Entre los que votaron en favor de la legalización del derecho al aborto fue muy común escuchar que se trata de una cuestión de “salud pública”. Este concepto fue repetido por diputadas y diputados de distintos partidos políticos. En el caso de la Legislatura de la Ciudad, donde el tema se debatió el jueves último, adquirió casi un carácter excluyente. Así, derecho al aborto equivaldría a una cuestión de asepsia social, que sólo puede ser rechazado en nombre de preceptos religiosos o dogmáticos.

¿Pero, es correcto afirmar que el derecho al aborto es una cuestión de “salud pública”? Pese a que indudablemente lo es, siendo que la prohibición de ese derecho conlleva a la muerte y la mutilación de centenares y miles de mujeres, presentarlo como una medida de “salud pública” es un reduccionismo equivocado -en tanto no logra captar todas las determinaciones que le dan su contenido concreto. En particular, se termina omitiendo los condicionamientos sociales que producen, primero, los embarazos no deseados, y en segundo lugar, la decisión de las mujeres o en otros casos de las parejas, a realizar una interrupción de dicho embarazo.

Los embarazos no deseados y muchísimos tipos de enfermedades tienen en común que con una política de prevención pueden reducirse significativamente -el embarazo no deseado, por ejemplo, con una política pública que incorpore la educación sexual y la difusión y entrega gratuita de anticonceptivos. Hasta aquí, entonces, la comparación es completamente legítima. Pero sólo hasta aquí. Sucede que una vez que una mujer está embarazada debe decidir si sigue adelante o no con su embarazo, algo que no ocurre con las enfermedades, que más allá de las diferencias entre sí, requieren tratamientos para combatirlas. Las causas que determinarán su decisión son de diferente índole: desde cuál es su deseo de vida en ese momento, los vínculos de pareja establecidos, hasta la situación social que enfrenta y le posibilitan o no llevar adelante una maternidad en condiciones adecuadas. Estas determinaciones, como se ve, ya no dependen de la mujer sino que son independientes de ella y escapan a su dominio individual. Son condicionamientos establecidos por un régimen social, que condiciona por completo una decisión “libre”. Veamos un ejemplo: una mujer puede decidir interrumpir su embarazo porque ella y su pareja están desocupados. Su decisión, en este caso, difícilmente puede ser calificada como “libre”, dado que fue impuesta por las condiciones de explotación y miseria del capitalismo que ella, obviamente, no eligió. En este caso, el derecho al aborto legal se transforma en una cuestión de salud pública para evitar el daño ulterior que produciría un aborto ilegal en condiciones inadecuadas; pero la interrupción del embarazo estuvo determinado por cuestiones sociales que escapan al domino de la mujer y se le presentan ante ella de manera hostil.

¿Entonces, el “derecho al aborto es el FMI”, como dijo en una audiencia de la Cámara de Diputados un cura villero? Obviamente, no. El clero aquí se valió de su ‘pata izquierda’ para defender una política reaccionaria y oscurantista. Por nuestra parte, no tenemos dudas que de imponerse el pacto con el FMI, dadas las graves consecuencias sociales que traerá aparejado para el pueblo, se crean condiciones propicias para que más mujeres decidan interrumpir su embarazo o, dicho al revés, se afectan decididamente las condiciones necesarias para llevar adelante la maternidad. Pero la Iglesia, en vez de llamar a luchar contra el FMI -o sea, contra el capitalismo-, quiere negarles a las mujeres el derecho elemental a defenderse, obligándolas a seguir adelante con embarazos que no pueden afrontar. Así, además de los planes de ajuste del FMI, deberán soportar la clandestinidad del aborto.

La afirmación unilateral de que el derecho al aborto es sólo una cuestión de “salud pública” responde a una visión liberal de la sociedad, que omite las determinaciones sociales que condicionan la libertad de decisión y elección. No es casual, por lo tanto, que sea el argumento más usado por las diputadas y diputados de los partidos de la clase capitalista, que quieren limitar la acción del movimiento de la mujer a la ampliación de ciertos derechos dentro del marco capitalista, mientras se niegan otros, como el derecho al trabajo, a la vivienda, a un salario equivalente a la canasta familiar, etc. El programa socialista de la mujer es otro: para conquistar la verdadera capacidad de decidir, incluido el más elemental de todos que es sobre el propio cuerpo, es necesario terminar con un régimen basado en la explotación y opresión. El capital reclama una explotación cada vez mayor de los cuerpos y la energía de las trabajadoras y los trabajadores, con sus reformas laborales y la suba de la edad jubilatoria. Las necesidades sociales no están dictadas por la libre decisión de la sociedad, sino determinadas por la acumulación capitalista; es el mercado el que ‘crea’ las necesidades, y no al revés. El monopolio de los medios de comunicación por parte del capital le otorga también un instrumento de dominación ideológica que busca justificar y naturalizar a la sociedad de explotación.

Por todo lo dicho, la “interrupción voluntaria del embarazo” será realmente tal cuando la sociedad capitalista sea sustituida por otra en la cual cada uno pueda aportar, según sus posibilidades, y recibir, según sus necesidades.

La gigantesca lucha que permitió conquistar la media sanción del proyecto de aborto legal es el método que, a una escala aún mucho más vasta, deberemos desarrollar para terminar con el capitalismo y abrir camino a una sociedad realmente humana.