Mujer

17/6/2015|1368

DESPUES DEL 3J

Por la organización independiente de la mujer trabajadora


Una movilización extraordinaria de más de 300.000 personas inundó las calles y plazas de las principales ciudades, municipios y pueblos del país contra el femicidio y todas las formas de violencia hacia la mujer. Tras este terremoto social, el movimiento de mujeres tiene que preparase para una nueva fase de la lucha por sus derechos.


 


La presidenta del Consejo Nacional de Mujeres, Grass, anunció la creación de un registro de femicidios, previsto desde 2009 en el marco de la ley 26.485, bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y elaborado en coordinación con el Indec. Resulta dudoso que este organismo, que durante doce años ocultó lisa y llanamente los crímenes contra las mujeres, apure la publicación de este terrible legado en materia de derechos humanos del gobierno de CFK.


 


Higton de Nolasco también recogió el guante e intentó excusarse en la demora, planteando que para la Justicia es difícil discernir un homicidio de un femicidio. Para Zaffaroni, los crímenes de odio tienen como destinatarios a minorías sociales a las que se quiere aleccionar con un metamensaje, algo que no aplicaría a un colectivo que representa más de la mitad de la población. Este intelectual del derecho desconoce la situación de debilidad a la que están sometidas las mujeres en Argentina, no por su número, sino por su estatus social y jurídico inferior, tal como se desprende de la penalización del aborto, que asigna al Estado la tutela sobre su cuerpo y a la Iglesia sobre su moral.


 


De conjunto, la falta de cifras oficiales responde a la necesidad estratégica de los poderes del Estado de ocultar conscientemente el fracaso de las políticas de asistencia y prevención a las mujeres víctimas de violencia, cuyas muertes podrían haber sido evitadas. La estadística oficial es sólo un elemento en la lucha contra los femicidios y de ninguna manera un fin en sí mismo.


 


 


Perspectiva de clase


 


Ante la avalancha de denuncias públicas sobre la misoginia policial, la ministra de Seguridad María Cecilia Rodríguez salió a plantear que la política de seguridad democrática del gobierno ha dado a las fuerzas represivas una perspectiva de género al incorporar mujeres policías. La ministra explota así estereotipos sociales para ocultar que la violencia nace de un régimen político que defiende intereses sociales minoritarios por la fuerza.


 


Los privilegios que da el poder, como el uso de armas de fuego, los reconocemos en casos como el de Iara Carmona, cuyo violador, un policía bonaerense, fue absuelto contra todas las evidencias del caso. El desamparo de las mujeres alimenta importantes negocios de comisarios, fiscales, jueces y funcionarios, como la red de explotación sexual regenteada por la secretaria general de Ammar Capital, que funcionaba detrás de una pantalla de trabajo autónomo en connivencia con el comisario del destacamento de San Miguel.


 


Grass salió, a su vez, a reivindicar el programa Ellas Hacen, cooperativas de trabajo que reúnen a unas 60.000 mujeres víctimas de violencia, encargadas de construir sus propios refugios. Las compañeras del Polo Obrero denuncian que en esas cuadrillas trabajan como albañiles en jornadas de ocho horas por 2.600 pesos. El cuadro de precarización se cierra con la obligatoriedad de cursar el Plan Fines, una devaluada variante de la educación secundaria. Los 24 centros que anuncia Grass están muy lejos de las necesidades reales y el presupuesto es una migaja comparado con el pago de la deuda externa.


 


Paso a las luchadoras


 


No podemos esperar nada de este Estado. Hizo falta un Argentinazo para que el gobierno distribuyera anticonceptivos de calidad en los hospitales, una demanda que levantaron las mujeres piqueteras de la ANT. La negativa a legalizar el aborto muestra el entrelazamiento estratégico entre la burguesía nacional, el imperialismo y la Iglesia por el control social de las masas oprimidas. 


Sin la abolición de la explotación capitalista es imposible la emancipación de la mujer. Las medidas transicionales sólo pueden ser arrancadas a fuerza de grandes luchas y de la organización política independiente. La propuesta de poner en pie un Consejo Nacional de Mujeres autónomo plantea el empoderamiento de las mujeres con independencia política de los partidos de Estado.


 


Desarrollemos esta perspectiva en vinculación directa con la lucha por nuestras reivindicaciones.