El Tribunal jujeño condenó a catorce años de prisión a Romina Tejerina mientras por las ventanas se escuchaba la furia de la movilización, afuera. Un segundo después, media docena de policías prácticamente alzó a la muchacha, que volvió a ser tragada por el Servicio Penitenciario. La familia había sido expulsada del recinto y la madre golpeada por la policía.

¡Catorce años! La siniestra voz del Estado, en el juicio, se hizo oír a través de la fiscal y la asistente social, que expresaron una declaración formal de guerra contra las mujeres y contra los jóvenes. Sus argumentos para convertir a Romina en un monstruo describen a la mayoría de los adolescentes: “No aceptaba límites, y apenas esperaba algo más de la vida que diversión”; iba a fiestas, “una vez volvió alcoholizada”; discutía con sus padres; se fue a la casa de su hermana, volvió a la de sus padres; era una estudiante irregular. ¡Hipócritas! Hasta la descripción de que se había criado en un “hogar violento y de baja educación” intentó ser utilizada no como atenuante sino para culpabilizar a su familia, que la ha acompañado y defendido en todo el proceso.

La responsabilidad del Estado estuvo ausente en las palabras de las voceras del Estado. ¿Por incomprensión, por ignorancia? No. En dos entrevistas periodísticas la fiscal Liliana Fernández ha dicho: “Yo creo que el Estado es responsable de este tipo de situaciones de violencia. En mis diez años de trabajo como fiscal del Juzgado de Menores 1, he visto infinidad de casos de mamás adolescentes a las que les falta todo y terminan matando a sus hijos” (Página/12, 9/6). El remedio de la fiscal para la “infinidad de madres adolescentes a las que les falta todo y matan a sus hijos” es la condena a cadena perpetua. En cambio, a las adolescentes que tienen de todo las libra de este destino un aborto ilegal pero caro y seguro.

La intención de mostrar a Romina como una asesina calculadora fue desbaratada por la movilización y la campaña de denuncia que llevó adelante el movimiento piquetero antikirchnerista y organizaciones del movimiento de mujeres como Rima (Red Informativa de Mujeres). Pero además, el juicio tuvo un efecto contrario al buscado: en vez de aterrorizarse, muchas mujeres comenzaron a contar sus historias (Clarín, Página/12) o las de sus hijas violadas, asesinadas o presas por razones de violencia familiar. Otros casos de infanticidio comienzan a trascender en los diarios.

El tribunal tenía en carpeta la condena a perpetua y tuvo que votar una pena menor porque la movilización convirtió el caso en un escándalo nacional. Las voces indignadas con el fallo lo reflejan: el intendente de San Pedro dijo redondamente en la radio que “la violación no existe; no hay mujer que no lo desee”. La secretaria de Derechos Humanos de Jujuy, Elisabeth Eisenberg, repitió por enésima vez: “Se ha truncado la vida de una beba, se ha violado la Convención Internacional de los Derechos del Niño” (La Nación, 11/6). La fiscal, “para mí esto de ver si hubo violencia, si es del Pocho o no es del Pocho, no es relevante” — La Capital — y el propio presidente del Tribunal, el juez Llermanos, salieron al día siguiente del fallo a desmentir que hubiera existido la violación. El habitualmente locuaz Kirchner, su secretario de Derechos Humanos Duhalde y las legisladoras “progresistas” han hecho el más rotundo mutis por el foro, incluidas las que alguna vez firmaron en apoyo a Romina.

La condena judicial refuerza la impunidad de los violadores, al punto que Pocho Vargas (el acusado de violador) tuvo su larga nota en Clarín, donde se declaró indignado y decepcionado porque esperaba una condena perpetua. Especialistas de la Universidad Católica (UCA) han escrito en La Nación (11/6) que es inadmisible “contrabandear el debate sobre el aborto” en el juicio a Tejerina y que no se puede exculpar el asesinato de una criatura.

En abril de este año fue descubierta en Jujuy una red de prostitución infantil que regenteaba Gustavo Ponce, dueño de radio Transamérica y conductor de Canal 7; también está acusado de haber violado a su hija. Los datos de violencia en la provincia son abrumadores (Página/12, 12/6) y la única diferencia con el resto del país es que han salido del ocultamiento.

El enjuiciamiento a Romina Tejerina ha puesto en el centro del debate nacional el grado de violencia con el que conviven las mujeres, y la indefensión de las jóvenes. También ha desnudado la profunda complicidad del Estado con violadores y golpeadores y su estrategia sistemática de culpabilizar a las víctimas. Sólo el 11% de los casos de violación es denunciado, y sólo uno de cada 10 de los denunciados recibe un castigo que promedia los cuatro años y medio de cárcel.

Romina ha dicho que después de escuchar el fallo piensa en matarse. Hace sólo una semana se suicidó otra presa, Sonia Sequeiro, en el penal donde la joven está detenida, y Olga Verón (ver Prensa Obrera Nº 902) se cortó los brazos y tragó vidrios para forzar al juez a recibirla (Página/12, 12/6). Hacemos al gobierno responsable exclusivo de la seguridad y la vida de Romina y de todas las presas.

Esta sentencia fue sólo el primer round. Debemos reforzar la campaña y la movilización hasta lograr que Romina salga en libertad.

Debemos reforzar la organización y la movilización para lograr la despenalización y gratuidad del aborto y desterrar la violencia familiar de nuestras casas.

Es hora de sentar en el banquillo de los acusados a los responsables conscientes de tanta barbarie.