El gobernador Gerardo Morales y el Estado jujeño acaban de imponerle un parto por cesárea a una nena de 12 años. Ella fue violada por un hombre de 60 años y había pedido que se le asista con un aborto no punible, un reclamo que su madre acompañó y exigió por escrito dos veces, y que fue negado sistemáticamente por las autoridades sanitarias.

Tal aberración jurídica, política y social, que pretende ser matizada por el hecho de que la pequeña cursaba un embarazo avanzado, empezó tres meses antes de la cesárea, cuando la niña se presentó a un hospital de San Pedro por un dolor estomacal y los médicos no le detectaron que cursaba un embarazo de 12 semanas. Esta información indignante fue difundida por el propio ministro de Salud provincial, Gustavo Bouhid, a los medios de comunicación (Clarín, 18/1). Esta cadena de atropellos y la presión extorsiva de los funcionarios de Cambiemos, sus diputados y los extremistas religiosos contra la pequeña y su familia para que acepten el parto a cualquier costo, de ninguna manera constituye una “revisión de la posición inicial” de las mujeres.

Iglesia y Estado, un frente reaccionario contra niñas y mujeres

Este caso deja expuesto nítidamente el nivel del entrelazamiento del Estado y el clero, que actuaron mancomunadamente desde el minuto uno para negarle a la niña la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) dilatando mediante distintas maniobras el aborto.

Primero fue el director del Hospital Paterson de San Pedro, Marcelo Villa -un declarado “pro vida”, denunciado por violencia de género y por haber evitado la aplicación de ILE en otros casos similares- quien se negó a que se realice allí la práctica. Ante la denuncia pública de las organizaciones de mujeres contra esta dilación, el Ministerio de Salud decidió su traslado al Hospital Materno Infantil, pero el Jefe de Servicio de la Maternidad, Gustavo Briones, declaró que todo el equipo médico del hospital coincidía en que había que llevar el embarazo a término o establecer un parto prematuro y dar en adopción al bebé nacido.

Estos lineamientos vinieron desde lo más alto del gabinete del gobierno. El ministro Bouhid afirmó en los medios la intención de “salvar las dos vidas", es decir, su voluntad manifiesta de violar toda la legislación vigente que ampara claramente el derecho de cualquier mujer violada a acceder a un aborto. Estando en presencia de un embarazo de alto riesgo, por ser una niña cuyo cuerpo no está preparado para los trabajos de parto, su caso también encuadraba en el causal riesgo de vida, otro de los contemplados desde 1921 en la legislación del país. No obstante todo ello, el ministro decidió que la política de Estado debía seguir las exigencias del Obispo de Jujuy, Daniel Fernández, que mandó un comunicado desde el Vaticano para rechazar el aborto legal.

Como si esto fuera poco, la nena y su familia fueron “visitadas” por la diputada nacional radical Gabriela Burgos, conocida por participar y ser oradora en manifestaciones “pro vida", que junto con el equipo médico la convenció de que lo menos doloroso y traumático era la cesárea.

Los grupos clericales, por su parte, montaron un operativo de presión directa, apostándose sobre la puerta del Hospital apenas se conoció el traslado. Sus provocaciones llegaron al punto de entrar a rezar al hospital, siendo corridos por la madre de la niña y siendo ellos junto al equipo médico quienes “bautizaron” como Esperanza al feto antes de la cesárea. El medio Qué Pasa Jujuy informó del ingreso de un sacerdote al hospital para bautizar a la bebé después del parto, mientras El Tribuno se refirió al estado “delicado” de la prematura utilizando como fuente a los “provida”.

Avanzan contra el aborto no punible

Fue el propio gobernador jujeño y su ministro de Salud quienes salieron a responder a los medios nacionales que se garantizaría la ILE en Jujuy, para disimular todo el operativo sanitario que por detrás abonaba el camino para llegar a un parto prematuro.

Quien fue más a fondo en ello fue Bouhid, afirmando falazmente en cuanto medio pudo que se cumplía con la voluntad de la niña y que existe un vacío legal sobre los métodos para garantizar la ILE, en nombre de que el protocolo nacional no determina los métodos para realizarla después de las 22 semanas. Así se las arregló para hacer pasar un parto prematuro por un aborto no punible y ahora insiste en que su pérfida maniobra debe ser tomada como precedente nacional, lo que sería impedir el aborto no punible para toda una serie de casos previstos ya por el artículo 86 del Código Penal.

El fallo FAL plantea que para una ILE no se necesita más que la voluntad de la solicitante expresada en declaración jurada ante el médico, quien debe actuar de inmediato. Sin embargo, Bouhid permitió e impulsó todo tipo de dilaciones para quebrar la voluntad de la víctima y para permitir la maduración del feto para un parto. Esto no sólo por el propio transcurrir del embarazo sino también porque se lo habría inyectado para acelerar la maduración de sus órganos.

Por la plena aplicación del ILE en Jujuy, ¡Fuera Bouhid! ¡Separación de la Iglesia del Estado!

Todo este infame operativo y su resultado debe ser denunciado y enfrentado porque será utilizado como un precedente para intentar enterrar el aborto no punible en Jujuy y todo el país.

El dominio de la curia sobre buena parte del sistema educativo y de salud le permite detentar una enorme capa de funcionarios, profesionales y políticos, que son inculcados en ideas reaccionarias y oscurantistas desde niños y que ahora las defienden con uñas y dientes. Bajo este dominio social del clero, la libertad de culto es una ficción que encubre una enorme regimentación y control social. Bouhid, los jefes médicos Villa y Briones, o la diputada radical Burgos, son sólo la punta del iceberg. El silencio del PJ ante este caso lo delata como un partido tan clerical como el radicalismo.

Es necesario plantear la definitiva separación de la Iglesia y el Estado, que sólo se consumará con la expropiación de todos sus bienes, la expulsión de su injerencia sobre la salud, la educación y la asistencia social, a la par de prohibir la objeción de conciencia en lo que hace a los derechos de las mujeres y la salud. Esta es una de las tareas que debe abordar una Asamblea Constituyente nacional realmente libre y soberana, que actúe en función de los intereses de las mujeres y contra un régimen oscurantista y descompuesto.

Luchemos por la plena aplicación de la ILE en Jujuy en todo el país. Exijamos la renuncia del ministro Bouhid, uno de los principales responsables de todos los agravios y torturas sufridos por esta nena, como un paso para golpear y desarmar todo este régimen reaccionario, hoy en día encabezado por Morales. Promovamos una jornada nacional de lucha por esta reivindicación, por el aborto legal seguro y gratuito y por la separación de la Iglesia del Estado.