Este miércoles, organizaciones clericales y oscurantistas que promueven la “Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer que atraviesa un embarazo vulnerable”, presentaron en el Congreso nacional un convenio que firmaron con el Ministerio de Desarrollo Social para “promocionar” sus actividades. El convenio incluye la difusión del teléfono 0800 que administra esta red celeste y una partida de 1.300.000 pesos de fondos del Estado.

El evento constituyó un descarado acto contra el derecho al aborto, al punto que desde allí los militantes clericales antiderechos convocaron a movilizar el 23 de marzo, “día del niño por nacer”, instituido en el calendario oficial durante el gobierno de Menem. En la organización del acto jugó rol central, por sus nexos con los legisladores,  la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina, conocida por su sigla Aciera.

Esta “Red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable” nació el año pasado, al calor del debate por la legalización del aborto. Ahora, según Evelyn Rodríguez, titular de la Fundación Vida en Familia,“buscamos apoyo de parte del Estado por el trabajo voluntario que estamos haciendo. Todos somos provida. La plataforma que tenemos es que la mujer tenga la contención para decir ‘me animo a seguir adelante con este embarazo’. Queremos que la primera opción no sea el aborto, que no sea el misoprostol” (Página/12, 7/3).

Estamos ante un amparo y financiamiento estatal a las organizaciones que – como sucedió en  Jujuy y Tucumán, donde el Estado y la Iglesia forzaron a continuar sus embarazos a niñas de 11 y 12 años – ejercen tortura psicológica sobre niñas y mujeres víctimas de abusos y violaciones, aterrorizándolas y sugestionándolas para seguir adelante con los embarazos y arrastrándolas a la maternidad no deseada, poniendo en riesgo su salud e integridad física y psicológica.

Pero no se trata sólo de una política del oficialismo. La senadora del Frente para la Victoria Silvina M. García Larraburu, tristemente célebre por hacer pública su decisión de cambiar su voto a favor de la legalización del aborto el domingo previo a la sesión del Senado, dando una señal política del bloque que encabeza CFK al Vaticano y enterrando las posibilidades de que la ley saliera aprobada, ella misma presentó en el mismo Congreso, en 2018, un proyecto de declaración de interés para la Cámara de Senadores de la presentación de la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer que Atraviesa un Embarazo Vulnerable, organizada por la Fundación Vida en Familia, en la provincia de Rio Negro.

En sus fundamentos, Larraburu sostuvo que “la presentación de la mencionada Red Nacional, [tiene la] finalidad de propiciar, encuentros, charlas, asesoramiento y acompañamiento integral a las mujeres que transitan un embarazo no planificado con el objeto de contribuir en las necesidades emocionales y sociales de sostén espiritual que requiere la mujer para este nuevo estilo de vida, con la llegada de un hijo, como inicio de una nueva vida que necesita ser amada, cuidada y protegida en familia”.  

Tal como denunció la diputada del Frente de Izquierda Romina Del Plá, “es una política de forzar a las niñas violadas a la tortura, que implica al conjunto del régimen político, postrado ante las iglesias enemigas acérrimas de los derechos de las mujeres.”

La atención y asistencia a las niñas violadas no puede estar en manos de estas organizaciones religiosas oscurantistas, que atentan contra su salud física y psíquica y violan sus derechos. El viernes 8M, marchemos masivamente por el aborto legal, seguro y gratuito y por la separación de la Iglesia del Estado.