La mujer trabajadora, la mujer precarizada, la que trabaja todo el día en el hogar, la que es despedida de su trabajo por la recesión, la estudiante, la profesional, todas tenemos un enorme desafío político este 8 de marzo, el día internacional de la Mujer trabajadora.

 

El crimen de Estado que representa la muerte de Nisman ha sacado a luz las conspiraciones de los servicios de espionajes y la responsabilidad política del gobierno y de todas las instituciones del Estado y sus partidos. También puso sobre la mesa el vinculación de los espías con el abuso y explotación directa de las mujeres, pero, por sobre todo, la impunidad con la que protegen la trata de personas y el narcotráfico, los que están estrechamente ligados. Martins, Stiusso, “Lauchón” son los nombres públicos de la inteligencia asociados a la prostitución, la trata y al narcotráfico. La violencia contra la mujer se impulsa desde los rincones más sensibles del Estado. El gobierno ha resistido durante dos años cualquier modificación de la ley de trata de personas para luego reglamentar solamente un aspecto mínimo de ella. El genocida Milani, a cargo de una institución en la que se calculan que aún persisten más de 1.000 protagonistas de la dictadura -la cual, entre otras prácticas, sometía mujeres con torturas, violaciones y secuestro de niños- es más de lo mismo en este cuadro de descomposición política y estatal.

 

Transitamos estos doce años con miles de mujeres muertas por la política de aborto clandestino, que acaba de ser reforzada con la aprobación del Código Civil reformado a gusto del Vaticano. Otras tantas murieron por falta de acceso al sistema de salud. La tasa de mortalidad materna no deja de crecer. Las cifras oficiales hablan en total de un crecimiento de la muerte de mujeres gestantes entre 2012 y 2013 de alrededor del 30%. Las cifras deben ser tomadas con reserva, porque en estos doce años también se armó un Indec sobre la salud de las mujeres.

 

La mujer sufre doblemente la precarización laboral; representa la mayoría aplastante de los planes sociales, por la que acceden a montos de 400 a 2.400 pesos por mes, sin ningún tipo de cobertura y a merced de punteros municipales. Es superexplotada por las agencias de trabajo, sometida al fraude laboral en cooperativas truchas o directamente por patronales negreras. La industria de la indumentaria y el trabajo en el campo -un infierno de explotación familiar- se desarrollan totalmente en negro; las burocracias sindicales son cómplices de este crimen social.

 

Mientras la renta financiera aumenta sin pagar un centavo de impuestos, el trabajador debe pagar ganancias, la jubilación para amas de casa la paga el trabajador con sus aportes a la Anses, ya que la política de redistribución se produjo entre los propios trabajadores que ya no cobran asignaciones familiares y que pagan sus aportes jubilatorios. Más del 60% de los jubilados cobran la mínima, ya que representa un cuarto de la canasta familiar, incluidas las mujeres que no pudieron acceder a un régimen jubilatorio: esa es una muestra de esta “redistribución”.

 

Las postales de los intendentes terratenientes kirchneristas y massistas -vinculados con la explotación sexual de mayores y menores, la trata y otros delitos que afectan en especial a las mujeres- son el rostro de un fin de ciclo. Salta tiene los índices más altos de feminicidios, el abuso de menores y la trata por parte de intendentes terratenientes del espacio del gobierno K es una constante. En Santiago del Estero, el intendente de La Banda, denunciado por abuso, contó con la complicidad del kirchnerismo y del massismo. Esta es la década de Marita Verón y de Paulina Lebbos, de la criminalización de la mujer y de la impunidad. Una asamblea pública en Tucumán ha votado la declaración de la emergencia en derechos humanos, en especial los de la mujer y el niño.

 

Las mujeres trabajadores enfrentamos a un régimen social de explotación: nuestra salida es la unión con el movimiento obrero y la izquierda para imponer un gobierno de trabajadores y de trabajadoras.

 

La agenda de las mujeres es clara: la legalización del aborto, la eliminación de la objeción de conciencia para denegar atención sanitaria a mujeres y adolescentes; el pase a planta de todas las mujeres precarizadas y condenadas a trabajos en cooperativas, planes sociales o cualquier otra variante de precarización laboral; por la sindicalización masiva de la mujer trabajadora, por el acceso a la vivienda que establezca como prioridad el universo de mujeres a cargo de hogares, el aumento presupuestario para la salud con el fin de lograr el acceso adecuado de la población a la misma, la elección por parte de las mujeres de jueces y fiscales que deberán entender en cuestiones de violencia de género, la elección del Consejo Nacional de las Mujeres, su autonomía económica y de gestión.

 

Que se abran los archivos de todos los servicios de espionaje, por la destitución del jefe de espionaje del Ejército, César Milani, quien debe ser condenado por delitos de lesa humanidad. Juicio y castigo a todos los culpables.