El debate “serio y maduro” sobre el aborto, que proclamó el flamante ministro de Salud, Gollán, duró menos que lo que tardó en proclamarlo. El nuevo hombre fuerte de Cristina Kirchner, el jefe de gabinete Aníbal Fernández, lo desautorizó a través de la Agencia Télam media hora después de hechas las declaraciones.

 

Gollán afirmó que no avanzará sobre el aborto legal, “una de las posibilidades es el camino que tuvo Uruguay con las consejerías, aún antes de tener la ley de la legalización del aborto” (sic), y luego agregó: “en Uruguay tuvo excelentes resultados y el 30% de esas mujeres que fueron a las consejerías decididas a hacerse un aborto, decidieron no hacérselo”.

 

Las mujeres que quedan embarazadas por violaciones, cuando corre riesgo su vida o cuando el feto no podrá tener sobrevida, tienen derecho a abortar por ley desde 1921. Lejos de poder hacerlo, las que no pueden pagar el anonimato y las condiciones adecuadas reciben consejos de funcionarios de hospitales, médicos y hasta militantes de la Iglesia católica con libre acceso dentro de los hospitales públicos, que les impiden acceder a su derecho.

 

El Estado tiene la obligación de evitar, prevenir, reducir los embarazos no deseados y la proliferación de situaciones que pueden llevar a poner en riesgo la vida de las mujeres gestantes. Cuando la situación se consumó, su obligación es respetar la decisión de la mujer o la niña. Y en todo caso, no será el Estado, responsable de este estado de situación, el que pueda proveer a la mujer la información adecuada, ya que es un Estado condicionado por sus compromisos con instituciones enemigas de los derechos de las mujeres. Su carácter social es contrario a la libre decisión de las mujeres. Su orientación social es la de preservar el aborto clandestino y la condena social sobre la mujer, como herramientas de control. Su intervención, como ocurre hoy, está sesgada por compromisos contrarios a la preservación de la salud psíquica y física de las mujeres.

 

La Presidenta ocultó en su extenso informe dos datos fundamentales: que su política ha llevado al país a alcanzar los índices más altos de mortalidad de mujeres gestantes de los últimos 20 años, y que las últimas cifras muestran un aumento del 51% de la muerte por abortos clandestinos entre 2012 y 2013. Y que otro tanto de mujeres embarazadas mueren por complicaciones del embarazo perfectamente evitables, si tuvieran acceso a la salud.

 

Para combatir la agenda derechista del gobierno debemos protagonizar una movilización popular y construir una alternativa política propia. El 9 de marzo tenemos que ser miles en las calles para reafirmar la agenda de las mujeres: aborto legal, seguro y gratuito.