Un plenario de las comisiones de Trabajo y Familia y Mujer del Congreso comenzó a tratar el proyecto macrista de modificación de la Ley de Contrato de Trabajo (LCC), denominado de “Equidad de género e igualdad de oportunidades en el trabajo”. 

El proyecto del Ejecutivo fue presentado en las vísperas de la enorme movilización y el Paro Internacional de Mujeres del 8M, con la intención de desviar la lucha de las mujeres y embellecer la ofensiva en curso contra las masas. El gobierno que busca profundizar el ataque a los derechos y conquistas obreras con la reforma laboral y flexibilización de los convenios colectivos de trabajo, devaluación, salarios de miseria, y despidos masivos en el Estado –donde el cierre de ministerios implicará un enorme recorte de puestos administrativos donde la mayoría son mujeres– no tiene ninguna intención de revertir la brecha salarial y la discriminación laboral contra las trabajadoras.  Es el gobierno, por supuesto, que dejó correr el lobby clerical contra el derecho al aborto legal para que sigan muriendo trabajadoras por aborto clandestino.

Durante la primera reunión informativa sobre el contenido del proyecto, de la cual participaron Fabiana Túñez, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) y Ernesto Leguizamón, jefe de Gabinete del (ex) Ministerio de Trabajo, Romina Del Plá increpó a Tuñez: “Hoy conocimos que el gobierno redujo el presupuesto para el Plan nacional de prevención y reducción del embarazo en la adolescencia en 129 millones pesos. ¿Qué nos puede decir al respecto?”. La directora del Instituto de Mujeres le respondió ¡que no estaba al tanto!

El proyecto

Presentar este proyecto como el “combate a la brecha salarial” es una estafa de proporciones. El principio igual salario por igual trabajo ya está taxativamente contemplado en la Constitución Nacional (art. 14 bis), que tiene un rango superior a cualquier ley y que, sin embargo, no ha impedido que la brecha salarial entre hombres y mujeres ascienda al 30% en nuestro país, y al 40% entre el trabajo informal. Bajo el amparo de todos los gobiernos, las patronales han violentado sistemáticamente cualquier restricción a la discriminación salarial. La nueva redacción de los artículos de la ley de contrato de trabajo sobre no discriminación e igualdad salarial ni siquiera contempla sanciones ni impone obligaciones para las patronales, y ni menciona que el Estado deba realizar controles o auditorías. Por el contrario, se pone la carga en el eslabón más débil de la cadena, colocando en la trabajadora discriminada la responsabilidad de actuar en su defensa frente a las patronales.

En materia de licencias, el proyecto también es una estafa. Se reduce la licencia por fallecimiento de padres, por días de exámenes, y las llamadas “licencias particulares” son a costa de la antigüedad y sin goce de sueldo. Se incorporan algunas licencias especiales que son reclamos muy sentidos por el colectivo de mujeres, como licencias por adopción o tratamientos de fertilización asistida, pero con plazos irrisorios. En el caso de la licencia por violencia de género, el límite máximo de 10 días corridos la vuelve completamente inocua. Peor aún, el funcionario del ahora ex ministerio de Trabajo explicó a los legisladores que esa licencia es para hacer trámites y el resto de días que la víctima necesite deben ser “por enfermedad” –como sucede actualmente. ¡Es decir que no habrá licencia por violencia de género!

El proyecto tampoco incorpora centros de atención y subsidios, construcción de casas refugio, ni nada respecto a la atención a las mujeres víctimas -materia en la cual este gobierno no hace más que retroceder, como evidencian los recientes despidos en la línea 137. 

La extensión de las licencias especiales por nacimiento o adopción, que aumentaría la de paternidad de dos a quince días corridos, no altera la reducida licencia que ya existe por maternidad. Las opciones para la mujer luego de la maternidad, de avanzar en una jornada reducida, ¡son con reducción proporcional de su remuneración! Los “nuevos beneficios” corren a cuenta de las y los trabajadores, no a cargo de las ganancias capitalistas. Nada dice el proyecto tampoco de la obligación patronal y estatal de garantizar una red de jardines infantiles y lactarios a los que las trabajadoras puedan recurrir para el cuidado de los bebés. 

El proyecto integra la figura del “teletrabajo”, una modalidad que solo sirve para reducir costos empresarios y para habilitar a las patronales a precarizar y avasallar derechos como las licencias y derechos sindicales. Establece asimismo la elaboración de “códigos de conducta” que tiendan a respetar “la igualdad de género”, cuya redacción pone a cargo de las empresas: ¡el lobo a cuidar el gallinero! Es grave también el artículo referido a las asociaciones sindicales, que reforzará la injerencia estatal sobre las organizaciones obreras.

La “oposición” kirchnerista a esta ley trucha

El kirchnerismo ha montado, en especial a través de la Corriente Federal en la CGT y la CTA, y de la CTEP, toda una campaña en rechazo a esta ley. En parte, la burocracia sindical k se ha valido de ésta para disimular su abierto boicot a la enorme lucha popular por el aborto legal. Pero no sólo eso, son las mismas centrales sindicales que asilan las luchas y están dejando pasar el ajuste y convenios flexibilizados como hemos visto en ATILRA. Son el sindicalismo que viene de levantar la huelga de la docencia universitaria contra salarios de hambre. 

En 12 años de gobierno kirchnerista, no sólo creció exponencialmente la precarización laboral, sino que se bloqueó cualquier avance en materia de licencias laborales para las mujeres. El kirchnerismo mantuvo el perverso esquema de financiamiento de las licencias por parte de la ANSES (es decir con el dinero de los propios laburantes), de las licencias –lo que no sólo implica un subsidio indirecto a las patronales, sino que afecta de manera directa a la trabajadora que durante el período de descanso por maternidad deja de percibir derechos como el aguinaldo y aportes previsionales. 

Un programa de lucha para las mujeres trabajadoras

La banca del Partido Obrero insistirá con un régimen de licencias especiales que contemple verdaderamente las necesidades de las mujeres trabajadoras, de la mano de la lucha por el fin de la tercerización laboral, el blanqueo y pase a planta de todos los trabajadores, empezando por los y las precarizados de los planes sociales –sobre todo lo cual tenemos una batería de proyectos en el Congreso. Pero un parlamento dominado por los bloques capitalistas no es capaz de promover una salida de fondo de este tipo. Ello sería una tarea de primer orden por parte de una asamblea constituyente y requiere de la organización y la lucha de toda la clase obrera.

La brecha salarial tampoco se combate con una ley. El capital hace de la contratación del trabajo femenino un recurso para deprimir el salario obrero de conjunto y hace de la mujer un mero instrumento de producción degradado, la emplea en los trabajos menos calificados y peores pagos. A su vez, la “femenización” de ciertas actividades productivas asociadas a las tareas de cuidado familiar y crianza de los niños (enfermeras, maestras) responde a la división sexual del trabajo que esclaviza a la mujer en las tareas domésticas. La lucha por la socialización de las tareas domésticas y de crianza es una lucha de carácter socialista.

No hay manera de defender los derechos del colectivo femenino de la clase obrera, sin afectar los intereses capitalistas que encuentran en la subordinación de la mujer un resorte clave para su dominación.