Este domingo 18 de julio, Silvina del Valle Contreras, de 47 años, fue víctima de femicidio luego de que su expareja, Guillermo Adrián González, de 52 años, le disparara varias veces y finalmente se quitara la vida. El hecho ocurrió en el barrio Almirante Brown, de la ciudad de Córdoba.

Según trascendió a los medios Silvina se encontraba en la casa del agresor para asistirlo con alimentos, ya que González estaba quebrado. Los vecinos escucharon gritos y varios disparos de arma de fuego, por lo que llamaron a la policía, quienes al ingresar se encontraron con el cuerpo de dos personas. Según voceros de la causa, todas las pistas apuntan a un femicidio seguido de suicidio.

Teniendo en cuenta los primeros informes que se desprenden de la investigación, el femicida tenía denuncias de su expareja por violencia de género desde el año 2017 y una orden de exclusión y restricción de hogar desde el año pasado, momento en el que Silvina logra separarse finalmente. También existen registros de la incautación de un arma de fuego en el año 2014.

Silvina se convierte en la décima víctima de femicidio de la provincia de Córdoba, en lo que va de 2021. Aunque, cabe recordar que los medios solo hablan de 9 casos, desconociendo el femicidio de Emilse Gajes. Hoy nos faltan: Ivana Módica, Miriam Farías, Emilse Gajes, Liliana Stefanatto, Melisa Moyano, Nilda Peano, Ivana Juárez, Gabriela Lencina, Katherine Saavedra y Silvina del Valle Contreras.

Frente a este nuevo de caso de femicidio, que nos conmueve profundamente, se demuestra una vez más que el Estado y los gobiernos son quienes tienen responsabilidad al promover la violencia de género, sostenida por la falta de acceso a la Educación Sexual Integral laica y científica en las escuelas a la par de un sistema integral y eficaz de asistencia a las víctimas de violencia de género. Por otro lado, un sistema judicial que no escucha y revictimiza constantemente a las mujeres y diversidades sexuales y de género.

Denunciamos y hacemos responsable al Estado, que destina deliberadamente el presupuesto al pago de una deuda usurera, impactando directamente en un recorte y vaciamiento de recursos para la puesta en marcha de políticas que protejan a las mujeres y diversidades víctimas de violencia de género. En este sentido, vamos por un Consejo Autónomo, independiente de las políticas de los gobiernos municipales, provinciales y nacional.

Justicia por Silvina y todas/es las víctimas de violencia de género. El Estado es responsable.