La noche del 13 de junio de 2018 hacía un frío polar, pero centenares de miles de personas en todo el país durmieron fuera de sus hogares, en las vigilias que colmaron plazas, colegios y facultades para imponer a la Cámara de Diputados el aplastante apoyo popular a la legalización del aborto. Los votos positivos no alcanzaban todavía a la madrugada, tras meses de tratamiento parlamentario, pero aparecieron cuando una marea verde de más de un millón de personas mantuvo rodeado el Congreso hasta el final de la sesión. Fue el día en que la presión del impactante ascenso del movimiento de mujeres fue más fuerte que todos los vasos comunicantes de las iglesias sobre los partidos del régimen.

Las columnas de secundarias que llegaban movilizadas desde sus colegios, las activistas sindicales y piqueteras, familias enteras,  formaron una inmensa columna que desde la esquina de Rivadavia y Callao llegó hasta la 9 de Julio y la Avenida Corrientes. Como durante cada audiencia en la que se debatió en torno al proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, la multitud hizo saber que estaba atenta a cada posición y a cada voto. Del otro lado del vallado policial, la movilización con pañuelos celestes para defender la clandestinidad del aborto, organizada con el financiamiento y el aparato institucional de las iglesias, fue marginal. Por la mañana del 14, la euforia por la media sanción fue unánime.

Ese hito en una lucha de décadas, que tomó un fuerte envión desde aquel 3 de junio de 2015 en que irrumpió el multitudinario grito del Ni Una Menos, mostró a un vastísimo movimiento que la movilización popular puede doblegar a un parlamento no solo sometido al clero sino además responsable de los mayores atropellos contras las condiciones de vida del pueblo trabajador.

El intenso debate que recorrió los lugares de trabajo y estudio, barrios y casas, sacó a la luz que le dicotomía planteada es “legal o clandestino”, y que además de una cuestión de salud pública es una lucha fundamental “por terminar con un instrumento del Estado contra las mayorías populares, que intenta disciplinar y establecer las bases de dominio de una gran parte de la población bajo principios de tutelaje, discriminación jurídica, imposición de roles a las mujeres”, como planteó Romina Del Plá en el propio recinto de Diputados. Desde esa perspectiva, alegó que “esta irrupción de la ola verde tiene que ver con romper ese tutelaje de la Iglesia y del Estado. Somos parte de esa lucha como parte de la lucha por la emancipación de la mujer, de la mano de la lucha contra toda explotación del hombre por el hombre”.

Dos meses después el rechazo del Senado mostraría que no hay uno solo de los partidos del régimen dispuesto a romper con el clero. Hoy, cuando Alberto Fernández posterga la presentación que anunció enfáticamente en su discurso de apertura de sesiones legislativas, el movimiento afronta nuevos desafíos. La fortaleza de una ola verde que se expresa por la vía de la movilización callejera de masas es el terreno para superar todos los bloqueos políticos e imponerse finalmente sobre el Estado y sus partidos, para conquistar el aborto legal, la educación sexual y la anticoncepción gratuita, como mojones hacia la emancipación de la sociedad toda de la opresión