La habilitación del debate parlamentario sobre el aborto abre un terreno de agitación política al respecto de un reclamo histórico del movimiento de mujeres. Al dar este paso, el macrismo no está motivado por el interés en mejorar la vida de las mujeres que mueren, quedan mutiladas, van a la cárcel o son perseguidas. Tampoco en el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. El macrismo, por el contrario, ha salido a levantar polvareda sobre el aborto en el contexto de ajuste que viven los trabajadores en general y las mujeres en particular.



La iniciativa oficial también tiene como telón de fondo a las tensiones oficiales con la Iglesia. Pero mucho antes de estas maniobras, la cuestión del derecho al aborto ya se encontraba instalada en la agenda política, como consecuencia del creciente movimiento de mujeres en las calles. Las marchas masivas de los Encuentros de mujeres y las últimas jornadas del 8 de marzo también dan cuenta de ello. Si es cierto que el gobierno apeló a una maniobra para oscurecer la deliberación popular sobre el ajuste, mucho más cierto es que está pagando por ello un precio alto -habilitar el debate sobre una crucial reivindicación de la mujer, en el marco de una creciente movilización.

Orientación reaccionaria



Nada de esto disimula el carácter reaccionario con el cual los voceros oficiales se han subido a este debate. Toda la plana mayor de Cambiemos está en contra de la legalización, y aportaron su punto de vista para evitar la inquietud del clero y de otros aliados enemigos del aborto legal.



Pero el debate desenmascara también a los pretendidos “nacionales y populares”. La ONG “ProVida” y otros clericales desfilan por los medios elogiando la política de Cristina Kirchner, quien en 2011 presentó el subsidio para las embarazadas en consonancia, justamente, con su oposición al aborto legal. Pero un subsidio de 1.000 pesos para una persona sin trabajo y pobre no constituye ninguna modificación de sus condiciones materiales. El desfile de clericales tampoco se priva de agitar el artículo 19 del Código Civil que CFK pactó con la Iglesia contra la opinión de los juristas que lo armaron, en el que se defiende el comienzo de la vida humana desde la concepción.



El macrismo confía en un Congreso -y principalmente en un Senado- blindado por los lobbies clericales. Dispuesto a seguir ajustando y despidiendo, hace meses que el gobierno no para de caer en la consideración incluso de sus propios votantes. Aunque Macri pretende “distraer” a la opinión pública de esta realidad, el debate sobre el aborto bien podría terminar focalizado en la misma realidad económica y social que se pretende ocultar, precisamente por la fuerte cuestión de clase que subyace en esta reivindicación. El aborto clandestino golpea con fuerza especial a la mujer pobre, sin condiciones para garantizar una práctica segura y sin riesgos, y que es objeto del disciplinamiento de la Iglesia a través de los propios curas y monjas y de los “movimientos sociales” que se inscriben en la estrategia de Bergoglio. La maniobra gubernamental, en este cuadro, podría terminar echando nafta al fuego de la agitación popular, y reforzar la organización de las mujeres.



Es cierto que el gobierno, con esta iniciativa, quiere amortiguar el tono antigubernamental de la jornada del 8M. Sin embargo no podrán impedir que el 8M asocie la lucha por el derecho al aborto con la denuncia general respecto del ajuste de Macri y los gobernadores, que pauperiza con particular fuerza a las mujeres.

El aborto y el Parlamento



Antes de que el gobierno resolviera la apertura del debate, la reunión de diputadas que están en favor del aborto legal, impulsada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, había resuelto volver a presentar el proyecto de ley el 6 de marzo próximo y llamar a sesión especial el 8. Esta iniciativa también condicionó al gobierno, cuyo bloque anticipó su ausencia en la sesión especial. Pero cuando el bloque macrista anunció que llevaría el debate a “comisiones”, le pidió a las diputadas de la oposición el levantamiento de la sesión especial del 8. La aceptación de este ‘canje’ coloca a las diputadas opositoras de los partidos patronales en el campo de las maniobras del macrismo. Es que la sesión del 8, incluso frustrada, hubiera sido un factor de agitación política en el marco de una jornada callejera masiva y una oportunidad para advertir sobre dilaciones y presiones clericales que ya están en curso. El bloque del FpV se ha servido de la ‘oferta’ macrista para ocultar la profunda división de su bloque en este punto, abonada por la posición antilegalización de CFK y por el seguidismo al vaticano de parte de este sector.

Control social, muertes y mutilaciones



En los últimos 10 años, un promedio de 80 mil mujeres al año fueron externadas del sistema de salud público, luego de haber sido salvadas de complicaciones creadas por la práctica del aborto clandestino. Un 20% de ellas son niñas de entre 10 y 19 años. Dichas cifras representan sólo una parte de las mujeres que llegan a atenderse, debido a que no está registrado el sector privado y a que algunas provincias se niegan a proveer esa información al Ministerio de Salud. A partir de estas cifras, no es difícil calcular que al menos haya unos 500 mil abortos al año. Según el propio Ministerio, un promedio de 60 mujeres por año, murieron, constituyendo la principal causa de muerte de gestantes. Esta cifra también sufre un subregistro como fruto del lobby clerical entre los efectores de salud que muchas veces llevan a los médicos a disimular los fallecimientos por esta causa.



La clandestinidad del aborto reporta enormes gastos al Estado a través del sistema de salud público. Sin embargo, los promotores del “recorte del gasto público” ni mencionan la legalización como forma de ahorrar el costo de miles de internaciones Al régimen social y político imperante lo tiene sin cuidado ese despilfarro, porque utiliza al aborto como herramienta política de sojuzgamiento y control de las mujeres en particular y de la sociedad más en general. Quienes intentan guiar el debate en una discusión de “aborto sí, o aborto no” falsean la realidad, ya que la ilegalidad no trae como consecuencia la inexistencia de la práctica. Lo único que provoca es mayor inseguridad para la salud de las mujeres pobres. El debate es aborto clandestino o aborto legal.



El Episcopado eligió recoger el guante y alinearse en el terreno creado por el gobierno: reclamó que se escuchen “todas las voces” en el debate. La Conferencia Episcopal también quiso mostrarse como “democrática” y “dispuesta al diálogo”. El clero confía, en definitiva, en asegurarse una mayoría entre los diputados y senadores de los partidos del régimen. La vocera del PRO, Carmen Polledo, es una diputada con fuertes vínculos con el lobby empresarial de la salud. Una de las fuentes de ingresos de estos sectores son los abortos quirúrgicos, por los que embolsan no menos de 30 mil pesos por práctica. La clandestinidad constituye también un negocio de médicos privados, empresas de salud y de laboratorios.

Pronunciamiento popular

A despecho de estas maniobras, las manifestaciones populares a favor de la legalización son cada vez más profundas, como lo demuestran las encuestas realizadas por el reaccionario Feinmann o por Jorge Rial, que promediaron el 80% de votos en favor del aborto legal.



La razón de esta respuesta popular es la persistente pelea del movimiento de mujeres, que durante más de 30 años luchó por el acceso a este derecho. Aunque el gobierno aspira al ‘entierro parlamentario’ de nuestra reivindicación, esta crisis tiene final abierto, y dependerá de la capacidad que tengamos de concentrarnos en la movilización popular para que el aborto se legalice. Desnudar el fin último del Estado capitalista al mantener la clandestinidad del aborto, el disciplinamiento social de las mayorías populares y particularmente de las mujeres, educando en el sometimiento y el tutelaje de ellas, como base misma del machismo y de la misoginia extendidas socialmente, resulta clave en esta pelea.



En este escenario, debemos profundizar las condiciones de movilización de manera independiente de la estrategia de los bloques políticos que sostienen compromisos con el clero y con el interés empresarial.



Esta lucha se gana en las calles, imponiéndole al Congreso el punto de vista de las mayorías populares y de las mujeres organizadas.

Las que el 8M paramos el mundo podemos lograrlo.