En una entrevista en Radio Con vos, ayer el presidente Alberto Fernández volvió a hacer declaraciones sobre su pretendida voluntad de avanzar en la legalización del aborto. Después de más de un mes de archivar el tema, sin siquiera hacer mención a este reclamo, sostuvo que ya tiene una ley redactada “desde el 1° de marzo” y que “no la hemos mandado (al Congreso) porque estamos con otras urgencias”.

Pero, como pasa con el impuesto a las grandes fortunas, el proyecto no aparece por ningún lado. Es falso que el combate a la pandemia haya sido impedimento para avanzar, al menos, en una presentación del proyecto en el parlamento –que incluso hubiera servido para abrir un estudio y un debate sobre su contenido entre el amplio universo de quienes venimos luchando por este derecho. Desde el día cero del aislamiento social obligatorio hasta hoy, se han presentado una batería de proyectos de distintos diputados y de todos los bloques; perfectamente podría haber ingresado cualquier proyecto del Poder Ejecutivo.

Para el gobierno la legalización del aborto “no es una urgencia”, pero para las miles de mujeres que sufren la clandestinidad sí lo es. Y la cuarentena no revirtió el problema, sino que lo agrava, como lo muestra el incremento de la violencia contra las mujeres, confinadas en sus hogares muchas de ellas junto a sus agresores, que en un amplio espectro son miembros del propio grupo familiar. La cuarentena creó un escenario que condujo al incremento de los femicidios (¡ya llevamos la friolera de una treintena en lo que va de la pandemia!) y que también favorece la proliferación de embarazos no deseados.

En este terreno también, las “urgencias” del gobierno se alejan abismalmente de las necesidades de las mayorías populares y de las mujeres. Al presidente “le urge” arreglar con los bonistas y usurarios la sangría del pago de los vencimientos de deuda; a las mujeres y el pueblo trabajador nos urge la defensa de nuestras vidas, el trabajo y el salario, la defensa de la salud y el derecho a no ser forzadas a llevar a término un embarazo no deseado o producto de una violación, y a no morir en la clandestinidad.

Sí hay proyecto de legalización del aborto, que se trate el de la Campaña

Lo que omitió Alberto Fernández en sus declaraciones radiales, es que no hace falta ningún proyecto del Ejecutivo para avanzar en este derecho. Tiene pleno estado parlamentario el que presentó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en mayo del año pasado, y que es por el que nos movilizamos más de dos millones de personas que construimos la ola verde.

El proyecto con el que tanto amaga el gobierno, por el contrario, es a todas luces fruto de negociaciones con el Vaticano. Fernández anunció que avanzaría en un proyecto propio en los mismos días que se entrevistaba con el Papa, y toda su orientación ha sido –y se agudiza en cuarentena- reforzar el papel de las iglesias en los distintos ámbitos de intervención del Estado y en la vida social. Dicen que quieren legalizar el aborto y, al mismo tiempo, lo tienen el ministro de Educación, Trotta, negociando los contenidos de ESI con el episcopado -luego de que a fines del años pasado, los bloques parlamentarios del Frente de Todos y Juntos por el Cambio acordaran dejar morir la modificación de la ESI, para que se laica y científica, en el Congreso. Toda la política del gobierno, en los hechos, apunta a reforzar el oscurantismo que predica el sometimiento de las mujeres como seres tutelados –que tiene su piedra angular en el derecho a decidir o no ser madres.

El planteo de que el “proyecto propio” del gobierno solo persigue contener un poderoso movimiento de lucha y habilitar al mismo tiempo todo tipo de concesiones al clero (que podrían venir de la mano de la objeción de conciencia institucional, escrita o en los hechos, mientras se preserva el emporio de las empresas ligadas a la curia en el sistema de salud de todo el país), es cada vez más fundado.

Ni ministerio ni capacitaciones, queremos nuestros derechos

La demagogia gubernamental en materia de “género” se ha puesto a la orden del día. La creación de un ministerio, que ni siquiera destina presupuesto a “urgencias” como la asistencia a mujeres víctimas de violencia, ha mostrado su completa inocuidad. Gómez Alcorta se dedica a recorrer distintos ámbitos para hacer “capacitaciones en género”. Ayer fue el turno de la Cámara de Diputados. Aprovecharon “un bache” para una capacitación exprés, de un par de horas, en el simulacro de que el discurso de la funcionaria fuera a modificar el desprecio por las mujeres que reina en las instituciones del Estado.

Más que eso, lo que tiene que hacer el Congreso es avanzar de una buena vez con la aprobación del proyecto de la Campaña por el aborto legal. Esta semana se supone que habrá una primera sesión. Se están adecuando los recursos técnicos para habilitar el funcionamiento legislativo después de más de un mes de parálisis. Pues bien, que incorporen el aborto legal y den satisfacción a una causa que abrazamos millones.

Este 3J, pongamos en pie un nueva jornada de lucha por #NiUnaMenos por ninguna forma de violencia, ni femicidios ni aborto clandestino, enfrentando al Estado responsable. Desde el Plenario de Trabajadoras impulsaremos la coordinación de acciones en todo el país, bajo distintas modalidades, porque la lucha por nuestros derechos no se toma cuarentena.