La Curia está en campaña. En todas las iglesias del país, este domingo, se leyó una carta del Episcopado que insta a los católicos “y a todos los hombres de buena voluntad” a oponerse a la interrupción del embarazo, incluidos los casos en que la ley lo permite. El aborto, dice el documento, “es igual al homicidio de un niño”. No hay una sola línea de distanciamiento —no digamos condena- de las amenazas de bombas contra los hospitales ni de los aprietes contra los médicos mendocinos y platenses. La Iglesia no le hace asco a ningún método.

La carta es una respuesta a la indignación generalizada ante la cobardía del gobierno para garantizar los abortos de las chicas violadas en Mendoza y La Plata. Las encuestas confirman que medio país apoya la legalización en todos los casos y el 80% apoya que se aplique a toda mujer violada.

El gobierno hace mutis por el foro, a pesar de que la primera causa de muerte materna y de ocupación de camas hospitalarias sea el aborto clandestino. ¡Hay más de mil abortos por día!

Ginés González García y los ministros de Salud provinciales navegan en la más ridícula impotencia. El bonaerense Claudio Mate se atrevió a sugerir a las mujeres que “vayan por izquierda, porque las van a traicionar las instituciones públicas” (Página/12, 16/8). Una propuesta doblemente siniestra, porque el mismo Mate reconoce que las que llegan desangradas a los hospitales son las más pobres, que no pueden pagarse los abortos que él llama “por izquierda”, el 40% de ellas adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años.

El ministro de Salud mendocino no se queda atrás. El aborto de C.C.A. también fue clandestino. Aunque se practicó en un hospital público, el gobierno ocultó el nombre de la institución y de los médicos “para protegerlos”. ¿De quién? De las fuerzas de choque y del aparato legal de la Iglesia. El gobierno confiesa así que es impotente para defender a los médicos de la avanzada clerical. Impotente y cómplice. Aunque en Mendoza “voceros del Ministerio de Salud manifestaron preocupación por ‘las amenazas realizadas por personas ligadas a las ONG que rechazan la práctica abortiva’” (Clarín, 23/8), ninguno denunció a estas bandas, que ya habían actuado durante el Encuentro de Mujeres. No es de extrañar: en el municipio de Las Heras se distribuyen folletos contra el uso del preservativo, el DIU y los anticonceptivos con el logo de la Intendencia (Diario Uno, 5/8), y en toda la provincia han aumentado un 50% las denuncias a las mujeres que llegan con aborto incompleto a los hospitales (Los Andes, 12/7). El gobernador Cobos, socio privilegiado de Kirchner, se había pronunciado contra el aborto a C.C.A., a pesar de que tiene una edad mental de cuatro años y no puede trasladarse por sí misma. Fue la conmoción popular lo que los obligó a hacerlo. Y la valentía de la madre de C.C.A., que apuntó certera contra Cobos, la Iglesia y la Justicia: “Están amparando al violador” (Página/12, 22/8).

Otro progresista asustado es el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, quien sostuvo que “en un proyecto de Código Penal no se debe reformar la materia de aborto”, porque genera una polémica, que “se come a la discusión penal”. “Que sea otra discusión que se deba la sociedad, dejemos el aborto como está”, concluyó (Página/12, 26/8). Que tomen nota las que creen que en el progresismo las mujeres tenemos aliados.

A contramano de lo que afirman quienes buscan desesperadamente un ala progresista en el gobierno, el régimen K ha agudizado todas las políticas de opresión sobre la mujer. La negativa a practicar los abortos contemplados por el Código —que antes se hacían sin intervención de la Justicia-, el aumento de las denuncias, el fracaso rotundo de la aplicación de Ley de Procreación Responsable, son algunas de sus expresiones. Como complemento de esta política, el 46% de las asalariadas trabaja en negro y, por lo tanto, está al margen de toda la legislación protectora de la maternidad, incluida la licencia prenatal y el subsidio por nacimiento.

Tenemos que votar en el Encuentro de Mujeres de Jujuy un plan de lucha que imponga en las calles la despenalización del aborto, su inclusión gratuita en el sistema de salud y todas las reivindicaciones que hacen a la defensa de la vida y la salud de las mujeres. Que exija la separación de la Iglesia y el Estado.

La marcha del 28 de septiembre —Día Latinoamericano por la Despenalización del Aborto- debe ser un paso en ese camino.