieran asistir a la joven, que pedía ayuda a gritos.

Un hecho similar ocurrió en la localidad de Villa Dolores en marzo pasado, cuando una adolescente de 17 años, fue violada por 3 hombres a la  salida de un conocido local nocturno de la ciudad, ubicada en el Valle de Traslasierra.

Pero estos  casos no son  hechos  aislados, por el contrario, la violencia sexual es una situación habitual desde la niñez. Así lo dejó demostrado el suceso que conmovió al país semanas atrás, cuando seis jóvenes  fueron detenidos luego de haber sido sorprendidos mientras violaban en grupo a una chica de 20 años en pleno día y en el centro del barrio porteño de Palermo, acontecimiento que hizo  que se extendiera la indignación y el abordaje del tema.  Así mismo son múltiples los casos de esta índole, muchos de los cuáles quedan impunes como consecuencia del accionar de un Estado y una justicia misógina.

El cuadro es tan evidente que, en la provincia de Córdoba, solo el 3% de las denuncias de abusos sexuales en las infancias (ASI) llegan a juicio, el resto queda en un falso diagnóstico conocido como Síndrome de Alienación Parental (SAP), por medio del cual el poder judicial vulnera los derechos de las infancias y adolescencias, desestimando los testimonios mientras criminaliza a las madres protectoras.

A su vez  son innumerables los casos donde la impunidad parte de la propia cabeza de los gobiernos que absuelven y encubren a violadores. Así lo pone de relieve  la lucha que está impulsando el pueblo de Villa Dolores para que se condene al dirigente local de Hacemos por Córdoba,  Roberto Clavero, quién abusó de su hijastra desde los 3 años hasta su adolescencia y cuya causa se activó luego de la presión social, tras haber sido archivada durante décadas.

El caso de Diego Concha, exdirector de Defensoría Civil, a quién intentaron encubrir por la violación de Luana, joven que se quitó la vida luego de realizar la denuncia, es un ejemplo más del rol del Estado.

Asimismo vale hacer mención al rol del aparato represivo como reproductor del sometimiento hacia las mujeres y diversidades. Al ya insoslayable dato de que el 25% de femicidios se cometen en manos de miembros de las fuerzas de (in) seguridad, se le debe añadir la destitución  de jefes de distintas departamentales  por denuncias de abuso sexual, acoso laboral y misoginia. En estos días se dio a conocer un audio de la exdirectora policial de Jesús María, donde, con un discurso machista, profesaba “las mujeres somos peligrosas, traicioneras, histéricas, tóxicas y locas”, entre otras cosas.

La alianza del Estado con la iglesia es un elemento de peso en toda esta situación. En Córdoba esa ligazón no solo nos ha negado el acceso a los abortos no punibles durante años, también ha bloqueado la ESI, laica y científica, cuando es una herramienta fundamental para la detección temprana de los abusos.  La prédica oscurantista del clero ha llevado, además, al encubrimiento de abusos eclesiásticos.

Es que los abusos sexuales son una de las formas más perversas de una larga cadena de violencia a las que somos sometidas las mujeres y que tienen como principal responsable al Estado y sus instituciones, al ser garantes de la reproducción de estructuras sociales que se valen de la opresión y el disciplinamiento de las mujeres para consolidar la explotación del conjunto de la población.

Por eso es necesario profundizar  la lucha independiente y unificar las causas bajo el reclamo por justicia contra esta barbarie que no puede quedar impune. Vamos por un concejo autónomo y un fuero especializado con cargos electos y revocables que dé respuestas a nuestras demandas. Separación de la iglesia y el Estado. Efectiva implementación de la ESI  laica y científica.