Un nuevo femicidio sacude a la provincia de Córdoba, es el cuarto en lo que va del año. Anahí Melisa Luna, de 26 años, fue asesinada a puñaladas por su ex pareja el viernes por la noche en la localidad de La Falda. Anahí era madre de dos niñas, una de ellas, de dos meses de edad fue rescatada viva en el lugar del hecho. El agresor recientemente había salido de la cárcel y sobre él pesaba una orden de restricción que violó para matar a Anahí.

Solo un día antes de este hecho, se registró en San Carlos Minas el femicidio de  Beatriz Gallardo, de 39 años de edad. Su pareja la ultimó a cuchilladas en presencia de tres de sus ocho hijos y luego se dio a la fuga. El agresor fue atrapado a las pocas horas y se encuentra a disposición de la justicia, mientras que los menores quedaron a cargo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). En este caso, si bien la víctima no había logrado radicar denuncias, era conocido las palizas y golpes que le propinaba su pareja, tratándose de un final anunciado.

El primer caso de este año acaeció el 6 de enero con el hallazgo del cuerpo sin vida de Dayana Moyano en un descampado del barrio “Ciudad de Mi Esperanza” que despertó la indignación popular y la denuncia  a la responsabilidad estatal. El segundo tuvo lugar el 10 de febrero con el femicidio de Patricia Gabriela Giménez en barrio La France, asesinada a balazos por su pareja, quien luego se suicidó.

Este alarmante escenario de violencia se presenta solo a dos semanas del discurso del gobernador Juan Schiaretti en la apertura de sesiones de la legislatura provincial, mediante el cual hipócritamente intentó destacar su política en materia de género. Para desbaratar la impostura del discurso oficial solo alcanzaría con enunciar los casos que han tenido lugar este año, pero se debe destacar que no estamos ante una situación excepcional, ya que en los últimos cuatro años el promedio de femicidios superó los 23 casos. Aparentemente, este año no será la excepción que rompa lo que ya es una regla en nuestra provincia. 

Responsabilidad estatal

La previsibilidad de estos casos ha sido hartamente enunciada por las trabajadoras del Polo Integral de la Mujer, que mediante sus asambleas desde diciembre vienen denunciando la precarización laboral, los salarios de miseria, el vaciamiento presupuestario, y  los escasos recursos para dar asistencia a las víctimas de trata, violencia y delitos contra la integridad sexual. La voz autorizada de estas trabajadoras, ni ninguna de sus demandas ha sido contemplada en el presupuesto de ajuste 2019, votado por la legislatura provincial, y la política en materia de género continúa reduciéndose a la demagogia estéril del gobierno, incapaz de reducir la violencia de género que tiene como caldo de cultivo el avance de la carestía sobre las familias trabajadoras.

La lucha del movimiento de mujeres bajo la consigna #NiUnaMenos ha puesto de relieve la responsabilidad del Estado y forjado demandas concretas para terminar con la violencia, que comprenden la asistencia integral, el acceso a la vivienda digna, trabajo estable y derechos laborales de género. Todo eso ha sido desoído y la respuesta estatal es nula. En efecto, a tres años de la creación de la “Comisión de Genero” en el seno de la legislatura, no solo mantiene cajoneados los proyectos de ley presentados por el Partido Obrero- FIT y organizaciones de mujeres, sino que además,  siquiera ha sesionado para emitir pronunciamiento alguno, por ejemplo contra la flagrante violación de derechos de mujeres y niñas ante el bloqueo del aborto no punible desde hace 7 años en la provincia.

Por un Consejo Autónomo de Mujeres

Es evidente que ninguna respuesta para el movimiento de mujeres provendrá de las fuerzas políticas que pactan con la Iglesia, tampoco de las que hacen demagogia con la lucha de las mujeres mientras mantienen sumidas en la desocupación, en la precariedad laboral y la miseria a las trabajadoras, entre ellas las que deben asistir a las mujeres en situación de violencia. Los reclamos del movimiento de mujeres son incompatibles con el brutal ajuste que despliega el gobierno provincial en sintonía con el gobierno nacional y el FMI.

La creación de un Consejo Autónomo de la Mujer, electo, con cargos revocables, bajo control de las organizaciones de mujeres, con presupuesto acorde, cobra gran relevancia en esta instancia como herramienta para tomar en nuestras manos la dirección de las políticas necesarias que permitan  poner fin  a la violencia y opresión que impone el régimen y sus fuerzas políticas contra las mujeres.  Las masivas asambleas hacia el 8 de marzo, “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, para poner en pie el paro efectivo en cada lugar de trabajo y estudio, desnudan la potencialidad de un movimiento que en un año de elecciones no está dispuesto abandonar las calles para la conquista de sus reclamos.