Durante el fin de semana de Nochebuena se desarrollaron hechos aberrantes en la ciudad de Santa Fe: cuatro personas fueron asesinadas a cuchillazos, entre ellas dos mujeres (una, menor de edad). Los asesinatos fueron cometidos por Marcos Feruglio, de 25 años, ex pareja de Romina Dusso, de 20 años, ambos padres de tres pequeños. Durante la noche del viernes 23, la madre de Romina y su pareja fueron asesinados en la localidad de Sauce Viejo. Por la mañana del sábado 24, el padre de la joven junto a su hermana, de 15 años, murieron en la capital provincial. Todos perdieron la vida por a manos del mismo homicida.

Ante la gravedad de los hechos, Feruglio quedó detenido rápidamente y el domingo realizaron la primera audiencia judicial. Fue imputado por el asesinato de su ex suegro y su ex cuñada, agravados por ser realizados con la intención de causar sufrimiento a su ex pareja; y de los delitos de tentativa de homicidio de Romina y la actual pareja de la joven. La prisión preventiva será solicitada por los fiscales –según anticiparon– el próximo miércoles, a las 8.30, oportunidad en la que se ampliará la imputación a Feruglio.

El Estado es responsable

El día posterior a los hechos, se realizó la audiencia en los subsuelos de los Tribunales de Santa Fe. Frente a la institución se congregaron unas 50 personas de diversas agrupaciones que repudiaron el accionar de la justicia, que ostenta una orientación machista y misógina y que plantea la masacre tan sólo como un hecho policial, deslindando las responsabilidades políticas. Sin embargo, la responsabilidad estatal en el caso es clara: la historia de conflicto en la joven pareja tenía larga data. Después de su separación, Feruglio no cumplía con la manutención económica de sus hijos. En los días previos a los asesinatos, una pelea culminó con Feruglio golpeando a Romina, quien entonces lo denunció en la Comisaría de la Mujer de Santa Fe. Luego, se mudó a la casa de su padre en busca de seguridad. Pese a todos estos antecedentes y denuncias, Romina y su familia fueron dejadas a merced del asesino. Más allá de los límites de los procesos judiciales y de la demagogia del gobernador, es necesario identificar las responsabilidades políticas detrás de estos crímenes.

Desde el Estado desestimaron la gravedad de las denuncias realizadas por Romina y la dejaron sin protección, tanto a ella como a sus hijos y su familia. Los hechos de violencia que se sucedieron durante mucho tiempo entre la pareja, denunciados por Romina desde principio de año, fueron ignorados por la Justicia.

La situación de descomposición social de Santa Fe es brutal. La droga, el delito organizado, el aumento de hechos de violencia y el número incesante de femicidios dan cuenta de que la provincia sojera sigue sin resolver los problemas cruciales de la población y que en el marco del ajuste agudizará toda esta barbarie que se extiende a lo largo de la provincia.

La organización de las mujeres independiente del Estado y su identificación como responsable de la violencia que sufrimos día a día, debe ser el camino en la lucha de todo el movimiento de mujeres.

El responsable de la comisaría de la Mujer de Santa Fe tiene que renunciar. Hoy más que nunca debemos exigir un consejo autónomo de las mujeres.

Basta de femicidios.

Justicia por la familia de Romina.