Mujer

28/5/2015|1365

El 3 de junio y después: Levantemos un programa contra la violencia hacia la mujer

La bancada del PO-FIT presentará en el Congreso un proyecto que partirá del problema político fundamental: definir quién tendrá la responsabilidad de aplicar las políticas contra la violencia de género.


En sus extensos discursos en las numerosas cadenas oficiales CFK no dedicó un momento al aluvión de hechos de violencia contra la mujer.


 


Luego del asesinato de Chiara Páez, informaciones periodísticas dieron a conocer nuevos casos en las localidades mendocinas de Guaymallén y Maipú; en Río Segundo, Córdoba; en el departamento de Anta, Salta y, el más conocido en estos días, en Monte Hermoso, donde una pueblada condenó el asesinato de la joven Catherine Gabriela Moscoso, de 18 años.


 


Las principales convocantes a la marcha del 3 de junio han presentado un programa de cinco puntos bajo el lema “De la foto a la firma”. Los puntos contemplan la elaboración de estadísticas oficiales, la creación de fueros regionales especializados en violencia contra las mujeres con competencia en materia civil y penal, la reglamentación en su totalidad de la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género y la asignación de recursos para su aplicación, la incorporación de la temática de violencia en las currículas educativas y la creación de un Ministerio de Igualdad de oportunidades para varones y mujeres. Este esfuerzo por elaborar un programa constituye una delimitación política de todos aquellos funcionarios y sectores del aparato del Estado que buscan encubrir su propia responsabilidad detrás de una foto y una consigna, y en ello radica su mérito.


 


Nuestro programa


 


La bancada del Partido Obrero-Frente de Izquierda presentará en el Congreso de la Nación un proyecto que contempla algunos de los puntos (como la elaboración de estadísticas oficiales, la incorporación de la temática de violencia en las aulas y la demanda de que se asignen los recursos necesarios) como parte de un programa integral que parte del problema político fundamental de definir quién tendrá la responsabilidad de aplicar estas políticas.


 


Objetamos la capacidad de acción de un Ministerio de Igualdad de oportunidades subsumido a la lógica del Estado capitalista. Un organismo de estas características sería otro Consejo Nacional de Mujeres sujeto al gobierno de turno y que no podrá resolver ninguno de los eslabones de la violencia que azota a las mujeres con la complicidad del Estado.


 


La posición del centroizquierda del GEN, Libres del Sur y el MST de declarar la Emergencia Nacional por violencia de género omite también este punto, desconociendo la experiencia de Salta que, bajo la batuta de Urtubey, continúa siendo la provincia con mayor cantidad de casos de violencia de género. El punto central de nuestro programa parte de la creación de un Organismo Autónomo de Mujeres (OAM), electo por el voto universal directo de mujeres mayores de 13 años, que funcione de forma autárquica y autónoma del resto de los poderes del Estado, y cuente con una partida presupuestaria administrada de forma independiente. Un organismo fundado sobre bases populares y responsable ante las mujeres, ya que sus miembros serán mujeres electas por dos años, cuyos cargos serán revocables.


 


Nuestro proyecto plantea, entre otros puntos:


 


• centros de atención gratuita en cada uno de los barrios de los 24 distritos del país, atendido las 24 horas por un equipo multidisciplinario de planta permanente;


 


• subsidio extraordinario a la mujer víctima de la violencia de género equivalente a la canasta familiar. Trabajo estable y en blanco. Que el Estado reserve el 3% de su plantel a mujeres en situación de violencia;


 


• casas-refugio de carácter transitorio. Una cada 20.000 habitantes. Asignación del 7% del Presupuesto Nacional de Viviendas a viviendas para grupos familiares en riesgo por violencia de género;


 


• jardines maternales en los lugares de trabajo y estudio o su equivalente dinerario;


 


• cumplimiento de la licencia de género en el marco de la ley de Contrato de Trabajo;


 


• prohibición a las mutuales y obras sociales de dar de baja su cobertura a la mujer y el grupo familiar víctima de la violencia de género.


 


A partir de este programa promovamos un amplio debate para organizar un poderoso movimiento de mujeres capaz de arrancar estas reivindicaciones y ser parte de una alternativa política propia de los trabajadores.