Tras la indignación generalizada que generó el dictamen del fiscal Fernando Rivarola en la causa por la violación colectiva llevada adelante por la llamada Manada de Chubut, donde considera el hecho como “un accionar doloso de desahogo sexual”, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se limitó a escribir un tweet cuestionando “la falta de perspectiva de género en la administración de la justicia” y planteando como solución la “capacitación de muchxs integrantes del Poder Judicial”.

Lo que la ministra oculta es que el accionar de Rivarola no es un caso aislado, sino que es una muestra más de la responsabilidad del Estado y del Poder Judicial en la violencia hacia las mujeres. ¿O acaso no paso lo mismo con el caso de Lucía Pérez? Un femicidio en donde se absolvió a los acusados alegando que la joven tenía experiencia sexual y era consumidora habitual de drogas. La impunidad de que gozan los hijos del poder no es un problema de formación, si no de los intereses de clase que defiende la Justicia; intereses a los cuales sirve la opresión que sufrimos las mujeres. En este cuadro, el tweet de Gómez Alcorta es una lavada de cara a los jueces y fiscales.

No sorprende que esta sea la respuesta de un Ministerio que para enfrentar los femicidios -que aumentaron considerablemente durante el aislamiento social- únicamente desarrolló la campaña del “barbijo rojo”, sin destinar un solo peso para medidas verdaderamente efectivas contra esta situación, que garanticen la preservación de las mujeres. Son las limitaciones de un gobierno cuyo principal objetivo es el pago de la deuda.

Por eso, lo que realmente es necesario es la elección de jueces y fiscales mediante el voto popular y la revocabilidad de sus cargos, para desmantelar el entramado de complicidades del Poder Judicial. Igualmente, la creación de un Consejo Autónomo de Mujeres, independiente del gobierno de turno, para que realmente se tomen medidas contra toda la violencia que recae sobre las mujeres bajo este régimen social. En oposición a la lavada de cara de la ministra de la Mujer, reclamamos la destitución del fiscal Rivarola, y la cárcel para todos los integrantes de la Manada de Chubut.