La violencia contra la mujer sacude Córdoba. Ya son quince las víctimas de femicidio. Uno de los casos, el de Paola Acosta, asesinada por el padre de su hija de un poco más de un año, quien, herida, sobrevivió milagrosamente cinco días en una alcantarilla a la que tiró su progenitor, fue causa de multitudinarias movilizaciones. A esto se suman miles de denuncias por violencia que no son atendidas por el Estado.

 

Esta grave situación puso sobre el tapete el papel del Consejo Provincial de la Mujer, que apareció en escena por su inacción, ausencia de pronunciamientos e inexistencia de propuestas frente a la gravedad de los hechos. La destitución de la dirección del organismo es uno de los reclamos de las movilizaciones en defensa de las mujeres.

 

El Consejo Provincial de la Mujer es un organismo creado en el ámbito del Poder Legislativo, que está integrado por mujeres que representan a los poderes del Estado en el ámbito provincial, municipal y comunal, ONG, universidades, sindicatos y colegios profesionales. Todos sus miembros son elegidos a dedo y manejan una caja negra que este año recibió una partida presupuestaria de casi 10 millones de pesos, sin contar los recursos propios y aportes privados.

 

El Consejo está en manos de punteros del gobierno y actúa como divulgador de su política; hace propaganda a la ley contra la trata de De la Sota, que prohíbe whiskerías y cabarés, y sanciona con arresto de sesenta días a quienes los regenteen. Pero esos establecimientos están prohibidos desde hace más de ochenta años y son tipificados como delito que ya cuentan con penas más elevadas. El resultado a dos años de la aplicación de la ley es que no hay ningún proxeneta preso, y Yamila Cuello, víctima de la trata, lleva desaparecida cinco años sin que la causa ni las investigaciones avancen. La “prohibición” de whiskerías concentró el negocio de la prostitución en pocas manos con fuertes vínculos con funcionarios del Estado y reforzó la explotación de las mujeres.

 

Con el agravamiento de las condiciones de vida de las mujeres saltó a la luz el sometimiento del Consejo a la política del gobierno. Por eso, el 18 de noviembre, Cintia Frencia, legisladora del Frente de Izquierda, presentó un proyecto de ley que impone la destitución de toda la cúpula del Consejo, al establecer la elección directa por padrón femenino y la revocabilidad de las integrantes de la Mesa Directiva. Esta presentación fue acompañada con un escrache del Plenario de Trabajadoras frente al Consejo, que exigió la destitución de la presidenta Graciela Ruiz y de toda la Mesa Ejecutiva.