Los cuatro femicidios que conmocionaron al país el fin de semana pasado reflejan de manera brutal la descomposición de un régimen social. Ocurre que crímenes como estos –que se suceden cada 20 horas en Argentina- encuentran un desarrollo favorable en contextos de miseria, de desocupación y de carestía. El caso de Navila Garay, la joven de 15 años oriunda de Chascomús, es quizás el más claro en este sentido.

Pobreza y violencia hacia la mujer van de la mano

Navila había tenido que dejar el secundario para ayudar a su familia, y trabajaba haciendo tareas de limpieza en casas de familia. Fue esa circunstancia la que la expuso a situaciones de acoso, que habrían terminado en su asesinato por parte de Néstor Garay (con quien no tenía vínculo parental), en cuya casa trabajaba. Este personaje era conocido en Chascomús por abusar de menores de edad como Navila a cambio de ropa, celulares, maquillaje o dinero. Ahora se investiga si él, un sobrino suyo y su ex pareja, tienen vínculos con una red de explotación infantil.

Navila pertenecía a ese sector de la juventud que trabaja en negro, a merced de los abusos de laborales, sexuales y de todo tipo. Es una realidad que afecta a una gran parte de los jóvenes, pero en particular a las mujeres, que componen dos tercios de los llamados “ni ni” (ni estudia ni trabaja) de entre 16 y 20 años.

La brutalidad del Estado

El caso también volvió a demostrar la vigencia de una suerte de protocolo anti protección de la mujer en el accionar de la policía y la justicia, que convierte al Estado en cómplice de los femicidas y los proxenetas. Las denuncias de la familia habían sido desestimadas a la espera de que transcurrieran 72 horas. El cuerpo sin vida de Navila fue hallado cinco días después de desaparecida, y tras ello fueron difundidas imágenes de las cámaras de seguridad del municipio que habían captado a la víctima en una moto con su agresor.

“La que actuó mal es la policía. La fiscal también. En el primer momento que desaparece, que estamos desesperados, tendrían que haber salido ese mismo día a buscarla”, cuestionó la abuela de Navila. Las declaraciones de los vecinos dieron cuenta de las relaciones abusivas de Garay con menores de edad y sus vínculos con la trata. ¿Cómo podía desconocer este hecho la policía, y desestimar las denuncias de la familia?

La indignación que despertó entre los habitantes de Chascomús la inacción policial derivó en una importante movilización a la comisaría. Allí la respuesta fue la represión, lo que a su vez agudizó más la bronca de los manifestantes. Nuevas marchas fueron realizadas en los días siguientes, para exigir justicia.

Es para atacar esta situación que desde el Partido Obrero presentamos, mediante las bancadas del Frente de Izquierda en las legislaturas, un proyecto de ley que establece un protocolo de búsqueda inmediata de personas desaparecidas. Uno de estas iniciativas, bajo la presión de las movilizaciones del movimiento de mujeres, fue sancionada en Córdoba hace pocos días.

A las calles

Más que nunca se plantea ganar las calles para denunciar esta responsabilidad estatal en el flagelo de los femicidios y la trata. Toman a su vez gran vigencia los reclamos por  las reivindicaciones más sentidas, como la apertura de casas refugio, el aborto legal, la educación sexual laica y científica en las escuelas, el desmantelamiento de las redes de trata. Estas exigencias deben ir acompañadas por la lucha contra el ajuste, la desocupación, los despidos y la pobreza, que son el caldo de cultivo de la creciente violencia hacia la mujer. Por eso, la lucha contra los femicidios es también una lucha contra el régimen del FMI.