22/07/2020

Día Internacional del Trabajo Doméstico

En 1983, durante el Segundo Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, se acordó declarar el 22 de julio como el día Internacional del Trabajo Doméstico.

El trabajo doméstico es una tarea eminentemente femenina que se realiza o de forma no remunerada o bajo condiciones salariales y laborales totalmente precarizadas. Una cosa está relacionada con la otra. Su alta identificación con las mujeres no es responsabilidad ni de ellas ni de ellos, lo es de un Estado y de una clase social minoritaria y propietaria de los medios de producción, que construyó esos roles sociales para cuidar la fuerza de trabajo y poder explotarla con mayor efectividad y para colocarla en un lugar subalterno que la ubicara en mejores condiciones para ser superexplotada. El capital trató de explotar todos los beneficios que esta estructura, apalancada por las iglesias, le reportaba.

Según el último informe de la OIT del mes de abril “1,4 millones de trabajadoras, de acuerdo con la última Encuesta Nacional a Trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad (Ecetss). Esta fuerza de trabajo representa el 5,6 por ciento del empleo, el 17,4 por ciento de las mujeres ocupadas y el 22 por ciento de las mujeres asalariadas del país. Sin embargo, existe una alta tasa de informalidad en este segmento: 3 de 4 trabajadoras no está registrada y, por lo tanto, no accede a derechos laborales ni protección social”. Por su parte las mujeres representan el 47,5% del conjunto de la fuerza laboral y las mujeres se encuentran insertas en el mercado laboral peor pago.

Entre el total de empleadas domésticas, 950 mil no tienen ninguna cobertura en salud y de las que sí están registradas, muchas tampoco lo tienen porque el porcentaje de descuento no les permite acceder prácticamente a ninguna atención. Todas ellas deben recurrir al hospital público. Según la OIT el 44% de las mujeres trabajadoras de casas particulares son jefas de hogar y la mayoría de ellas tienen entre 35 y 54 años.

Según la misma fuente, la mujer dedica un 45% más de horas de trabajo diarias a la “tarea doméstica” (3 vs 4 y media) que los hombres.

Ese casi millón y medio de mujeres que ejerce el trabajo en casas particulares, son a su vez jefas de hogar y, siéndolo o no, mayoritariamente llegarán al hogar y realizarán aún más tareas domésticas. El universo de estas mujeres está reducido a una socialización totalmente limitada a los miembros de los hogares que debe asistir. Frente a esta realidad algunas propuestas consisten en proponer que continúe el eterno confinamiento de estas mujeres pero, a cambio de un ingreso asistencial que el Estado pagará con la recaudación del IVA un impuesto regresivo que pagamos los y las trabajadoras mayoritariamente y con plata de los aportes jubilatorios de los trabajadores. Es importante ver la naturaleza de estas iniciativas gubernamentales en su conjunto. El financiamiento de toda la asistencia en nuestro país corre sobre las espaldas de los propios trabajadores. El gobierno no para de rebajar impuestos y aportes patronales mientras deja intactos los que les tocan pagar a los trabajadores.

No hay perspectiva para ellas para avanzar en trabajos productivos, con obras sociales que respondan, ni permiso para la socialización con el resto de la sociedad, deberán conformarse con alguno de los planes que el gobierno está poniendo en pie y como ocurrió en el pasado el gobierno más que convertirlo en un peldaño hacia el trabajo registrado y genuino, lo convertirá en una generalización de ingresos asistenciales para toda la población trabajadora del país. En esto consisten los planes patronales, de la CGT y del gobierno para impulsar reforma laborales.

La vara con la que se mide esta problemática se encuentra muy baja. Los planteos no salen del enfoque de que hay que educar al varón trabajador para que él también realice esas tareas. No existe en general una dimensión que tenga en cuenta ni las cuestiones de clase ni que desenvuelvan las responsabilidades del Estado sobre esta cuestión. Todo lo que se les ocurre recae sobre las familias obreras: aunque el Estado las eduque en el machismo, ellas mismas deberán “deconstruirse” y también vivir encerradas en sus hogares por dos mangos. Algo no cierra en esta ecuación.

Bajo la cuarentena, de acuerdo a un reciente estudio de la Universidad de Lanús, un 20% de las trabajadoras en relación de dependencia y registradas fue despedida sin derechos. Esto habla de la calidad de la legislación que se aprobara en el Congreso en el año 2013 bajo el gobierno de CFK. Para las mujeres ni legislaciones de calidad ha sabido producir la democracia capitalista.

Por su parte fueron objeto de todo tipo de atropellos que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad observó sin que las funcionarias actuales o su numeroso comité de asesoras “ad-honorem” levantaran la voz. Frente a esto no puede descartarse el dato de que la gran mayoría de ellas son empleadoras del trabajo en casas particulares. Aunque el consenso generalizado es que hay una cuestión de género en la discriminación laboral que sufre este colectivo de trabajadoras, el nuevo Ministerio de las Mujeres no incluyó medidas concretas sobre este colectivo e hizo pasar como una política favorable a ellas el fortuito cobro de la IFE, al que muchísimas no pudieron acceder por pertenecer a un hogar en el que su pareja cobra un plan social de $8.500.

El IFE hasta hoy representó un refuerzo de unos 4.500 pesos mensuales para las familias que lo cobraron, una cifra que apenas cubre el incremento de gastos en servicio en el hogar como fruto del aislamiento.

Para el caso de las mujeres que cargan sobre sus espaldas el conjunto de la tarea doméstica ya sea porque están solas y con hijos menores, o ya sea porque su pareja trabaja muchas horas fuera del hogar o ya sea por el hecho de que uno de ellos o ambos tienen la concepción prolijamente inducida por el Estado y sus iglesias, de que la tarea doméstica es cosa de mujeres, lo cierto es que ningún organismo refiere a la cuestión de la socialización de las tareas del hogar ni al abandono por parte del Estado de iniciativas que estaban relacionadas en el pasado con el agitado concepto de bienestar social y que hoy han desaparecido hasta del lenguaje de un ala institucionalizada del feminismo local.

Centros deportivos gratuitos, lugares de esparcimiento artísticos, lugares para la recreación y formación de adultos mayores, jardines para niñxs desde los 45 días en los lugares de estudio y de trabajo, lavaderos comunitarios entre otras iniciativas han sido eliminadas. Para la observadora de esta realidad bastaría con el que el hombre muchas veces tanto o más superexplotado que ella trabaje también en el hogar. La mirada de clase que trasunta este “análisis” tiene un peso que sólo las trabajadoras organizadas pueden desmoronar.

Por su parte en nuestro país la ley de 2013 coloca al Estado prácticamente como el único responsable de establecer un techo salarial que desde entonces acompaña el salario mínimo vital y móvil, hoy en $16.875.

Al gobierno de Alberto Fernández no le alcanzaron las 40 asesoras que tiene para registrar dos cuestiones fundamentales: el incremento salarial para el gremio de mujeres más grande del país, resorte que está enteramente en manos del gobierno y el control a través del Ministerio de Trabajo para que las y los empleadores cumplan con las pautas laborales exigidas por las trabajadoras. Tan es así que el gobierno a través de la Anses dominado por el camporismo, ni siquiera se dignó a emitir una resolución para impedir que bajo la cuarentena se realizaran traspasos compulsivos de categorías de 5 a 4 (dedicada a los cuidados de personas, declarada esencial) para obligarlas a ir a trabajar. Nada. La concepción patronal es muy profunda.

A esto hay que sumar los enormes costos que las mujeres pobres están padeciendo teniendo que convivir en cuarentena con hombres golpeadores o violadores, frente a lo cual el Estado tampoco dio ninguna respuesta, teniendo que asistir con el colegio a los hijxs y padeciendo las arbitrariedades patronales que les significó recortes salariales, pérdida de empleos, descuentos del IFE y todo tipo de atropellos. Mujeres registradas y no registradas y amas de casa que no cobran remuneración por sus tareas, todas están hermanadas por esta realidad bajo la cuarentena.

Queremos la solidaridad al interior de la familia obrera, el respeto y erradicar la discriminación, no al servicio del gobierno y las patronales para que la descarga de las responsabilidades sobre esta realidad no recaiga sobre los gobiernos y el Estado. La queremos para que juntas, juntos y juntes emprendamos la tarea de unir fuerzas contra el Estado, las patronales y sus gobiernos responsables de tanto maltrato contra las mujeres trabajadoras.

Duplicación ya del salario de la trabajadora de casas particulares. Subsidio de 30 mil para todas las desocupadas. Obra pública para la puesta en pie de jardines, lugares de esparcimiento y deportivos. Contratación bajo modalidad de empleo permanente para atender estos lugares.

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