El debate en las comisiones del Congreso en torno al Proyecto de Aborto Legal volvió a poner de manifiesto en algunas de las intervenciones cómo cientos de pibas en todo el país no pueden apoderarse de su derecho a “ser niñas y no madres”, ya que el Estado les niega en muchas oportunidades el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo, obligandolas a gestar. Este flagelo proviene de la enorme injerencia de las iglesias en el sistema de salud, y genera consecuencias devastadoras en la vida de quienes padecen estas maternidades forzadas.

Datos recolectados por “Socorristas en Red” en 2019, muestran que cada 3 horas, una niña de 10 a 14 años atraviesa un parto en Argentina. A su vez, el 80% de los embarazos en niñas son producto de abuso sexual intrafamiliar. En 2017, por ejemplo, 2.493 niñas y adolescentes se convirtieron en madres, de las cuales 506 eran menores de 13 años. La legislación sobre aborto no punible, contempla que todas las personas de esa franja etaria deberían tener acceso a la ILE, ya sea por causal de violación o por posibilidad de afectación a la salud de la persona gestante; sin embargo, se obstaculiza. Durante la pandemia, sólo 6 mil personas gestantes abortaron de forma legal en el país (Cenital, 26/9); mientras que el 15% de las internaciones en hospitales como consecuencia de abortos inseguros, corresponden a adolescentes y niñas menores de 20 años.

Esto es fruto, no solamente de que 7 provincias no están adheridas al protocolo ILE-que tiene carácter ministerial desde 2019- sino que, además, prima el enorme peso clerical en el sistema de salud. Por un lado, la iglesia es dueña de numerosas clínicas privadas, que, al tener convenios con las obras sociales, forman parte de la cobertura médica de un gran número de trabajadorxs. Asimismo, abunda la presencia de sectores religiosos en las direcciones de los hospitales públicos, por lo tanto, la objeción de conciencia se convierte en la norma dentro de esas instituciones. En líneas generales, detrás de quienes se definen como “objetores” -como es el caso de lxs integrantes de la Academia Nacional de Medicina, que rechazó el protocolo ILE de CABA– se encuentra el lobby de la medicina privada y la defensa del negociado que existe alrededor del aborto clandestino.

El caso de la niña de 12 años de Las Lajitas, Provincia de Salta, obligada a maternar tras haber sido víctima de abuso, luego de que todos los centros de salud cercanos se declararan objetores, da cuenta de una problemática que se profundiza en el interior del país, frente a la escasez de centros de salud. Lo mismo sucede en Tucumán, donde existen solo 2 hospitales donde se realizan abortos legales y sólo un puñado de profesionales no están registrados como objetores de conciencia. Sin embargo, los centros urbanos no son ajenos a esa realidad: a modo de ejemplo, en la ciudad de La Plata, solo en 2 de las 46 salas de atención primaria de la salud se puede acceder a una interrupción legal del embarazo (Código Baires, 30/7).

Las maniobras para restringir este derecho son vastas y sumamente violentas para las personas que lo soliciten, quienes en su mayoría vienen de padecer situaciones de abuso sexual. En muchos casos, se rigen por el principio de desinformar y exigir requisitos que no están contemplados en la legislación, como la existencia de una denuncia previa en caso de que el embarazo sea producto de una violación, el pedido de una autorización judicial, o bien, se le ponen barreras a que la niña pueda expresar su consentimiento para la realización de la práctica y se apela al permiso de unx adultx, negando la autonomía progresiva de la menor. En otros casos, se incurre en mecanismos dilatorios, tales como las interconsultas, dictámenes adicionales o la demora en la derivación en caso de objeción de conciencia. También son moneda corriente los comentarios desaprobatorios, la arbitrariedad en definir hasta qué semana de gestación se puede practicar la ILE, y los intentos de convencer a la persona gestante de que continúe con su embarazo. Si bien el protocolo ILE plantea que “la información incompleta o inadecuada, la subestimación del riesgo, la obstaculización o la negación de la práctica pueden acarrear responsabilidad legal a la/el profesional de la salud interviniente”, todos los gobiernos allanan el camino para que este derecho sea vulnerado sistemáticamente.

Algunos casos emblemáticos

El hostigamiento a las niñas y la postración frente al clero es patrimonio de todos los partidos patronales, allí donde les toca gobernar. En Jujuy, cuyo gobernador, Gerardo Morales, pertenece a Cambiemos; han salido a la luz dos casos, con un año de diferencia, de niñas a las cuales se les negó el acceso a la ILE, y en su lugar, fueron sometidas a una cesárea de manera prematura, lo que demuestra que los sectores anti derechos no están interesados en salvar ninguna vida, sino en disciplinar a las mujeres apelando a estos dispositivos de tortura.

Por su parte, en Tucumán, el gobernador Manzur, del Frente de Todos, sostiene al frente del Sistema Provincial de Salud a Gustavo Vigliocco, el principal responsable del amedrentamiento sufrido por “Lucía”, una niña de 11 años que en 2019 estaba cursando un embarazo fruto de un abuso, y se vio obligada a transitar un tortuoso camino de revictimización dentro del sistema de salud tucumano, para que finalmente fuera demasiado tarde para realizar una ILE y concluyeran practicándole una cesárea; consagrando un verdadero calvario para la niña. Este último caso contó con todos los elementos de violencia estatal: desde la Fiscalía Especializada en Homicidios de Tucumán que escarmentó a lxs médicxs para que no garantizaran el derecho a la ILE, pasando por un sacerdote que violentaba psicológicamente Lucía mientras estaba internada y un desfile de grupos anti derechos en la puerta del Hospital, llegando a la judicialización de lxs médicxs encargadxs de realizarle la cesárea.

Otros tantos testimonios ponen de relieve el bloqueo sistemático de la ILE como regla y no como excepción. En octubre de 2013 se conoció en Tucumán el caso de una adolescente de 16 años que estaba embarazada como consecuencia de una violación. La joven manifestó esta circunstancia mediante declaración jurada y solicitó a lxs médicxs de la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes que le practicaran un aborto legal. Sin embargo, las autoridades del centro de salud desconfiaron de la palabra de la joven y obstaculizaron el acceso a la práctica.

En Salta se conoció el caso en diciembre de 2013, de una menor de 14 años abusada por su padrastro, cuya madre solicitó la interrupción del embarazo en el Hospital Público Materno Infantil de la provincia de Salta donde la joven se encontraba internada a raíz de la violación sufrida. Sin embargo, las autoridades del centro de salud se negaron a practicarle un aborto y solicitaron una orden judicial. La justicia ordenó que no se lleve a cabo la práctica. En la misma resolución, dispuso que el Ministerio Público comience los trámites para entregar a al niñx nacidx en adopción.

En abril de 2014, efectores de salud del hospital Mariano y Luciano de la Vega del partido de Moreno en la Provincia de Buenos Aires, se negaron a realizar un aborto legal a una niña de 13 años embarazada como consecuencia de una violación por parte de su padrastro, con el argumento de que su realización pondría en riesgo la salud de la niña, debido al avanzado estado gestacional y a su estado de salud delicado. Previamente, cuando la madre de la niña había radicado la denuncia de violación no se le brindó un tratamiento integral como víctima de violación sexual, ni se le ofreció atención y contención psicológica; tampoco se solicitó la intervención al sistema de salud público, ni le fue brindada la información necesaria sobre su derecho a acceder a un aborto no punible, incumpliéndose la aplicación de los protocolos de atención de violencia sexual vigentes en el territorio de la provincia. Además, todo el plantel del hospital Mariano y Luciano de la Vega se declaró objetor de conciencia, haciendo lugar a la objeción de conciencia personal; dejando, de esta manera, a las mujeres desamparadas frente al servicio de salud.

Este año tomó estado público el caso de la niña de 11 años, de Corrientes, víctima de abuso sexual por parte de la pareja de la madre, que fue internada con una cesárea programada. También se conoció en septiembre de este año, la noticia de una niña de 12 años que dio a luz en Santa Fe. Todos estos hechos señalan la responsabilidad del Estado, que permite que prolifere el abuso sexual infantil, y de igual modo, restringe el acceso a una educación sexual, laica y científica, que promueva una sexualidad responsable y consentida; y al mismo tiempo, le permita a lxs niñxs detectar situaciones de abuso y romper el silencio. Según Unicef y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 1 de cada 5 mujeres ha sufrido abuso sexual en la infancia; delitos que en su mayoría gozan de total impunidad.

Vaciamiento del sistema de salud

Por otra parte, el desfinanciamiento del sistema de salud no contribuye para que exista una correcta implementación de la interrupción legal del embarazo de manera gratuita; incluso, se pone en riesgo el acceso a la anticoncepción. Profesionales de la salud en Córdoba denunciaron la falta de provisión de misoprostol en los hospitales, y que la compra del medicamento terminaba recayendo en quienes solicitaban la ILE. Sucede que tanto el Oxaprost como el Misop200 -los medicamentos que contienen misoprostol- aumentaron un 1280% su precio en los últimos cuatro años; esto se debe a la falta de producción nacional de esta droga y el lucro de los laboratorios privados que la producen. En San Juan y Mendoza, directamente está prohibida su venta en farmacias.

En ese sentido, la precarización laboral que padecen lxs agentes de salud representa un límite a la hora de conformar Consejerías en ILE en cada hospital o salita, que funcionen adecuadamente.A su vez, las jornadas extenuantes y el pluriempleo de los profesionales, atenta contra las capacitaciones en la materia.

Sin lugar a dudas, la flexibilización de las condiciones de trabajo es un factor determinante a la hora de registrarse como objetor de conciencia, a riesgo de ser despedidx en caso de contrariar el “ideario” de la dirección del centro de salud. Aquí recae la trampa de que el proyecto oficial de aborto legal permita la objeción de conciencia institucional.

Por otro lado, las penalidades existentes en relación al aborto se suman a los efectos disuasorios para el ejercicio de la práctica de aborto legal por causales, por parte de lxs proveedores de salud. En este punto, advertimos que el hecho de que el Proyecto IVE presentado por el gobierno incluya penalidades luego de las 14 semanas de gestación, desalienta a que el personal de salud esté dispuesto a realizar estas intervenciones, por temor a ser judicializadx.

¡Separación de las iglesias del Estado ya!

Debemos tomar nota de todas estas trabas en el acceso a la ILE, y comprender que la conquista del aborto legal y su correcta implementación, va a requerir de una poderosa movilización callejera, que le ponga un freno al avance de las iglesias que militan contra nuestros derechos.

El régimen político, en lugar de ofrecerle a las niñas una “promesa de futuro”, se alía con las iglesias para obligarlas a parir y hundir sus proyectos de vida. Evidentemente, regimentar a la juventud y a las mujeres es una prioridad para quienes nos gobiernan. Garantizar existencias plenas implica luchar en el campo de la independencia de clase contra los responsables de perpetuar esta barbarie.

Copemos las calles para exigir una vez más educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir; sumado al reclamo de “niñas, no madres” y separación de las iglesias del Estado.