Mujer

6/5/2015|1362

Denuncia de una red de trata pone contra las cuerdas al gobierno de Urribarri


La denuncia de Cristina Escobar en el “Encuentro Binacional de Sensibilización y Fortalecimiento Institucional sobre Trata, Tráfico, Violencia de Género, Abuso, Explotación Sexual”, organizado por la monja Martha Pelloni en la Universidad de Entre Ríos, incrimina al poder político y empresarial de la provincia en varios crímenes contra niñas y adolescentes a través de una red prostibularia VIP organizada por el locutor Gustavo Alfonzo, actualmente imputado por haber secuestrado, drogado y sometido sexualmente a la hija de Escobar, de 16 años.


 


Según denunció la joven en cámara Gesell, fue forzada a mantener relaciones sexuales con el hijo del gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, con un senador y con el titular del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf). Ante la inquisitoria sobre si había sido obligada a tener sexo con todos al mismo tiempo, la joven respondió que no porque había varias chicas en su misma situación en ese momento.


 


La odisea de Cristina Escobar para dar con el paradero de su hija se resuelvió a través de un testigo espontáneo que le indicó la ubicación del departamento donde estaba cautiva y le advirtió que se apurara porque en “dos días la mataban o la vendían”.


 


Cristina, junto a su hermano y la policía local, encontraron a la menor en condiciones de salud deplorables. El captor no fue detenido al momento del rescate, aunque actualmente tiene prisión preventiva a la espera de un juicio que comenzará recién a fines de año, porque, según recriminó Escobar, “éste es un año electoral”.


 


Más aberrante aún es la advertencia que recibió de parte del fiscal Mario Mautone, quien le “recomendó” que no avanzara con la denuncia “porque se estaba metiendo con gente muy pesada”. Este fiscal, sobre quien recae la responsabilidad del Estado de hacer la acusación pública, parte del principio del encubrimiento y la impunidad para los funcionarios y los hijos poder. Esta orientación encubridora del Poder Judicial reproduce lo actuado por el fiscal Carlos Albaca en el caso de Paulina Lebbos, para beneficio de la camarilla Alperovich-Rojkés.


 


En este caso, como en el de Río Negro, aparecen implicados en la red de explotación y abuso de menores funcionarios responsables de instituciones que formalmente son las encargadas de velar por los derechos de los menores y la niñez, develando que detrás de los ampulosos programas contra la violencia de género y la defensa de los derechos humanos se esconden funcionarios a sueldo y empresarios que utilizan el Estado como una herramienta al servicio de satisfacer sus intereses privados, negociados y perversiones personales.


 


Como en tantos otros casos de captación con fines de explotación y esclavitud sexual, las principales víctimas son mujeres pobres, engañadas por sus captores. En este caso, la joven desapareció después de terminar su jornada nocturna como promotora de un boliche que regenteaba Alfonzo. Según relató Cristina Escobar, su hija habría aceptado este trabajo nocturno apurada por la manutención de su hijo, ya que los tres estaban viviendo de los ingresos de Cristina, que trabaja como ordenanza en una escuela. Según el Indec, Concordia es la ciudad más pobre del país.


 


Pongamos en pie una comisión de familiares independiente del Estado que luche por el juicio y castigo para los proxenetas y el poder político que los encubre y ampara. Organicemos una gran movilización popular reclamando el desmantelamiento de las redes de trata y trabajo digno para las y los trabajadores de Entre Ríos. Corresponde desenvolver una campaña política contra la impunidad de los funcionarios y los hijos del poder.