En un nuevo capítulo de su giro político, Alberto Fernández acaba de anunciar que presentará su propio proyecto de legalización del aborto. Luego de haber ignorado el tema durante la mayor parte de la campaña electoral -durante la cual sostuvo que el aborto legal no era un tema “urgente” ni prioritario en su agenda-, pasó del planteo de la despenalización (una devaluación del reclamo) a pronunciarse en favor de la legalización desde México; luego participó de la actividad de presentación del libro sobre el emblemático caso de Belén, y ahora anunció que desde el Poder Ejecutivo enviará un “proyecto propio” al Congreso.

Según se difundió en los medios, Alberto declaró que descarta que se trate el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto antes de fin de año, como reclamó Romina Del Plá, llamando la atención sobre que la nueva composición del Congreso será más desfavorable. También planteó que “no tiene que haber dos pañuelos”, insistiendo en una reconciliación entre pañuelos verdes y celestes -como si ignorase el carácter fascistizante que representa la política de las iglesias en esta materia.

La presentación de un proyecto distinto al de la Campaña tiene un sentido particular, ya que en lugar de mejorarlo -como podría ser a través de extender las semanas de gestación para la legalización completa o anunciar con el mismo la producción de misoprostol por parte del Estado-, servirá para consensuar con el clero una ley que, según recientes palabras de un ex embajador argentino en el Vaticano e integrante del Frente de Todos, es “irreversible”. 

Somos partidarios de la más amplia legalización, hasta las 22 semanas de gestación (ley inglesa) y de excluir por completo la práctica del Código Penal e impedir el uso del “homicidio agravado” para estos casos, lo que es una premisa fundamental contra todo tipo de criminalización y persecución de las mujeres y los profesionales de la salud que garantizan derechos. No obstante, corresponde hacer un frente único para apoyar la legalización y por eso acompañamos el proyecto de la Campaña, que plantea la legalización hasta las 14 semanas de gestación y no reconoce la objeción de conciencia.

Aborto legal y reforzamiento de las iglesias

El presidente electo, mientras hace estos anuncios, al mismo tiempo convoca a las iglesias a ser una pata fundamental del pacto social, adelantando que se viene una mayor injerencia del oscurantismo clerical en todos los niveles del Estado. Participa de la presentación del libro por Belén, pero refuerza sus vínculos con el gobernador tucumano Juan Manzur que la sostuvo presa -quien ocupará un lugar central en el próximo gobierno, e incluso pugna por colocar a un hombre de su confianza en el nuevo Ministerio de Salud. Lo mismo vale para su apoyo a Jorge Capitanich, el gobernador de Chaco, que inaugura monumentos a la Biblia y se muestra todas las semanas junto a evangélicos y católicos. La lista sigue.

Salida “a la uruguaya”

En Uruguay, la legalización que se aprobó con Mujica es una muestra del intento de conciliar este derecho con el sostenimiento del poder de las iglesias. Abarca hasta las 12 semanas y la persona que quiere interrumpir un embarazo debe atravesar un proceso de consultas, primero con un médico, luego con un “equipo interdisciplinario de al menos tres profesionales” de distintas áreas, integrado por todos los profesionales que así lo deseen “sin discriminaciones de ninguna naturaleza” -es decir, sin excluir a los fanáticos religiosos empeñados en obstaculizar derechos para las mujeres y disidencias. Ese equipo está facultado para intentar hacer desistir a la mujer de su decisión y le impone un “período de reflexión mínimo de cinco días”. Entre otras cosas, los profesionales deben “entrevistarse con el progenitor” -como si la decisión de la mujer no fuera suficiente.

La ley excluye tácitamente a las migrantes que no tengan residencia legal y, para completar, habilita expresamente la objeción de conciencia institucional y a nivel individual -una regresión jurídica que avala la anteposición de prejuicios religiosos al derecho a la salud, y que en nuestro país impacta directamente sobre millones de mujeres que dependen de la atención de sus obras sociales o prepagas. En algunos departamentos enteros sólo hay médicos objetores de conciencia (como en Salto), por lo que no se garantiza el acceso al aborto.

Sin ignorar el avance que representa el hecho de que las mujeres tengan acceso al misoprostol por la vía legal, estas concesiones del gobierno de Mujica al clero son objeto de un debate planteado en el país vecino.

Telón de fondo y tareas para el movimiento de lucha

¿Qué cambios operaron para explicar el giro por parte del nuevo presidente? Una Latinoamérica en llamas. Especialmente, la rebelión popular en Chile y la heroica resistencia del pueblo boliviano al golpe de Estado se configuran como una amenaza para el dominio del capital financiero en toda la región. Para un hombre como Fernández, que pretende gobernar de la mano del FMI y deberá aplicar una agenda antiobrera, el “efecto contagio” de las luchas que sacuden el continente es una preocupación de primer orden.

Mientras el sistema de salud, público y privado siga colonizado por agentes clericales, aún la ley más perfecta puede ser sorteada, como ya ocurre con la Ley de Educación Sexual integral, o con el propio acceso al aborto en el resto del mundo, cuya práctica es denegada a través de la objeción de conciencia. Toda ley debe ir de la mano de la movilización popular, y no del “abandono de las calles” que nos pide el nuevo presidente. 

Defendamos la conquista del mejor instrumento legal que podamos arrancar con la movilización popular y rechacemos todo intento de reforzar las alianzas con las iglesias, que no sólo son enemigas de los derechos de las mujeres sino, como se ha demostrado en América Latina, activas participantes de procesos golpistas como en Brasil y en Bolivia. En esos países, tanto el PT como el MAS subestimaron el poder del clero y les otorgaron grandes beneficios, para terminar luego siendo víctimas de las iglesias reaccionarias.